Escala la tensión entre el gobierno mexicano y ONG por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO —  Las organizaciones humanitarias que apoyan a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en el sur de México condenaron el miércoles el respaldo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio al ejército en el caso y las críticas que lanzó contra el grupo de expertos y asesores, lo que desató nuevas tensiones entre el gobierno y los padres de los jóvenes.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización civil Servicios y Asesorías para la paz (SERAPAZ) reaccionaron con dureza contra el pronunciamiento de López Obrador, quien la víspera negó la responsabilidad del ejército en la desaparición de los jóvenes y aseguró que las fuerzas armadas han entregado toda la información que le han requerido.

Aunque admitió la participación de algunos elementos del ejército en el caso, el gobernante dijo en su conferencia matutina que los hechos tuvieron que ver más con decisiones de “autoridades locales y con la delincuencia”.

“Es falso que los castrenses ya hayan entregado todo”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto en el que plantearon que aún está pendiente la consignación de los archivos generados en el 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la localidad sureña de Iguala, así como todos los elementos producidos a partir de la infiltración de militares en la Normal Rural de Ayotzinapa.

“Las responsabilidades del ejército en el caso son irrebatibles y no hacen parte de un señalamiento dogmático”, indicaron las organizaciones al reconocer que la “exoneración” y la “férrea defensa” de las fuerzas armadas “sólo es una triste comprobación del peligroso e inédito empoderamiento militar presente”.

Las organizaciones también objetaron los comentarios que hizo el mandatario contra las ONG que apoyan a los familiares y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde el 2015 investigó las desapariciones de los jóvenes. En julio se retiraron del país profundizando la crisis que enfrenta el caso.

Desde hace un año el proceso ha enfrentado traspiés luego de la renuncia del fiscal especial del caso, de la suspensión de varias órdenes de detención de presuntos implicados y ante los cuestionamientos que hicieron los expertos a un primer informe de una comisión gubernamental que investiga el caso Ayotzinapa.

“No somos intermediarios ni administramos el dolor”, indicaron las organizaciones humanitarias al advertir que las recientes afirmaciones de López Obrador “ponen en riesgo” el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes y disminuyen la posibilidad de que las instituciones “terminen de abrir los diques de encubrimiento”.

A nueve años del trágico suceso ocurrido en la localidad sureña de Iguala, en el estado de Guerrero, las autoridades mexicanas sólo han logrado localizar los restos de tres de los 43 jóvenes.

López Obrador atribuyó el martes a “cuestiones políticas o ideológicas” los señalamientos de que ejército participó en la desaparición de los estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 y sostuvo que la principal responsabilidad en el caso la tiene el Estado porque “pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras”.

“Ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando”, expresó el gobernante tras recriminar a los expertos internacionales por no entregarle pruebas de sus afirmaciones.

Dos exintegrantes del grupo de expertos de la CIDH reaccionaron el martes contra las afirmaciones de López Obrador y dijeron en un comunicado que sus “informes no muestran opiniones, sino hechos probados”.

Los expertos indicaron que su labor de investigación fue fundamental para demostrar la llamada “verdad histórica”, que se utilizó en el anterior sexenio para alegar que los estudiantes fueron amontonados por criminales en un basurero e incinerados y luego tirados los restos en un río cercano.

Pese a las críticas de los familiares de los jóvenes, de las organizaciones humanitarias y los expertos, el gobierno mexicano sostiene que se ha avanzado para esclarecer los hechos y ha exhibido como logros las detenciones en los últimos catorce meses del exprocurador Jesús Murillo Karam, de 14 militares y de 19 policías estatales y municipales.