Perú: presidente seguirá respondiendo por caso de corrupción

El mandatario peruano Pedro Castillo dijo el viernes que seguirá colaborando con la justicia tras declarar por cuatro horas ante una fiscalía que lo investiga como líder de una presunta organización criminal que recibía sobornos de obras de infraestructura.

Castillo salió del interrogatorio en auto, pero poco antes de llegar al Palacio de Gobierno decidió caminar y dijo brevemente a periodistas que “Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo”. No aceptó preguntas, adujo que se lo prohíbe la investigación del proceso.

Antes de presentarse a la fiscalía, Castillo escribió en Twitter que buscaba despejar “las denuncias y especulaciones... en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia”.

El presidente caminó por las calles del centro histórico de Lima, incluida una vía principal donde se detuvo el tránsito, rodeado de guardaespaldas y policías antimotines, algunos en caballos y otros en motos. Tampoco en ese momento respondió a la prensa que lo interrogaba a distancia.

Decenas de personas le gritaban “delincuente” usando megáfonos y llevaban letreros donde se veían caricaturas del mandatario apresado. Algunos pedían que sea encarcelado en las frías alturas de los Andes.

La indagación de la fiscalía también incluye a su exministro de Transportes, Juan Silva, y a seis parlamentarios. La hipótesis afirma que un grupo criminal liderado por Castillo habría recibido beneficios de obras adjudicadas de forma irregular a algunos empresarios. El Ministerio de Transportes es la secretaría con mayor presupuesto, 3,344 millones de dólares anuales en 2022.

Es la primera vez en la historia de Perú que la fiscalía investiga a un presidente en funciones.

Seis expresidentes que gobernaron entre 1985 y 2020 están condenados, investigados o procesados por corrupción o lavado de activos. Uno de ellos, Alan García (1985-1990 y 2006-2011), se suicidó antes de ser capturado en una investigación por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En diez meses de gestión el gobierno de Castillo ha superado dos intentos de destitución presidencial iniciados en el Congreso. Es la continuación de una crisis política iniciada en Perú en 2016 que ha provocado inestabilidad, así como cinco presidentes y tres parlamentos al momento.

Tanto Castillo como el Congreso poseen alta desaprobación de los peruanos en todas las encuestas. Según el sondeo de mayo del Instituto de Estudios Peruanos, Castillo tiene 70% de impopularidad y el Parlamento 87% de desaprobación. El 67% de la población considera que lo más conveniente es que tanto el presidente como el Parlamento renuncien y se convoquen a nuevas elecciones.

Castillo inició su gestión el 28 de julio de 2021 y su gobierno está programado para finalizar cinco años después, el 28 de julio de 2026.