Recibe el gobernador Newsom el proyecto de ley que reescribe la ley de empleo de California

Los legisladores de California reescribieron las reglas de empleo para una amplia franja de industrias en una legislación que podría otorgar a cientos de miles de trabajadores nuevos beneficios laborales y el pago de garantías.

Luego de intensos debates sobre qué ocupaciones deberían estar exentas, el Proyecto de ley 5 de la Asamblea, que frena el uso de contratistas independientes por parte de las empresas, obtuvo la aprobación final en el senado estatal y la asamblea y fue enviado al gobernador Gavin Newsom, quien ha prometido su apoyo.

El proyecto de ley es uno de los más controvertidos del año. Podría alterar la relación entre trabajadores y jefes en empresas tan variadas como la tecnológia, construcción, atención médica, transporte por carretera, servicios de limpieza, salones de uñas, entretenimiento para adultos, pesca comercial y periódicos.

El mensaje de la legislación, dijo su autora, la asambleísta Lorena González (demócrata de San Diego), es “no vamos a permitir que las empresas independientes sigan pasando sus propios costos comerciales a los contribuyentes y trabajadores. Nuestro trabajo es buscar hombres y mujeres que trabajen, no Wall Street y sus OPI para enriquecerse rápidamente”.

Los contratistas, incluidos muchos en compañías tecnológicas multimillonarias, no están cubiertos por leyes que garanticen un salario mínimo, pago de horas extras, licencia por enfermedad, licencia familiar, seguro de desempleo y discapacidad, compensación de trabajadores y protección contra la discriminación o el acoso sexual. Tampoco las empresas pagan a los contratistas el Seguro Social o Medicare.

Después de meses de cabildeo por parte de la Cámara de Comercio de California y una veintena de asociaciones comerciales, la AB 5 eximió a una gran cantidad de ocupaciones, pero no a los gigantes de la plataforma Uber, Lyft, DoorDash, Postmates y otros que montaron un poderoso impulso para evitar reclasificar a sus trabajadores como empleados con protección laboral.

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea 56 a 15 y el Senado 29 a 11 en líneas ampliamente partidistas, con la mayoría de los demócratas votando a favor y la mayoría de los republicanos opuestos. Pero los legisladores de ambas tendencias políticas expresaron su preocupación sobre cómo podría afectar negativamente a las empresas en sus distritos.

“California solía ser un lugar donde se fomentaba el espíritu emprendedor”, dijo el asambleísta Jay Obernolte (R-Big Bear Lake), quien votó en contra del proyecto de ley. “Si este es el pensamiento de la Legislatura y de nuestro gobernador, realmente temo por el futuro de nuestro estado”.

La AB 5 codifica y amplía una decisión de la Corte Suprema de California de 2018 que adoptó un estricto estándar de tres partes para determinar si los trabajadores deben ser tratados como empleados, siguiendo el modelo de una prueba de Massachusetts. Sin el proyecto de ley, la decisión judicial habría afectado una parte mucho más amplia de la economía.

Otros estados han adoptado reglas para extender los beneficios como el seguro de desempleo y la compensación de trabajadores a contratistas independientes. Pero la ley de California es posiblemente la más fuerte de la nación. Otorga al estado y a las ciudades el derecho de presentar una demanda contra las empresas por una clasificación errónea, anulando los acuerdos de arbitraje que muchas compañías utilizan para protegerse de las quejas de los trabajadores.

Es probable que California establezca un precedente para otros y podría impulsar la legislación similar que ahora está pendiente en el Congreso. Varios candidatos presidenciales demócratas respaldaron la AB 5.

Sin embargo, hacer cumplir la ley contra los gigantes tecnológicos multimillonarios basados en aplicaciones, con una fuerza laboral de California estimada en unos 400.000 trabajadores a tiempo completo y parcial, podría involucrar batallas prolongadas.

Uber, Lyft y DoorDash destinaron la semana pasada $90 millones a un comité para una iniciativa de votación que crearía una categoría separada bajo el código laboral para sus trabajadores, a menos que la Legislatura cumpla con sus demandas en su próxima sesión. Y Uber señaló el miércoles que continuaría resistiendo los esfuerzos para convertir a los conductores en empleados.

“Los conductores no serán reclasificados automáticamente como empleados, incluso después de enero del próximo año”, dijo Tony West, director legal de Uber, a los periodistas después de la votación. “Esperamos seguir respondiendo a las reclamaciones de clasificación errónea en el arbitraje y en los tribunales según sea necesario, tal como lo hacemos ahora”.

Miles de trabajadores de Uber, Lyft y DoorDash han presentado demandas de clasificación errónea y protestas públicas por recortes salariales y despidos arbitrarios. Otros, sin embargo, temen que el estado de los empleados aliente a las compañías a reducir sus horas y evitar que conduzcan en múltiples plataformas.

