Exigen protección para las trabajadoras de casa

El robo de salario es el pan de cada día en California; sin embargo, en el caso de las trabajadoras de casa la vulnerabilidad es mayor, al permanecer durante semanas en viviendas privadas y por temor muchas de ellas no hablan de las violaciones laborales.

María Elena Hernández, oriunda de Jalisco, México considera que el problema no es sólo el salario, sino la falta de prestaciones. En los últimos 16 años, afirma que no ha contado con un seguro médico y si le pasa algo en el trabajo nadie responde por ella.

“Es algo común, los patrones muchas veces no pagan lo que es, dicen que uno va a salir a las 5 de la tarde y al final se pasan de esas horas, pero el salario no incluye el tiempo extra”, indicó Hernández, de 50 años de edad.

A causa de estas experiencias, muchas mujeres se han visto obligadas a buscar ayuda en organizaciones defensoras de los migrantes, para denunciar los abusos y aprender a exigir sus derechos, como le ocurrió a la hondureña Carmen Goley.

“Es una injusticia”, manifestó la migrante catracha con seis años en este trabajo. “Hay empleadores que me han robado; una vez hice la limpieza y la comida, luego me pagaron con un cheque sin fondos, cuando lo busqué [de nuevo] se había cambiado de apartamento”.

El gobernador de California, Jerry Brown firmó en septiembre de 2013 la ley AB241, la cual entró en vigencia en enero de 2014, proveyendo protecciones para que las trabajadoras de casa y proveedores de cuidado de salud tengan derecho al pago por tiempo extra.

Maegan Ortiz, directora ejecutiva del Instituto de Educación Popular del Sur de California (Idepsca), considera que todavía se dan abusos, en muchos casos las víctimas no hablan porque son indocumentadas.

“La ley protege a todas las trabajadoras, sin importar el estatus migratorio”, advirtió la activista. “Es importante que hablen, porque si las violaciones se dan detrás de las puertas y no dicen lo que pasa, no las podemos ayudar”.

Al celebrarse el aniversario de la aprobación de la AB241, activistas aprovecharon para lanzar la campaña que busca que esta ley pase de ser una medida temporal a permanente. En este momento, es una iniciativa con vigencia hasta enero de 2017.

Diana Ramos, organizadora de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla), cree que además de reconocerse el pago por tiempo extra, se debe incluir beneficios como descansos, vacaciones y seguro médico.

“Necesitamos que todos los derechos de las trabajadoras estén protegidos; en la actualidad, aunque tenemos una ley siguen siendo un grupo muy vulnerable”, señaló la organizadora.

De acuerdo a una encuesta elaborada por la Alianza de las Trabajadoras de Hogar, en todo el Estado Dorado hay 328,585 empleadas; en el Condado de Los Ángeles la cifra asciende a 122,399, convirtiéndose en la región con mayor demanda de esta fuente de trabajo.

En cuanto a proveedores de cuidado de salud, según el Centro de Trabajadores Filipino (PWC), estiman que hay alrededor de 50,000 personas en este campo.

Lolita Lledo, directora asociada de PWC, aseguró que encabezarán diversas acciones para presionar a las agencias y empleadores a que cumplan con la ley, para evitar que se siga dando el robo de salario.

“Es tiempo de parar ese abuso, queremos que paguen lo correcto; de lo contrario vamos a impulsar un boicot”, aseguró la activista filipina.