Sheriff de Orange ayudó a la ‘migra’ tras asegurar en videos que no lo haría

La comunidad pro-inmigrante del condado de Orange se vuelca en contra del sheriff local por “ayudar” a las autoridades de inmigración a detener indocumentados afuera de las cárceles.

De acuerdo a varios activistas, el departamento no obedeció la Ley Santuario a pesar de haber entrado en ley.

La indignación resulta tras unos documentos revelados por el mismo sheriff que muestran que en el 2018, el primer año de la implementación, la agencia entregó 717 presos de la cárcel del condado a las autoridades federales de inmigración (ICE).

“Estamos preocupados de que el Sheriff de Orange nos haya dado la espalda tras decir que su departamento iba a obedecer la ley”, dice Rosa Juárez, activista local.

“La gente no cree en las autoridades porque no sabemos ni cuántos de esos detenidos por ICE eran inocentes de delitos graves”, agrega Juárez.

La Ley Santuario impide que el sheriff entregue a los internos a ICE dentro de la cárcel. Sin embargo, los agentes le dejaron saber a la “migra” la fecha en que los detenidos indocumentados para que esta los esperara afuera para arrestarlos.

Las fechas de liberación de reclusos se pusieron en el sitio web de la cárcel.

El año pasado, un total de 1,823 reclusos de la cárcel del condado eran buscados por ICE. La ley impidió a los agentes notificar la liberación de 1,106 de esos internos.

De los internos con estatus de ‘detención’ de ICE, 173 fueron arrestados nuevamente por 58 tipos de delitos, incluyendo intento de asesinato, asalto y agresión, abuso de menores y robo, según el departamento del sheriff.

De los arrestados nuevamente en el condado de Orange, cuatro detenciones fueron por intento de asesinato, 10 por robo, dos por abuso sexual de menores y secuestro, y uno para actos lascivos, violación conyugal, violación estatutaria y secuestro de menores.

“No estamos contra las detenciones de los que han cometido actos graves, pero no sabemos cuánta gente que cometió delitos menores pudo ser afectada por esto”, dice Adolfo García, de la organización No Mas Encarcelaciones de las Minorías.

El problema, según los activistas, fueron los videos del consulado mexicano local donde salieron las autoridades a decir que respetarían la ley.

Por su parte, el sheriff Don Barnes dijo durante su campaña el año pasado que no se opone a algunas cláusulas de la ley, pero reiteró su oposición a la cláusula que le impide coordinar las transferencias de reclusos a ICE.

Para Barnes, si ICE debe retener a los reclusos adentro de las cárceles locales para los arrestos fáciles y sin terceros afectados,

“La comunicación abierta entre los agentes del orden público es una buena práctica para las agencias de seguridad pública”, dice Barnes.

La Ley Santuario “obstaculiza esta comunicación y pone a la comunidad en riesgo”.

Barnes asegura que va a seguir ejerciendo su autoridad para notificarle a ICE sobre las liberaciones al mismo tiempo que continuará abogando por la derogación de la ley.

Durante la campaña del alguacil, el año pasado, cuando él era el sub-alguacil, Barnes participó en la realización de videos de anuncio de servicio público con el Consulado de México, asegurando que el sheriff no iba a trabajar con ICE.

Los anuncios de servicio público estaban destinados a alertar a los indocumentados que la policía no los arrestaría si denunciaban un delito o eran víctimas de un crimen.

“Nunca hemos hecho cumplir las leyes de inmigración y lo haremos cumplir la ley de inmigración en el nivel de la calle’’, dijo.

El funcionario agregó entonces: “Si pide ayuda, estaremos allí para usted. No someteremos a nadie a ninguna consulta relacionada con su estado de inmigración”.

“La política pública arraigada en objetivos políticos a corto plazo nos hace estar menos a salvo”, dijo.

Recientemente, el American Civil Liberties Union (ACLU) reportó que varios detectives en el condado de Orange regularmente investigaban las placas de autos para darles información a los agentes de inmigración.

Sin embargo, esta no es la única región que lo hace, la organización reporta que el departamento de Bell, Downey, La Habra y Upland así como otras 80 agencias en más de una docena de estados contribuye con ICE a través de información de licencias burlando así la Ley Santuario.