Newsom ha manifestado su interés en encontrar un compromiso que satisfaga tanto a las empresas tecnológicas como a los sindicatos que se han propuesto organizar a los trabajadores de tecnología.

Pero en un artículo de opinión sobre el Día del Trabajo, ofreció un fuerte respaldo a la AB 5. Señaló que los trabajadores mal clasificados “pierden protecciones básicas como el salario mínimo, los días de enfermedad pagados y los beneficios del seguro médico.

Los empleadores eluden la responsabilidad de los programas de redes de seguridad como la compensación laboral y el seguro de desempleo. Los contribuyentes deben pagar la factura.

Las autoridades estatales estiman que California pierde unos $7 mil millones al año en impuestos sobre la nómina debido a una clasificación errónea. Los cupones de alimentos, la atención médica y otros beneficios netos de seguridad para contratistas independientes que no ganan un salario digno se suman a la cuenta.

La AB 5 fue apoyada por una poderosa coalición de sindicatos, muchos de los cuales han sufrido un estancamiento de la membresía a medida que las empresas clasifican a gran parte de su fuerza laboral como contratistas independientes. Según la ley federal, sólo los empleados pueden unirse a sindicatos y negociar colectivamente salarios y beneficios.

En una carta dirigida a los legisladores, los sindicatos de la construcción de California, que representan a 450.000 Teamsters, techadores, pintores, caldereros y otros trabajadores, señalaron que “nuestros empleadores enfrentan una intensa competencia de la economía subterránea... contratistas sin escrúpulos que ganan ofertas clasificando erróneamente a los trabajadores”.

Además del cabildeo de las empresas tecnológicas vociferantes, otras compañías sitiaron a los legisladores durante meses. Las asociaciones de camiones presentaron demandas por las reglas establecidas en la decisión judicial y las flotas de propietarios-operadores independientes rodearon el Capitolio en sus grandes plataformas, con bocinas a todo volumen. La legislación fue enmendada para ofrecer una separación estrecha a los propietarios-operadores independientes que realizan entregas en los sitios de construcción.

Los periódicos y la Asociación de Editores de Noticias de California publicaron editoriales en busca de exenciones para los trabajadores a tiempo parcial, y publicaron anuncios de página completa afirmando que la AB 5 pondría a muchos periódicos fuera del negocio. Al final, al grupo se le prometió un aplazamiento de un año de cumplimiento.

La decisión judicial que condujo a la AB 5 implicó un negocio de entrega de paquetes, Dynamex Operations West. La compañía reclasificó a sus empleados como contratistas independientes, recortando sus beneficios y obligándolos a usar sus propios vehículos.

Según la nueva prueba del tribunal, un trabajador es un empleado si su trabajo forma parte del negocio principal de una empresa; si los jefes dirigen la forma en que se hace el trabajo; o si el trabajador no ha establecido un comercio o negocio independiente.

La nueva “prueba ABC”, como se le llama, reemplaza un conjunto estándar de 11 puntos en un caso judicial de 1989 que “hizo que determinar quién era o no un contratista independiente fuera complicado, costoso y propenso a litigios”, según el Análisis del Senado de AB 5.

La decisión de Dynamex se aplicó sólo a las normas que rigen los salarios mínimos, las horas extras y las pausas para comidas y descansos, pero según la AB 5, los trabajadores clasificados como empleados también deben recibir compensación laboral en caso de lesiones industriales, seguro de desempleo e incapacidad, días de enfermedad pagados y permiso familiar.

Las empresas dicen que los beneficios adicionales agregan hasta un 30% a sus costos laborales.

Pero la AB 5 es más limitada que la decisión de la corte debido a los puntajes de ocupaciones que exime de la nueva prueba. Los trabajadores exentos incluyen médicos, dentistas, abogados, ingenieros, contadores, arquitectos, agentes de bienes raíces, agentes de viajes, diseñadores gráficos, administradores de recursos humanos, escritores de subvenciones, vendedores, artistas, asesores de inversiones y corredores de bolsa.

Varias exenciones vienen con condiciones. Los pescadores comerciales están exentos, excepto del seguro de desempleo. Los barberos, cosmetólogos y manicuristas están exentos sólo si establecen sus propias tarifas, los clientes les pagan directamente y programan sus propias citas. Los vendedores están exentos, siempre que su pago se base en ventas reales, en lugar de compras al por mayor o referencias.

Las exenciones plantearon objeciones incluso entre los opositores del proyecto de ley. Las separaciones favorecieron a “los grupos comerciales con los mejores cabilderos”, dijo la asambleísta Marie Waldron (republicana de Escondido).

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