Por temor a la deportación, muchas víctimas de violencia doméstica se alejan de la policía y los tribunales

En los primeros seis meses de 2017, los informes de violencia doméstica disminuyeron entre los residentes latinos en algunas de las principales ciudades de California. Los profesionales sostienen que los inmigrantes indocumentados temen que interactuar con la policía o la justicia pueda convertirlos en blancos fáciles para la deportación.

La mujer al otro lado de la fila dice que su esposo la ha golpeado por años, incluso cuando estaba embarazada. Ella estaba en peligro y quería ayuda, pero se encontraba en el país indocumentada y estaba convencida de que sería deportada si llamaba a las autoridades. Con temor de que su marido ganara la custodia legal de sus hijos, no quería saber nada con el sistema legal.

Se trata de una historia que Jocelyn Mara, supervisora de programa en el refugio contra la violencia doméstica Su Casa, de Long Beach, ha escuchado este año muy a menudo.

En los primeros seis meses de 2017, los reportes de violencia doméstica declinaron entre los residentes latinos en algunas de las principales ciudades de California, una baja que los profesionales de crisis sostienen está impulsada por el miedo a que interactuar con la policía o ingresar en un tribunal convierta a los inmigrantes en blancos fáciles para la deportación.

La agresiva postura del presidente Trump sobre la inmigración ilegal, los decretos que amplían enormemente el número de personas que pueden ser deportadas y las noticias de que los agentes de Aduanas e Inmigración de los EE.UU. arrestan personas en las cortes han contribuido a esta merma, según defensores de los derechos civiles y de inmigrantes.

En Los Ángeles, los latinos reportaron un 3.5% menos de casos de abuso conyugal en los primeros seis meses del año en comparación con 2016, mientras que las denuncias entre las víctimas no latinas prácticamente no cambiaron.

Ese patrón se extiende más allá de Los Ángeles, a ciudades como San Francisco y San Diego, que registraron caídas aún más pronunciadas, de 18% y 13% respectivamente.

La violencia doméstica es un delito infravalorado. Algunos oficiales de policía y defensores sostienen ahora que los inmigrantes indocumentados podrían volverse blanco de otros crímenes debido a su renuencia a contactar a las autoridades.

La mujer maltratada en Long Beach, por temor a no tener otro recurso, envió a su hijo mayor a México, donde ahora vive con sus parientes. “Se supone que somos esa seguridad que las víctimas no tienen, esa red de contención”, afirmó Maya. “Pero es cada vez más difícil para nosotros tener una actitud positiva y decirles: ‘Todo estará bien; puedes ir a una corte y llamar a la policía’”.

Marino González, agente del Sheriff del Condado de Los Ángeles, afirmó que aborda tal temor con frecuencia cuando patrulla las calles del este de L.A.; incluso cuando su departamento no cuestiona a las personas acerca de su estado migratorio. “Tienen miedo de nosotros. Y la razón de ello es que piensan que vamos a deportarlos. No saben que no los deportamos ni pedimos su estatus migratorio”, aseguró. “Ellos se basan en lo que ven en redes sociales y lo que escuchan de otras personas”.

En una tarde cálida, González dejó su patrulla cerca de una hilera de apartamentos en Cudahy, antes de una reunión comunitaria en un barrio predominantemente hispanohablante. Había sólo una mujer esperando por los agentes, que ofrecía limonada a los transeúntes.

El ambiente en la ciudad era tenso. La noche anterior, un manifestante a favor de Trump que protestaba contra el estatus de santuario de la ciudad había sido arrestado por sospecha de blandir un arma. González y los funcionarios de la ciudad fueron de puerta en puerta, sonriendo y hablando en español con los residentes, para instarlos a sumarse a la reunión.

Finalmente, el agente habló con calma a las varias docenas de personas, que bebían refresco en vasos de poliestireno. “No estamos aquí para preguntarles de dónde son”, dijo en español, y recibió gestos de agradecimiento.

González, quien llegó a Estados Unidos en su niñez, explicó que sabe por qué la gente está asustada, pero que tiene esperanza de que hablar cara a cara pueda persuadir a más víctimas a presentarse. “La comunidad no sabe y no sabrá a menos que nos acerquemos a ellos”, afirmó.

ficiales de ICE también dijeron que no apuntan a las víctimas de delitos para la deportación y, de hecho, a menudo extienden visas a quienes reportan crímenes violentos y abuso sexual.

Funcionarios de la agencia en Los Ángeles se negaron a ser entrevistados. ICE emitió una declaración donde desestimó los vínculos entre el control de la ley inmigratoria y la merma en las denuncias de delitos entre inmigrantes como “una especulación irresponsable”.

La caída en la información podría ser resultado de una disminución general en los crímenes de violencia doméstica, expuso la agencia. Pero las estadísticas policiales revisadas por The Times sugieren que dicha declaración es inexacta. La disminución de las denuncias entre latinos en varias ciudades es mucho más abruptas que el descenso general en los reportes de esos delitos.

En Los Ángeles y San Diego, las denuncias sobre delitos de violencia doméstica permanecieron sin cambios entre los no latinos. El declive entre los hispanos en San Diego fue de más del doble de la merma general en la ciudad, muestran los registros. En San Francisco fue de casi el triple.

