Activistas exigen investigación en el retraso de solicitudes de ciudadanía

Activistas y líderes pro inmigrantes le exigen al Congreso iniciar una investigación sobre las políticas y prácticas, que están causando que las solicitudes de ciudadanía se acumulen en las oficinas de USCIS en todo el país.

Organizaciones como CASA, CHIRLA, NPNA y Unidos señalan que los datos disponibles de USCIS actuales, muestran que las solicitudes de ciudadanía pendientes en la agencia es de más de 731,000, casos el doble que en 2015.

Anterior al gobierno de Donald Trump, las ciudadanías eran obtenidas en un periodo de cinco meses. Sin embargo, ahora llegan entre los 10 y 20 meses.

Entre las oficinas de USCIS con los tiempos de procesamiento más prolongados se encuentran Texas, Nevada, Georgia, Florida, Minnesota, estados que parecen estar en “campos de batalla” en las elecciones de 2020, sostienen los líderes.

La exhortación de los grupos llegan poco antes de la reunión entre el director de USCIS, L. Francis Cissna y el Comité Hispano del Congreso (CHC).

“Aplaudimos al CHC por convocar esta reunión con Cissna”, dice Susan Collins, Directora de Política y Defensa de NPNA.

“Como USCIS restringe el acceso a la ciudadanía, Cissna no está engañando a nadie. Al igual que la propuesta de inmigración de la Casa Blanca que se compartió la semana pasada y la oposición del presidente Trump a la Ley de Sueños y Promesas de Estados Unidos, esta administración quiere limitar el acceso a la inmigración legal”, dice Collins.

Laura Vázquez, gerente de programas de iniciativas de inmigración en UnidosUS, busca que el Congreso exija preguntas contundentes sobre los retrasos, cuestionando políticas, plazos y procesos.

En la exhortación, también piden que el Congreso cuestione las “prácticas discriminatorias de Cissna”, ya que la mayoría de retrasos se encuentran en sitios donde la mayoría de solicitudes provienen de personas de bajos recursos.

Por ahora hay casi nueve millones de personas elegibles para la ciudadanía en Estados Unidos, y la mayoría de ellos han estado aquí y han contribuido durante décadas, afirman las organizaciones.

Según el USCIS, la mitad de las personas elegibles se convirtieron en poseedores de una tarjeta verde antes del año 2000.

A juicio Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, la agencia de USCIS ha sido durante mucho tiempo el departamento dentro de DHS sin una agenda política discernible para impulsar.

Sin embargo, este ya no es el caso, sostiene: “Ahora el USCIS descaradamente y sin vergüenza ha levantado un muro, no de ladrillo o acero, sino de una ideología sin sentido y motivos políticos para evitar que casi un millón de aspirantes a ciudadanos, alcancen su objetivo”, señala.

“En lugar de promover la ciudadanía estadounidense, el USCIS está construyendo un segundo muro invisible, que impide que aquellos que son elegibles se conviertan en ciudadanos”, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA.

“Desafortunadamente, esto es consistente con la agresiva agenda anti-inmigrante de la administración”, sostiene.