Por qué tomó dos años arrestar al donante demócrata Ed Buck, pese a las flagrantes acusaciones y alertas
El rico donante demócrata ha estado bajo escrutinio desde que un joven murió de una sobredosis de drogas en su casa.
Cuando, en 2017, las autoridades hallaron un muerto dentro de la casa del donante demócrata Ed Buck, en West Hollywood, rápidamente pensaron que el caso era más complejo que una sobredosis de drogas.
Los detectives del sheriff del condado de Los Ángeles encontraron casi dos gramos de metanfetamina, jeringas y otra parafernalia de drogas en toda la residencia. El fallecido, Gemmel Moore, había escrito en su diario que Buck lo había vuelto adicto a la metanfetamina.
En las semanas siguientes, cuando activistas de las comunidades negras y LGBTQ sostuvieron que Buck era un depredador peligroso, otros dos hombres se presentaron y dijeron a los investigadores que el sujeto les había inyectado metanfetamina contra su voluntad, según muestran los registros judiciales.
Una concejal de West Hollywood remarcó que ella también había instado a la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles a tomar en serio las historias.
Pero Buck no fue arrestado hasta este mes, cuando los fiscales locales lo acusaron de manejar una guarida de drogas. Dos días después, los procuradores federales lo culparon de proporcionar las sustancias que provocaron la sobredosis de Moore, y lo imputaron en relación con esa muerte más de un año después de que la fiscalía de distrito se negara a hacerlo.
Ed Buck, el donante demócrata que recientemente fue acusado de dirigir una casa de drogas en West Hollywood donde dos hombres han muerto, enfrenta un caso penal federal en relación con una de las sobredosis.
Las nuevas revelaciones se sumaron a las dudas sobre por qué tomó tanto tiempo construir un caso contra Buck. Los activistas comunitarios y la familia de Moore han sido particularmente críticos con Jackie Lacey, fiscal de distrito de Los Ángeles, por no enjuiciar a Buck a raíz de la primera muerte, y cuestionó las iniciativas de los investigadores del sheriff.
En el tiempo transcurrido entre el deceso de Moore y el arresto de Buck, un segundo hombre falleció por una sobredosis en su apartamento, y las autoridades sostienen que un tercero estuvo al borde de morir -también de una sobredosis- antes de escapar a una gasolinera y llamar al 911.
Al menos otros ocho individuos alegaron a las autoridades que Buck les proporcionó sustancias a cambio de ser parte de sus fetiches sexuales, alimentados por las drogas. Varios afirmaron que Buck los inyectó mientras dormían, y dos describieron incidentes que equivalían a acusaciones de conducta sexual inapropiada.
En un correo electrónico, un portavoz de la fiscalía de distrito, Greg Risling, señaló que a la agencia “se le exige, legal y éticamente, presentar cargos que tengan evidencia suficiente y admisible para convencer a un jurado objetivo de la culpabilidad de un acusado, más allá de una duda razonable”.
El vocero rechazó una solicitud de entrevista de The Times y no respondió a una lista de preguntas sobre la decisión de la oficina de no acusar a Buck por delitos menores de drogas, o si se había evaluado acusarlo por conducta sexual inapropiada.
El abogado de Buck, Seymour Amster, se negó a discutir el caso. El departamento del sheriff también declinó hacer comentarios.
La policía de Corona dice que, basándose en las pruebas, el agente de policía Salvador Sánchez estaba “sentado” lejos de Kenneth French cuando le disparó fatalmente.
Problemas que pueden ser probados parecen haber plagado el caso original contra Buck. En un documento presentado cuando el fiscal de distrito se negó a presentar cargos, en 2018, los fiscales enumeraron evidencia insuficiente y una “búsqueda e incautación inadmisible” entre las razones para no procesar a Buck.
Los líderes de las fuerzas del orden nunca explicaron qué conducta ilegal se cometió durante la primera requisa en la casa de Buck.
