Convertirse en ciudadano estadounidense o residente permanente legal puede ser desalentador para muchos inmigrantes, teniendo en cuenta los largos atrasos que encuentran en las cortesy los obstáculos que tienen que sortear. En los últimos años, un obstáculo en particular ha causado especial ansiedad: la determinación de “carga pública”.
Los funcionarios del gobierno realizan una evaluación de la carga pública para determinar la probabilidad de que una persona llegue a ser “dependiente” de los programas de ayuda del gobierno en el futuro. Si los funcionarios delServicio de Ciudadanía e Inmigración. identifican a una persona como carga pública, se la considerará inadmisible en Estados Unidos. A una persona que ya esté aquí se le puede impedir obtener la tarjeta verde o la ciudadanía.
Drawing on an unprecedented poll, this series tells the stories of immigrant life in America today, putting their voices in the foreground.
Esta política lleva mucho tiempo en vigor, pero aplica sólo a una fracción de las personas que desean entrar en el país o cambiar su estatus. Pero los cambios en la forma de aplicar la norma durante los últimos años provocaron una confusión que sigue presente en las comunidades de inmigrantes.
Los funcionarios de inmigración no tienen en cuenta los programas de alimentación, vivienda y asistencia sanitaria a la hora de decidir si alguien es una carga pública.
Pero algunos inmigrantes han estado tan preocupados por ser considerados carga pública, que han evitado incluso los programas de asistencia que no forman parte de la determinación, dijo Adriana Cadena, directora de Protecting Immigrant Families, una coalición de defensores de los inmigrantes.
El 8% de los inmigrantes de todo el país -y el 12% en California- afirmaron haber evitado solicitar programas gubernamentales de alimentación, vivienda o asistencia sanitaria en el último año por temor a llamar la atención sobre su situación migratoria o la de algún miembro de su familia, según una encuesta nacional de inmigrantes realizada por The Times en colaboración con la organización sin ánimo de lucro KFF, antes conocida como Kaiser Family Foundation.
Los inmigrantes que llegan a EE.UU. se enfrentan a grandes retos, pero siguen mostrando un alto grado de optimismo sobre su futuro y de confianza en las instituciones estadounidenses, según revela una exhaustiva encuesta.
La encuesta también reveló una incertidumbre generalizada entre los inmigrantes acerca de cómo la solicitud de ciertas prestaciones podría afectar a las posibilidades de una persona de obtener una tarjeta verde, que permite la residencia permanente en EE.UU., o de solicitar la ciudadanía.
En todo el país y en California, 1 de cada 6 inmigrantes dijo que el uso de programas gubernamentales que ayudan a pagar la asistencia sanitaria, la vivienda o la alimentación, disminuiría las posibilidades de de obtener una tarjeta verde, lo que no es exacto. Sólo 1 de cada 4 dijo correctamente que el uso de tales beneficios no perjudicaría las posibilidades de una persona, mientras que casi 6 de cada 10 dijeron que no estaban seguros.
La encuesta también reveló que el 45% de los inmigrantes de todo el país afirmaba no tener suficiente información para entender cómo les afectan a ellos y a sus familias las políticas de inmigración de Estados Unidos.
En la encuesta de LA Times/KFF a inmigrantes estadounidenses participaron 3.358 inmigrantes de todo el país, 905 de ellos en California, entre el 10 de abril y el 12 de junio. El margen de error de la muestra completa es de 2 puntos porcentuales en cualquier dirección.
A continuación, se explica en qué consiste la confusión en torno a las normas sobre cargas públicas, cuáles son las normas actuales y a quiénes se aplican.
¿Por qué es confusa la regla sobre carga pública?
En 1999, los funcionarios de inmigración publicaron una serie de normas sobre la determinación de la carga pública llamadas Interim Field Guidance. Esas directrices identificaron dos formas de ayuda gubernamental como señales de que una persona era o sería una carga financiera: beneficios en efectivo y atención institucional a largo plazo.
Pero en 2019, la administración del presidente Trump publicó una nueva regla que amplió la lista de programas que los funcionarios podían considerar como indicios de carga pública, como Medicaid, cupones de alimentos, vales de vivienda, programas nutricionales y numerosas otras formas de asistencia pública.
La nueva regla no estuvo en vigor por mucho tiempo. Las impugnaciones judiciales impidieron que la administración Trump la utilizara, excepto durante un breve período, y el presidente Biden abandonó formalmente la norma de Trump unos meses después de asumir el cargo. Sin embargo, la confusión sobre la regla persiste, dejando a muchos inmigrantes aprensivos sobre el uso de los programas de beneficios que están disponibles para ellos.
Durante varios años, Oswaldo Rafael Cabrera promocionó sus servicios como abogado de inmigración en anuncios, publicaciones en redes sociales y entrevistas con medios de comunicación en español.
Los defensores de la inmigración, incluyendo a Cadena y Jeremy McKinney del Consejo Americano de Inmigración, dijeron que aunque la regla de Trump estuvo en vigor durante menos de un año, todavía tenía un efecto escalofriante.
