Lanzan Caravana de la Justicia por el TPS: Vea las cifras de los afectados

Ante la cancelación masiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para beneficiarios de diferentes nacionalidades, varias organizaciones pro inmigrantes se levantan en contra del mandato del presidente Donald Trump y lanzan “La Caravana de Justicia por el TPS”.

El esfuerzo inicia este 17 de agosto, señalan los activistas.

La caravana se compone de más de 50 titulares de TPS de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Somalia, así como comités locales y colectivos que tienen como propósito hacer un llamado nacional para “mantener unidas a las familias y luchar por la residencia legal permanente”.

El objetivo de la caravana es levantar las voces contra la terminación del TPS, la cruel deshumanización de las familias en la frontera sur y contra la criminalización de los inmigrantes en todos los Estados Unidos, señalan activistas de la Alianza Nacional TPS, el Centro Centroamericano de Recursos (CARECEN) y la Red Nacional Organizadora de Jornaleros (NDLON).

Durante 12 semanas, las familias de TPS tomarán un autobús en todo el país y durante el trayecto los participantes llevarán a cabo vigilias, asambleas comunitarias, sesiones de conocimiento de sus derechos, foros y mesas redondas.

Entre otras acciones habrá conciertos, manifestaciones, actividades de desarrollo de liderazgo y reuniones con candidatos políticos y funcionarios electos para hablar del tema y de lo que se puede hacer para revertir la cancelación del programa.

“TPS Journey for Justice Caravan” viajará por todo el país para visitar más de 50 ciudades y culminar su jornada en Washington DC, en octubre.

Lorena Zepeda, quien participa en la caravana vino en 1991 de El Salvador, ella empezó la cuenta regresiva para salir del país y dice estar en una encrucijada.

“Tengo dos hijos, un niño de 15 y una niña de 13. Ellos nacieron aquí y mi lucha son ellos. He platicado con mi esposo y lo que hemos decidido es luchar por mantenernos unidos hasta el final, ya que llegue el último día, entonces me pondré a pensar qué puedo hacer con mi familia… Por ahora voy a ser parte de este movimiento”, sostiene.

La cancelación del TPS fuerza a unas 450,000 personas, unos 200 mil de ellos de El Salvador, a regresar a sus países o enfrentar la deportación a pesar de tener hijos ciudadanos en Estados Unidos.

La decisión presidencial causó una demanda con el argumento de que la decisión de terminar con el TPS en El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán tuvo una motivacion racial.

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color presentó una demanda acusando a la administración de racismo al ponerle fin al TPS para los haitianos.

Las acusaciones de racismo surgieron cuando Trump se refirió a Haití y las naciones africanas como “países de mierda” al discutir una propuesta legislativa para proporcionar visas a los antiguos titulares de TPS.

En la misma discusión, también preguntó por qué Estados Unidos podría necesitar más haitianos. El TPS para El Salvador y Haití finalizó siete días más tarde luego de hacer estos comentarios.

Orlando Zepeda, demandante en una de las quejas, es padre de dos niños ciudadanos estadounidenses.

“Mi esposa y yo hemos vivido en este país por más de 25 años, y hemos tenido TPS la mayor parte de ese tiempo. Nuestros hijos nunca han estado en El Salvador. Este es nuestro país y debemos defender nuestros derechos en los tribunales, en Washington y en nuestras comunidades”, dice Zepeda.

Enrique Velásquez, organizador de CARECEN, recalca que la “la comunidad no debe quedarse cruzada de brazos”.

“Este es el momento para participar activamente y demostrar que no nos conformamos con extensiones sino queremos la protección del programa”, dice Velázquez.

“Algunos senadores y congresistas se han pronunciado a favor de la protección de TPS, pero esto no nos garantiza que el gobierno no desaparezca el programa”, agrega el activista.

En promedio, los receptores de Honduras y Nicaragua han vivido en Estados Unidos durante 22 años, los receptores de El Salvador un promedio de 21 años y los beneficiarios de Haití un promedio de 13 años.

Por mandato del presidente Trump, asi estan las reglas en la actualidad: