Funcionarios defienden el uso de las cámaras corporales; activistas piden transparencia

Varios funcionarios de la ciudad de Los Ángeles salieron este viernes en la defensa de las cámaras corporales que se les están brindando a cientos de policías para grabar su interacción con el público.

El acalde Eric Garcetti, el jefe del Departamento de Policía, Charlie Beck y El presidente de la Comisión de Policía, Steve Soboroff, dijeron que las cámaras representan “la nueva forma de revisar el trabajo policial”.

Mientras tanto, algunos activistas están dudosos de que el esfuerzo proporcione la transparencia que las autoridades prometen.

Este mes, un total de 860 cámaras son repartidas en la división Misión, seguida por la división de Newton el 15 de septiembre y la división de tráfico Central el 28 de septiembre.

Luego de anunciarse la primera repartición el 31 de agosto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), envió el 3 de septiembre una carta al Departamento de Justicia en la que piden a la agencia federal negarle a la ciudad la petición de financiar más cámaras.

ACLU alega que la política restringe la liberación del video al público y restringe los derechos de los ciudadanos al darles oportunidad primero a los agentes de ver el video antes de dar su testimonio en el uso de la fuerza y mala conducta.

“En consecuencia, solicitamos respetuosamente que el Departamento de Justicia le niegue la solicitud de financiamiento al Departamento de Policía’’, dice el abogado de ACLU, Peter Bibring, quien escribió la carta.

Tras esta petición, Garcetti respondió que respeta la postura de ACLU, pero que no puede permitir que los videos sean expuestos “como en casos de violación o violencia doméstica”.

El alcalde sostuvo que tampoco quiere que la publicación del material pueda manchar la investigación criminal y posible condena de un individuo.

Para aclarar las reglas de las cámaras, Beck señaló que “los videos estarán disponibles a las Oficinas del Inspector General, la Procuraduría y la Comisión de Policía de la ciudad para su estudio.

“Tenemos una posición de confianza con las personas que nos llaman para que hagamos frente a situaciones que nadie más va a tratar y queremos mantener ese nivel de confianza.”, dijo Beck.

Los funcionarios le recordaron al público que Comisión de Policía revisará los resultados de las cámaras corporales en seis meses.

Por su parte otras organizaciones en contra de la brutalidad policial señalaron que es muy temprano para decir si las cámaras van a funcionar como se ha prometido.

“El paso que ha dado la policía es bueno. Esperemos que quienes tienen uso de esas cámaras también tengan la responsabilidad para usarlas debidamente”, dijo José Galindo, miembro de The Vermont Manchester Colavorative, una colaboración de 50 organizaciones comunitarias de Los Ángeles.

Asimismo, Juan Pablo Gomes de Answer Coalition señaló que las cámaras tienes sus pros y sus contras.

“Por un lado, las autoridades siguen teniendo ventaja en lo que van a querer grabar o no. Por otro lado, los agentes no podrán ver ciertos videos ni ellos mismos. Por ahora solo nos queda esperar y ver cómo se desarrolla la nueva política”, dijo Gomes.

Bajo la política adoptada por la Comisión en abril, los agentes implicados en uso de fuerza en incidentes como balaceras, no podrán ver las imágenes a menos que obtengan un permiso.

Sin embargo, los agentes deben ver el video antes de ser investigados por los detectives.

La política también pide que las cámaras corporales sean activadas antes de una investigación o en caso de una acción, por ejemplo c cuando un agente detenga a un vehículo o un peatón, arrestos, uso de fuerza, entrevistas de testigos y víctimas, control de multitudes y persecuciones policiales.

Si un oficial no puede activar la cámara a tiempo, o si la cámara deja de grabar, el agente debe señalar las razones y circunstancias en un registro diario.

Bajo las reglas, los agentes podrán detener la grabación si el testigo o la víctimas reúsan dar declaraciones ante la cámara siempre y cuando el agente no se encuentre en una confrontación.

Asimismo, los oficiales pueden decidir no grabar si consideran que puede interferir con una investigación tal como en el caso de una violación, incesto o casos de agresión sexual - o debido a la edad de un testigo o víctima- y el estado emocional o físico de una persona.

También pueden desactivar la cámara si sienten que la vida de un agente o un informante en cubierto está en peligro o si se encuentran en un área de cuidado médico junto a un paciente o víctima de violación.

Se espera que para el final del 2016 se hayan repartido hasta 7 mil cámaras.