“La investigación y la evidencia anecdótica nos mostraron que la regulación de carga pública causó tal temor entre los inmigrantes que buscaban solicitar legalmente una tarjeta verde que muchos optaron por renunciar a la atención médica y al apoyo económico vital”, dijo McKinney.
¿Cuál es ahora la regla de la carga pública?
Bajo la administración Biden, la decisión sobre si una persona es una carga pública ha vuelto a las normas establecidas por la Guía de Campo de 1999 con algunas aclaraciones adicionales para las familias.
Qué se tiene en cuenta. La política de Biden basa la determinación en si un inmigrante está recibiendo o es probable que reciba atención institucionalizada a largo plazo (como en una residencia de ancianos) a expensas del gobierno o ayuda monetaria mensual (incluida la Seguridad de Ingreso Suplementario, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, y los programas de asistencia en efectivo de los gobiernos estatales o locales).
Lo que no se tiene en cuenta. Los programas de asistencia sanitaria (incluidos los subsidios al seguro de enfermedad ofrecidos por la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible), nutrición, vivienda, educación y cuidado de niños, ayuda en caso de catástrofe y otras prestaciones públicas, como vales de transporte, programas de formación laboral, comedores sociales, asesoramiento e intervención en situaciones de crisis y asistencia energética. Tampoco se tienen en cuenta las prestaciones devengadas, como las prestaciones por desempleo o los reembolsos del crédito fiscal por ingresos del trabajo.
La norma de la administración Biden aclara además que, si un miembro de la familia que no es el solicitante utiliza programas de asistencia pública, eso no tendrá un impacto en la evaluación de la carga pública.
Por ejemplo, si una persona solicita una tarjeta verde y sus hijos utilizan Medi-Cal, programas nutricionales (programas de comidas escolares gratuitas, por ejemplo) o asistencia en efectivo, no hay problema.
A pesar de los cambios, Cadena dijo que Protecting Immigrant Families siguió viendo clientes temerosos de aceptar cualquier tipo de ayuda gubernamental durante la pandemia.
En 2021, Protecting Immigrant Families encuestó a 1.000 estadounidenses de familias inmigrantes de estatus mixto para comprender mejor lo que sabían sobre la actualización de la carga pública. La organización descubrió que casi la mitad de las familias que necesitaron ayuda durante la pandemia de COVID-19 se abstuvieron de solicitar asistencia debido a preocupaciones sobre el estatus migratorio.
Ese mismo año, Biden emitió una orden ejecutiva en la que ordenaba a los funcionarios de inmigración de todo el país que no tuvieran en cuenta las vacunas ni las prestaciones públicas relacionadas con la pandemia a la hora de determinar la carga pública.
En sus directrices escritas sobre las normas, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración dicen que “animamos a todos, incluidos los no ciudadanos, a buscar la atención médica necesaria, incluido el tratamiento o los servicios preventivos para el COVID-19”. La agencia aplica la misma orientación a otras prestaciones y servicios relacionados con la pandemia (incluidos los programas de asistencia alimentaria y vivienda).
Fuera de la pandemia, la mayoría de los inmigrantes en California pueden obtener atención médica y servicios de rehabilitación a corto plazo de Medi-Cal y servicios basados en el hogar y la comunidad (incluidos los servicios de apoyo en el hogar), según la Alianza de Consumidores de Salud.
¿Quién está sujeto a la determinación de carga pública?
Sólo una parte de las personas que buscan entrar en el país o cambiar su estatus se enfrentan a una determinación de carga pública.
La norma se aplica a las personas que solicitan la tarjeta verde por primera vez (a través de una relación con un ciudadano estadounidense o el patrocinio de un empleador estadounidense) y a los residentes permanentes legales que desean volver a entrar en EE.UU. tras una ausencia de más de seis meses.
Según el Departamento de Servicios Sociales de California, los residentes permanentes legales con tarjeta verde no tienen que someterse a la determinación de carga pública cuando solicitan la ciudadanía estadounidense o la renovación de la tarjeta verde.
La evaluación tampoco se aplica a:
- Inmigrantes a los que se ha concedido asilo en EE.UU.
- Refugiados
- Inmigrantes menores de 21 años maltratados, abandonados o desatendidos a los que se haya concedido protección judicial como inmigrantes menores especiales
- Solicitantes del estatuto de residente permanente en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer
- Supervivientes de delitos graves (solicitantes o titulares de visado U)
- Supervivientes de la trata de seres humanos (solicitantes o titulares de un visado T)
Si todavía no está seguro de si un programa podría obstaculizar su capacidad para cambiar su estatus migratorio, la guía Mantenga sus beneficios creada por la Sociedad de Ayuda Legal del Condado de San Mateo puede ayudarle a entender sus opciones.
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes también ofrece una lista de todos los programas de beneficios que son seguros de usar.
También puede buscar ayuda en persona visitando una organización legal o sin ánimo de lucro de su zona. El Departamento de Servicios Sociales de California tiene una lista en línea de las organizaciones que pueden ayudar a responder a sus preguntas.
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