Lacey sostuvo que las pruebas indirectas habrían impedido que los fiscales usaran el diario de Moore contra Buck. Los expertos legales sugirieron que lo mismo podría haber impedido el testimonio de su madre, LaTisha Nixon.
La mujer declaró que Moore le dijo que Buck lo había obligado a usar metanfetamina.
Los registros de la corte sugieren que los fiscales locales que se negaron a acusar a Buck en 2018 revisaron la misma evidencia principal que los fiscales federales examinaron este año, aunque Risling afirmó que el cargo relacionado con el deceso de Moore impuesto por los fiscales federales no existe en el marco de la ley de California.
Aunque eso es cierto, los expertos afirmaron que la oficina de Lacey podría haber considerado un cargo de homicidio involuntario según la ley estatal. La explicación probable es que la imputación federal conlleva una sanción mucho más severa, remarcó Laurie Levenson, profesora de la facultad de derecho de Loyola y ex fiscal federal que revisó la declaración jurada presentada en apoyo de los cargos federales.
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Buck habría enfrentado un máximo de cuatro años en prisión de ser declarado culpable de homicidio involuntario en un tribunal estatal, pero pasaría un mínimo de 20 años encarcelado por el cargo federal.
Para Levenson, la fiscalía de distrito probablemente podría haberlo acusado de un delito de drogas mucho antes. “Después de dos muertes... no creo que haya ninguna duda de que posiblemente antes de esta semana se avanzó con esos cargos”, señaló.
Levenson también manifestó que los testigos adicionales probablemente fueron críticos para la decisión de acusar a Buck.
Establecer un patrón de comportamiento peligroso contribuiría en gran medida a la falla de su defensa, remarcó.
“Los fiscales anticipaban que la defensa en el caso de Moore sería el ‘Fue un accidente’. No es posible que un accidente se repita 10 veces, por lo cual el patrón es clave”, señaló Levenson. “Aunque los hechos no han cambiado, la forma en que se perciben sí”.
Los fiscales federales se involucraron en el caso en junio, después de que un agente del sheriff que integraba un grupo de tareas federal antidrogas les llamara la atención, comentó Thom Mrozek, vocero de la oficina del fiscal estadounidense en Los Ángeles. Se espera que el caso federal pase primero a juicio.
Mientras que las agencias estatales y federales indicaron que colaboraron en el caso, fuentes policiales aseguraron previamente al Times que había un debate sobre en qué jurisdicción acusar a Buck. Una fuente describió la situación como una “pelea”.
No está claro por qué la oficina del fiscal de distrito no actuó sobre las acusaciones relacionadas con las drogas descritas en la denuncia federal, aunque los documentos de la corte no enumeran fechas ni horas específicas de esos incidentes, lo cual significa que podrían haber prescrito o ser difíciles de corroborar.
Los cargos presentados por la fiscalía de distrito este mes se centran en una sola víctima, identificada como “Joe Doe”. El hombre, que habló con The Times la semana pasada, dijo que era desamparado hasta que se mudó a la residencia de Buck, a fines de julio.
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Según la denuncia federal, el sujeto vivió con Buck durante casi cinco semanas, en las cuales consumió drogas o tuvo relaciones sexuales casi a diario. Después de huir de allí, a principios de este mes, volvió a la calle. El hombre se negó a discutir su relación con Buck.
Activistas y abogados involucrados en el caso expresaron que el gran volumen de acusaciones en la querella federal sugiere que Buck debería haber sido arrestado antes.
“Hubo numerosos Joe Doe, y durante dos años, nuestro equipo trabajó en conjunto para traer siete u ocho ‘Joe Doe’ al condado, y se les entrevistó”, señaló Hussain Turk, un abogado que representa a Nixon.
“Durante estas conversaciones, todos relataron cómo se vieron obligados a ingerir, o fueron inyectados por la fuerza con metanfetamina cristalina en dosis letales, a veces mientras estaban desmayados, ni siquiera conscientes”.
