Juez niega la petición del distrito escolar de L.A. de bloquear la huelga de maestros

Un juez federal ha rechazado un intento de los funcionarios del distrito escolar de Los Ángeles de limitar o prevenir una huelga de maestros.

La maniobra legal del distrito se basó en su responsabilidad bajo la ley federal de proporcionar servicios a los estudiantes con discapacidades. El distrito está bajo restricciones legales adicionales basadas en un acuerdo que está bajo la supervisión de un juez federal.

Esas obligaciones combinadas deberían haber obligado a la corte a prevenir o limitar una huelga, argumentó el distrito en documentos presentados esta semana. Pero el Juez de Distrito de EE.UU. Ronald S.W. Lew no estuvo de acuerdo, y sólo tardó un día en emitir una orden denegando la demanda del distrito.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles “está intentando, prematuramente, llevar a una parte no relacionada a una disputa que se ha resuelto hace mucho tiempo sin ninguna explicación de cómo[el sindicato de maestros] sería legalmente responsable” bajo las leyes de educación especial, escribió Lew en su decisión.

El juez reconoció que una huelga podría “agobiar” los esfuerzos de L.A. Unified Grocers por proporcionar servicios a los estudiantes, pero dijo que la presentación de la demanda ante el tribunal de distrito “es una demanda nueva e independiente que inyectaría hechos y asuntos legales que no tienen nada que ver con las demandas que se resolvieron hace más de quince años...”.

Lew mantuvo abierta la posibilidad de que el distrito pudiera presentar una reclamación más tarde, pero dijo que tendría que ser después del inicio de una huelga y que probablemente implicaría un proceso que consumiría más tiempo.

United Teachers Los Angeles saludó el fallo en un comunicado de prensa el 4 de enero por la noche.

“La acción rápida y decisiva del tribunal demuestra lo desesperada que fue esta medida”, dijo el presidente del sindicato, Alex Caputo-Pearl.

La acción fue un enfoque novedoso, esencialmente usando protecciones legales para los estudiantes bajo la ley federal en un intento de prevenir una huelga llevada a cabo bajo las provisiones de la ley estatal.

Una portavoz del Servicio Unificado de Los Ángeles dijo que el juez no cerró todas las vías legales.

“La corte decidió que bajo las reglas aplicables tenía más sentido que el reclamo fuera presentado como una demanda separada”, dijo Shannon Haber.

No dijo si el distrito lo haría.

“El distrito está comprometido en resolver los problemas del contrato con UTLA de manera amistosa, pero tomará todas las medidas necesarias para proteger la salud, la seguridad y los derechos educativos de los estudiantes con discapacidades, así como de todos los estudiantes, incluyendo la presentación de acciones legales”, dijo Haber.

Las dos partes han programado una última sesión de negociación para el lunes 7 por la mañana, prevista en el Ayuntamiento por invitación del alcalde Eric Garcetti.

Garcetti dijo a The Times el viernes que hasta ahora no había sido invitado a la sala con las partes involucradas, pero que estaba preparado para participar de cualquier manera que pudiera ser útil.

Las conversaciones sobre el contrato serían las primeras desde que se rompieron los esfuerzos de mediación a principios de octubre.

Muchos observadores ven la huelga como casi inevitable.

La presentación legal del distrito se basó en parte en los términos de un acuerdo a largo plazo llamado el Decreto de Consentimiento Modificado de Chanda Smith.

Chanda Smith era una estudiante de Los Ángeles que recibió una educación deficiente, según una demanda de 1993, porque se vio privada de los servicios que la ley federal exigía. Los funcionarios del distrito finalmente acordaron medidas radicales y costosas para ayudar a todos los estudiantes con discapacidades, todo bajo la supervisión de un monitor designado por la corte. Ese acuerdo se mantiene hasta el día de hoy.

Durante años, L.A. Unified Grocers ha tratado de salir del acuerdo, argumentando que ha solucionado sus problemas. Algunos padres y defensores han argumentado lo contrario.

El jueves, los abogados de L.A. Unified Grocers citaron el acuerdo como una razón para limitar una huelga, diciendo que el distrito no podría cumplir con sus términos si los empleados que trabajan con estudiantes discapacitados se declararan en huelga. Querían una orden judicial para mantener a esos trabajadores en el trabajo. Tal orden podría haber afectado tanto a los maestros como a las enfermeras, los consejeros y los trabajadores sociales psiquiátricos, que también forman parte del sindicato.

L.A. Unified School District tiene alrededor de 60,000 estudiantes con discapacidad, más del 12% de la matrícula total, dijeron las autoridades del distrito.

El distrito ha ofrecido a los maestros un aumento del 6% durante los primeros dos años de un contrato de tres años. El sindicato quiere un aumento del 6.5% que entraría en vigor de una sola vez y un año antes.

Pero las cuestiones por las que el sindicato está presionando van mucho más allá de los salarios. La UTLA también está exigiendo una reducción significativa en el tamaño de las clases y la contratación de suficientes enfermeras, bibliotecarios y consejeros para “dotar de personal” a los campus de todo el segundo sistema escolar más grande del país. Los líderes sindicales han enmarcado su activismo como una lucha por el futuro de la educación pública.

Beutner ha dicho que algunas de las propuestas del sindicato valen la pena, pero que, si se aceptan, empujarían inmediatamente al distrito escolar a la insolvencia.

El superintendente quiere un enfoque lo más estrecho posible en las conversaciones sobre contratos. A diferencia de los maestros, él no quiere deliberar sobre si hay demasiados exámenes estandarizados o muy poco control sobre las escuelas charter privadas que operan en los campus propiedad del distrito.

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