El patrón se extiende también fuera de California. En abril, el jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, afirmó que la cifra de víctimas latinas que reportaron ataques sexuales había caído un 42% en esa ciudad. En Denver, al menos nueve mujeres descartaron sus casos con órdenes de restricción contra sus abusadores luego de que un grupo de agentes de inmigración fueran filmados arrestando a una persona en un tribunal de esa ciudad a comienzos de este año, informó la fiscal de la ciudad Kristi Bronson.

Claude Arnold, quien supervisó las operaciones de ICE en el sur de California entre 2010 y 2015, afirmó que los conceptos erróneos acerca de la agencia pueden ser responsables de esta merma en las denuncias. Las víctimas de delitos tienen más probabilidades de obtener una visa que de ser deportadas cuando reportan un ataque, señaló. “ICE tiene todavía la política de no deportar a víctimas o testigos de delitos, y no he visto ningún caso documentado en el cual ello haya ocurrido”, explicó. “En gran medida, facilitamos a esas personas estar en los EE.UU. con documentación”.

A nivel nacional, el número de arrestos realizados por agentes de ICE por violaciones a leyes de inmigración aumentó un 37% en la primera mitad de 2017. En el sur de California se incrementaron en un 4.5%.

Arnold afirmó que algunos activistas de inmigración han ayudado a crear un clima de miedo al difundir información inexacta sobre incursiones de ICE que finalmente no ocurrieron, o que estaban en línea con las políticas del gobierno de Obama.

Pero los profesionales que se ocupan de las víctimas de violencia doméstica dicen que la percepción del refuerzo de las tácticas de control en el gobierno de Trump llevaron a un pánico generalizado.

Adam Dodge, director legal de un refugio de violencia doméstica del condado de Orange llamado Laura’s House, expuso que antes de febrero casi la mitad de la base de usuarios del centro eran inmigrantes indocumentados. Ese mes, agentes de ICE en Texas entraron en un juzgado para arrestar a una mujer indocumentada que esperaba interponer una orden de restricción contra un abusador.

“Entonces pasamos de que la mitad de nuestros clientes sean indocumentados, a tener cero consultas de indocumentados”, aseguró.

Una grabación de video registrada a principios de este año, de un padre arrestado por agentes de ICE momentos después de dejar a su hija en una escuela de Lincoln Heights, generó un efecto similar sobre las víctimas de abuso en la vecina localidad de Boyle Heights, afirmó Rebeca Meléndez, directora de programas de bienestar del East LA Women’s Center. “Inculcaron el máximo miedo en nuestra comunidad”, dijo. “Ellos saben que pueden confiar en nosotros, pero no confían en mucha gente más”.

Incluso cuando las víctimas presentan una denuncia, los abogados defensores a veces emplean a ICE como un arma contra ellas, para frustración de los fiscales.

En el Área de la Bahía, un hombre de la ciudad de Daly enfrentaba acusaciones de ataque a principios de este año después de mostrar un cuchillo y golpear a la madre de su novia, según los registros judiciales. Durante las audiencias previas al juicio, el abogado defensor del hombre planteó el hecho de que la víctima se encontraba indocumentada en el país, aunque el magistrado eventualmente dictaminó que las pruebas eran irrelevantes e inadmisibles en el proceso.

Finalmente, el jurado no llegó a un acuerdo. Cuando los fiscales solicitaron un nuevo juicio, la víctima dijo que no cooperaría, en parte porque su situación migratoria había salido a la luz durante el proceso anterior, relató Max Szabo, vocero de la oficina del fiscal de distrito de San Francisco.

George Gascón, procurador de distrito de San Francisco, señaló que el caso fue uno de varios donde sus fiscales sintieron que los abogados de la defensa intentaban aprovechar los temores crecientes a la deportación contra las víctimas. Gascón cree que la táctica, combinada con las prioridades ampliadas de ICE y su presencia en los tribunales, está reduciendo la información sobre la violencia doméstica entre los inmigrantes en las grandes comunidades latinas y asiáticas de la ciudad.

Gascon describió la situación como una “repetición” del temor que vio en la comunidad de inmigrantes mientras era jefe de policía en Mesa, Arizona, durante la famosa cruzada del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, contra las personas indocumentadas, lo cual generó acusaciones de discriminación racial según el perfil.

Stephanie Penrod, abogada del Family Violence Law Center, en Oakland, también dijo que el número de inmigrantes sin autorización dispuestos a buscar ayuda de la policía se ha reducido.

Los abusadores frecuentemente amenazan con denunciar a sus víctimas a los agentes de inmigración, una amenaza que Penrod cree tiene más fuerza ahora, dada la creciente presencia de ICE en los tribunales. “La mayor diferencia para nosotros ahora es que esas amenazas son legítimas”, resaltó. “Anteriormente solíamos advertirles que no podíamos evitar que un abusador llamara a ICE, pero que era improbable que ICE hiciera algo”.

Si el problema persiste, Gascón teme que las consecuencias sean mortales. “El nivel de violencia aumenta”, alertó. “Y podría, en algunos casos, derivar en lesiones graves u homicidios”.

Traducción: Valeria Agis

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