La alcaldesa de West Hollywood, Lindsey Horvath, afirmó que trató de alentar al fiscal de distrito a permitir que los testigos potenciales hablen con inmunidad de otros posibles delitos, como el uso de drogas o la prostitución, a raíz de la muerte de Moore, pero sus llamados a la oficina de Lacey no fueron respondidos.
Sólo pudo hablar con Lacey después de que un segundo individuo, Timothy Dean, de 55 años, murió en el departamento de Buck, en enero pasado.
El análisis muestra que se produjeron 3.8 segundos entre el momento en que el agente fue golpeado y los disparos.
Según la abogada Nana Gyamfi, quien representa a algunos de los testigos, los investigadores expresaron dudas sobre lo narrado por los hombres, porque eran trabajadores sexuales. “Era como si trataran de refutar su propio caso”, comentó.
Risling dijo que la “credibilidad de los testigos” fue uno de los problemas que pesaron sobre los fiscales cuando se negaron a acusar a Buck en 2018, pero no dio más detalles.
Nixon remarcó en repetidas ocasiones que las autoridades parecían desinteresadas en el caso de su hijo, y rara vez la contactaron durante la investigación. Recibió una llamada telefónica de un detective del sheriff el año pasado, indicó, para informarle sobre la decisión de no imputar a Buck.
La mujer tuvo noticias de los funcionarios del condado al menos una vez más: cuando la oficina del forense le envió una factura por sacar el cuerpo de su hijo del domicilio de Buck. “Al principio iba a saldar la cuenta, pero lo pensé y dije: ¿por qué debo pagar por alguien que asesina a mi hijo?”, se preguntó.
Según la ley de California, las oficinas forenses pueden cobrar tarifas por el “transporte y almacenamiento de los fallecidos”.
Sarah Ardalani, vocera del forense del condado de Los Ángeles, indicó que la agencia hace excepciones en el caso de homicidios, la muerte de veteranos militares y víctimas menores de 14 años, o si la familia solicita una exención debido a dificultades financieras. La muerte de Moore había sido declarada accidental en ese momento, y Nixon no solicitó una exención de tarifas, explicó.
Se estima que 1 de cada 16 mujeres en los EE.UU. dijo que fueron forzadas o coaccionadas a tener relaciones sexuales por primera vez. Eso equivale a 3,3 millones de mujeres de 18 y 44 años.
Algunos sugirieron que la situación de Buck, un rico donante demócrata, puede haberlo protegido del enjuiciamiento al principio.
El hombre, quien primero ganó prominencia como un republicano registrado en Arizona, había contribuido con más de $500,000 para causas progresistas en la última década y apoyado a candidatos para el Consejo de la Ciudad de West Hollywood, la junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y la campaña de reelección del alcalde Eric Garcetti.
Pero sus donaciones a las campañas de los líderes de las fuerzas del orden encargados de perseguirlo fueron pequeñas. Los registros muestran que donó $100 a Lacey en 2012. Nunca contribuyó con las campañas del ex sheriff Jim McDonnell o el sheriff Alex Villanueva, según muestran los registros del condado.
Levenson expuso que también había otros obstáculos para acusar a Buck por la muerte de Moore. “Para ser justos con la gente de Lacey, hay algunos problemas de causalidad interesantes, al menos con el caso de Moore”, indicó.
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“¿Cómo podían demostrar que la metanfetamina era de Buck? ¿Cómo probarían que había obligado a Moore a hacer eso? Son todas preguntas legítimas”.
No está claro si Buck podría enfrentar cargos adicionales. Para Lacey, sigue siendo un “sospechoso” en las muertes de Moore y Dean.
Al día de hoy, Nixon está frustrada por la saga de dos años que fue necesaria para acusarlo, pero espera que las autoridades federales finalmente puedan triunfar allí donde otros fracasaron.
“Pensemos en ello. Creo que inicialmente no les importó”, expresó. “La comunidad negra y gay no es importante para muchas personas. Sinceramente, creo que por eso les tomó tanto tiempo”, expuso Nixon.
Maloy Moore, investigadora de The Times, contribuyó con este artículo.
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