Editorial: Un fallo que invade la privacidad de los estudiantes y sus familias

¿En qué estaba pensando la jueza de distrito de los Estados Unidos Kimberly Mueller cuando ordenó al estado dar a conocer información demográfica y personal de todos los estudiantes de escuelas públicas, incluyendo sus nombres, números de seguro social (si el estado los posee), direcciones, información sobre salud mental y registros de comportamiento y disciplinarios? Esta orden invade la privacidad de los estudiantes de California y de sus padres.

El veredicto de Mueller determinó que se debía facilitar esta información a los demandantes, y alegó que el estado había privado a los alumnos con problemas de aprendizaje de los servicios a los que tienen derecho. Los abogados de las dos organizaciones que entablaron la demanda quieren estudiar minuciosamente estos datos en busca de señales que comprueben que el estado está limitando los servicios de educación especial para los estudiantes que los necesitan.

Los padres pueden presentar una “objeción” al enterarse de este pedido de información, lo cual no garantiza ninguna protección; se trata simplemente de una objeción, no es una opción de exclusión. Y aunque muchos distritos escolares se han acercado recientemente a las familias para hacerles saber acerca de esta transferencia masiva de datos, otros no tienen intención de hacerlo, y pocos se han molestado en extender la cortesía a los exalumnos, a pesar de que todos los estudiantes desde 2008 están incluidos en la petición. Aunque el juez emitió una orden de protección para restringir la divulgación de información confidencial exclusivamente a los demandantes y sus abogados, esta garantía parece insuficiente ante datos que pueden ser extremadamente sensibles.

Para el Departamento de Educación de California, un compromiso razonable podría ser ocultar los nombres, direcciones y datos similares, y entregar los datos subyacentes importantes, en formato anónimo. Pero el estado no contempla ello. En su lugar, se opone a que la corte proporcione prácticamente cualquier material demográfico en absoluto, con el argumento de que en ciertos casos -como cuando un estudiante es el único de una raza en particular en una pequeña escuela- la información, aunque anónima, podría utilizarse para averiguar quién es ese estudiante.

Esta postura parece un poco engañosa ya que, obviamente, también protege al estado de dar información útil que podría determinar si los estudiantes están siendo privados de un derecho. Es importante saber, por ejemplo, si los estudiantes negros tienen la misma oportunidad de recibir servicios de educación especial que los blancos, o si los alumnos que reciben almuerzos subvencionados tienen más o menos probabilidades de ser identificados con problemas de aprendizaje que aquellos provenientes de familias más acaudaladas.

Es difícil entender por qué Mueller consideró que era remotamente apropiado exigir información como nombres, direcciones y números de seguro social. Incluso el sistema de ‘objeción’ es injusto; es probable que los resultados se vean distorsionados ya que los padres educados son más propensos a completar el papeleo.

Otra duda que surge es por qué se necesita esta información de todos los estudiantes, en lugar de simplemente una muestra aleatoria. Este problema no debería ser difícil de resolver. La información que identifica a los alumnos debe ser clasificada en los registros entregados. Al mismo tiempo, el estado no debería fomentar la ira de los padres como una forma de no brindar información relevante. En otras palabras, se debería emplear el sentido común. Quienes resultarán más afectados, si es que no lo están siendo ya, son los millones de estudiantes de las escuelas públicas de California y sus familias.

Traducción: Diana Cervantes

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