Quieren evitar escándalos como el de Bell, comité del Senado discute ley anti-corrupción

En una votación bipartidista y unánime los miembros del Comité de Finanzas y Gobierno del Senado de California aprobaron la propuesta de ley SB1011, con la que se busca la rendición de cuentas y evitar el conflicto de interés de funcionarios en los diferentes niveles de servicio público.

Este es apenas el primer paso de un largo proceso, en un camino que luce empedrado, hasta que llegue al escritorio del gobernador Jerry Brown, quien al estampar su firma la convertiría en ley, pero antes deberá pasar por la Asamblea y en un primer esbozo todavía no existe el suficiente apoyo.

El Senador Tony Mendoza, autor de la propuesta, representa a ciudades como Montebello, Pico Rivera, Whittier, Commerce, Bellflower y Norwalk, aledañas a localidades que se han visto en escándalos de corrupción, siendo la más emblemática la municipalidad de Bell.

“Es algo necesario”, justificó a HOY el legislador al señalar que la iniciativa regularía a los miembros de concilios, juntas y comisiones gubernamentales en las que se aprueban contratos, pero que alguno de los oficiales pueda entrar en conflicto de interés por el parentesco con alguno de los ofertantes.

“Son los mismos problemas, hay funcionarios que votan por contratos donde están sus familiares, es lo que hemos visto en mesas directivas de agua, entre otras; pero con esta ley, los oficiales tendrían que excluirse de votar y dejar que sus colegas tomen las decisiones”, aseguró el Senador por el Distrito 32.

En la propuesta de ley se contempla que de ocurrir una violación descalificaría de forma permanente al funcionario para ocupar cualquier cargo en California, además podría ir a prisión y sería multado hasta por 1,000 dólares.

Además, con esta normativa un fiscal de distrito local o del Procurador General del estado tendrían la autoridad para investigar las presuntas violaciones de la ley y la discreción para iniciar un procesamiento penal, entre sus responsabilidades.

A juicio de Luis Alvarado, estratega político republicano, el proyecto suena interesante; sin embargo, manifiesta que muchas veces los legisladores impulsan iniciativas que saben no encontrarán eco entre sus colegas, pero que les hace ver bien hacia la comunidad.

“La mayoría de los casos de corrupción han ocurrido en comunidades latinas y los que han aparecido en las portadas son demócratas, no sé si van a exponerse aprobando esta ley, porque es algo que les afectaría”, cuestionó el analista.

Entretanto, Salvador ‘Chamba’ Sánchez, profesor de Ciencias Políticas del Colegio Comunitario de Los Ángeles plantea que en vez de impulsar nuevas leyes se deberían reforzar las que ya existen, dotando de recursos a las agencias de los condados para que investiguen a los funcionarios.

Este politólogo sostiene que como opción las ciudades pequeñas mejor deberían unirse en un solo gobierno, de esa manera podría existir una mayor rendición de cuentas, entre ellas menciona a Huntington Park, Bell, Cudahy, Maywood, South Gate y Bell Gardens, entre otras municipalidades.

“Lo que observo es que los funcionarios muy rara vez rinden cuentas, a eso hay que añadir que los habitantes de estas ciudades son inmigrantes, muchos no se involucran en la política y no conocen las responsabilidades de los gobernantes, eso abre la posibilidad a la corrupción”, indicó Sánchez.

En principio, la ley cuenta con todo el apoyo en el Senado; en la comunidad, afirma el Senador Mendoza, también existe interés en que pase; sin embargo, para ejercer presión en la Asamblea cree que será vital el rol de las organizaciones y que los constituyentes llamen a sus representantes,

“Hay algunos asambleístas que no les gusta esta propuesta”, admitió el legislador, quien asegura que todos los funcionarios deberían estar comprometidos en un trabajo ético y evitar que este oficio siga degradándose siendo visto como que es un puesto para el enriquecimiento personal o familiar.

La propuesta de ley entró a discusión en el Senado en febrero, a más tardar en junio podría discutirse en la Asamblea y si cuenta con la aprobación llegaría a manos del gobernador en agosto. “Necesitamos restaurar la responsabilidad y la confianza del público en el gobierno”, concluyó Mendoza.