San Diego aprueba oficina para asistir a inmigrantes y refugiados

La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó esta semana la creación de una Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados (OIRA), la cual fungirá como una fuente de servicios y recursos para dichas comunidades.

Su objetivo será conectar a individuos y familias con los servicios que ofrece el Condado, así como con recursos comunitarios que estén disponibles para ellos.

El personal de esta oficina mantendrá un acercamiento con organizaciones locales y miembros de la comunidad para asegurarse que los servicios que se ofrezcan sean realmente los que se necesitan e informará a la Junta de Supervisores cuando se requieran cambios en las políticas.

La propuesta fue presentada por el presidente y la vicepresidenta de la Junta de Supervisores, Nathan Fletcher y Nora Vargas, respectivamente.

Fue aprobada el martes con tres votos a favor y dos en contra de los Supervisores, Joel Anderson y Jim Desmond, quienes consideraron que dichas responsabilidades competen al gobierno federal.

Anteriormente se había destinado un fondo de 750 mil dólares para esta oficina dentro del presupuesto del año fiscal 2021-22. Tras la votación de esta semana se agregarán 2 millones de dólares para cubrir con los gastos y cinco empleados de tiempo completo.

Fletcher aplaudió la aprobación de esta iniciativa, la cual apoyó desde que contendió por su cargo. “Estoy emocionado de que por fin hayamos podido (obtener esta oficina), y entusiasmado porque ya esté en operación”, comentó en un comunicado.

“La Oficina de Asuntos de Migrantes y Refugiados ayudará a muchas personas y familias, y será un gran éxito”, anticipó.

Más del 20 por ciento de los sandieguinos nacieron en otros países y hablan 68 idiomas distintos, de acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Supervisora del Condado, Nora Vargas (Eduardo Contreras / The San Diego Union-Tribune)

(Eduardo Contreras/The San Diego Union-Tribune)

Para Nora Vargas, quien fuera la primera inmigrante dentro de la Junta de Supervisores, este tema es muy cercano a su corazón.

“(El ser la primera) no solo es un orgullo y estoy muy agradecida por esta oportunidad, sino que también es una gran responsabilidad”, dijo Vargas. “Una de las cosas que traigo a la mesa es mi experiencia como inmigrante”.

Vargas, cuya familia emigró de Tijuana, México, recordó cómo alguna vez el idioma fue una barrera en su vida, al igual que el reto de aprender a navegar en un sistema diferente en diversos rubros como la educación.

“El saber qué tan difícil fue en ocasiones para mi familia entender y saber cómo tener acceso a programas. Frecuentemente hablo de la salud de mi madre y el cómo no pudimos obtener asistencia a través del Condado y desconocíamos las diferentes opciones que había”, comentó Vargas, cuya madre falleció de cancer en 2009.

“Para mí es muy personal, y quiero asegurarme de que otras personas no tengan que pasar por lo mismo”.

Vargas, quien desde los inicios de su carrera ha defendido los derechos de los inmigrantes, fue la directora fundadora de la Oficina de Asuntos Migratorios para la Ciudad de Los Ángeles hace alrededor de 20 años.

“Muchas veces he dicho que quiero asegurarme de que el gobierno trabaje para todos, no solo para algunos. Esa es mi prioridad, que una persona en San Ysidro tenga las mismas oportunidades y acceso a la información que una persona que vive en La Jolla”.

La propuesta aún debe pasar por la fase de presupuesto, aunque Vargas contempla que la oficina pueda estar abierta y en funciones dentro de por lo menos seis meses. Por lo pronto, se procederá a buscar quién la dirija.

La idea es que todos los centros comunitarios del condado cuenten con información sobre los servicios que ofrece esta oficina.

Entre ellos, se brindará asesoría sobre el recién conformado programa del Condado para proporcionar abogados a inmigrantes que enfrentan procesos de deportación.

Vargas consideró que esta oficina ejemplifica una nueva era en la Junta de Supervisores.

En 2019, dicho organismo —con tres miembros diferentes— votó a favor de apoyar una demanda por parte de la administración Trump en contra de las llamadas leyes santuario de California, las cuales limitan la colaboración entre agencias de policía y autoridades migratorias.

“Aquí estamos dos años después, abriendo la primera oficina de asuntos migratorios”.