Los tribunales federales, desbordados, piden al Congreso más jueces

La sobrecarga de casos, los retrasos considerables en los litigios y el aumento de los costes han llevado al Congreso a estudiar de nuevo la posibilidad de ampliar el número de jueces de los tribunales federales.

En una audiencia celebrada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, tanto los congresistas como los testigos, incluidos los de San Diego, caracterizaron la situación como una crisis que lleva décadas gestándose.

“Llevamos más de 20 años en una situación de emergencia judicial”, declaró la jueza jefe de distrito Kimberly Mueller, del Distrito Este de California, ante el Subcomité de Tribunales, Propiedad Intelectual e Internet.

La Conferencia Judicial de los Estados Unidos —el órgano de formulación de políticas de los tribunales federales— propuso que el Congreso cree 65 nuevos puestos de jueces permanentes en determinados tribunales de distrito para colaborar con los 663 puestos existentes, así como convertir ocho puestos temporales en permanentes.

California debería obtener 23, según la conferencia, incluyendo cuatro en el Distrito Sur de California, que abarca los condados de San Diego e Imperial.

La propuesta, respaldada por organizaciones legales progresistas, no es tan controvertida como la idea de ampliar la Corte Suprema de los Estados Unidos y parece tener cierto apoyo bipartidista —incluso por parte del miembro del subcomité, el representante Darrell Issa, republicano de Vista, que patrocinó un proyecto de ley similar en 2018 que habría añadido 52 nuevos puestos de juez.

Sin embargo, él y otros republicanos enfatizaron que respaldar una medida de este tipo probablemente vendría con un compromiso que tal vez distribuiría los nombramientos a lo largo de los ciclos electorales presidenciales actuales y futuros para no inundar los tribunales con los nombramientos del presidente Joe Biden.

El último gran impulso a los tribunales federales se produjo con la legislación de 1990. Desde entonces, el número de casos presentados ha aumentado, mientras que el número de jueces de distrito asignados para atenderlos se ha mantenido relativamente estancado.

La situación no es diferente en San Diego, que tiene autorización para 13 jueces en activo, reforzados por 14 jueces magistrados, nueve jueces superiores y algún que otro juez visitante.

Desde 2003, la última vez que el Congreso añadió plazas de juez a nivel local, el número de casos presentados ha aumentado un 17 por ciento, declaró el juez de distrito Larry Burns, que recientemente dejó el cargo de jefe para asumir la categoría de senior en el distrito.

Cuando se considera la carga de casos ponderada —una evaluación que determina la cantidad de tiempo que cada tipo de caso toma para completar— el Distrito Sur en 2019 manejó muy por encima de la media nacional, 634 casos por juez frente a 535. El objetivo está en torno a los 430.

La aplastante carga de casos se ha visto agravada por las vacantes en la judicatura —Biden tiene actualmente cinco por cubrir a nivel local— y un considerable retraso en los casos civiles paralizados por la pandemia del COVID-19.

“Nuestra carga de casos penales es absolutamente asombrosa aquí”, explicó Burns al subcomité, señalando el nexo del distrito con la frontera entre Estados Unidos y México. De 2017 a 2019, las presentaciones criminales aumentaron un 30 por ciento, en gran parte debido al impulso de la administración de Trump para procesar las entradas ilegales de delitos menores en los Estados Unidos.

“Los efectos del aumento de nuestra carga de casos han sido profundos y han conducido inexorablemente a un retraso en el manejo de los casos —particularmente los casos civiles”, dijo Burns.

Si se aprueban los nuevos jueces, Burns dijo que se podrían crear más salas de audiencia y espacio de oficina en los juzgados vecinos de San Diego, así como en las instalaciones de El Centro.

La Conferencia Judicial también ha recomendado la adición de cinco nuevos puestos de jueces a los 29 asientos existentes en el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos.

Issa y otras personas dijeron el miércoles que la consideración de una ampliación no debería ir sin un debate sobre la reestructuración del gigantesco circuito, el más grande de la nación, que abarca California, otros ocho estados del oeste y dos territorios estadounidenses.

Brian Fitzpatrick, profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, en Tennessee, declaró que el 9º Circuito ha sido durante mucho tiempo objeto de quejas por su tamaño, su volumen de trabajo y su tendencia liberal. Sin embargo, ese equilibrio político ha ido cambiando con los recientes nombramientos republicanos. En la actualidad, el 9º Circuito cuenta con 13 jueces activos nominados por el Partido Republicano y 16 nombrados por los demócratas.

“Ahora estamos cerca de la paridad en el 9º Circuito. Por lo tanto, este puede ser un momento oportuno para que el Congreso haga cambios sin implicaciones partidistas obvias que ayuden a un lado u otro”, dijo Fitzpatrick. “Soy optimista, ahora es el momento de hacer el trabajo que debería haberse hecho hace tiempo”.