Un debate legal y ético: ¿Son las madres adictas responsables de las muertes de sus bebés?
Una mujer de California está en el centro de un debate legal y ético sobre cómo el sistema de justicia está vigilando los cuerpos de las mujeres y tratando a las madres con adicción.
Chelsea Becker estaba lista para recibir a Zachariah. Había comprado una cuna, un asiento para el automóvil, y ropa.
“Aquí está tu hermanito”, le susurraba a su hijo menor, Silas, de 16 meses, y el pequeño abrazaba su vientre.
Pero estando sola en la casa de una amiga, en septiembre pasado, la joven de 25 años sintió que algo andaba mal. Había notado un leve sangrado cuando se había levantado para ir al baño. Antes de que pudiera regresar a donde había estado acostada, percibió algo húmedo.
Al principio, pensó que había roto aguas. Pero entonces se dio cuenta de que era sangre.
Cuando su madre, Jennifer Hernández, llegó para llevarla a un hospital y vio la condición de su hija, llamó a una ambulancia.
Aproximadamente tres horas después de llegar al hospital Adventist Health, en Hanford, California, la joven dio a luz a un bebé muerto. Un empleado le entregó el cuerpo del pequeño, para que pudiera despedirse.
El hospital luego llamó a la oficina forense del condado de Kings.
Casi dos meses después, el 6 de noviembre, la policía arrestó a Becker. Los fiscales alegan que ella asesinó a su hijo, y citan un informe de la autopsia que muestra que el bebé tenía niveles tóxicos de metanfetamina en su cuerpo. Ella está detenida en la cárcel del condado de Kings, y su fianza se estableció en $5 millones.
Aproximadamente una semana después de su arresto, Becker se sentó en un espacio de visitas, con un uniforme a rayas verde y blanco. Su cara estaba hinchada y llena de lágrimas, la piel alrededor de sus ojos lucía enrojecida.
Al principio le fue difícil encontrar palabras, luego aparecieron todas a la vez. “No maté a mi bebé”, dijo entre sollozos. “Estaba lista para él, era tan lindo. Luego me pidieron que lo viera después del nacimiento, y estaba todo azul”.
La joven reconoció que cometió errores y que necesita ayuda; que lucha contra la adicción. “Desearía haber muerto yo en su lugar”.
Titulares de Hoy
Becker está en el centro de un debate legal y ético sobre la criminalización del abuso de drogas y el embarazo, que tiene lugar en todo el país. Los expertos legales plantean preguntas sobre cómo el sistema de justicia vigila los cuerpos de las mujeres, y cómo trata a las madres que luchan contra las adicciones.
El código penal de California define el asesinato como el homicidio ilegal de un ser humano o un niño por nacer. El estatuto fue modificado para incluir la palabra “feto”, en 1970.
Los legisladores hicieron el cambio después de que la Corte Suprema del estado revocó la condena de un hombre de Stockton acusado de asesinato por golpear a su esposa embarazada, de quien estaba separado, y hacer que esta perdiera al bebé.
Pero la ley nunca tuvo la intención de implicar a madres de bebés nacidos muertos, argumentan los defensores de los derechos de las mujeres. De hecho, al margen de un caso que involucra una declaración sin disputar, no ha habido condenas en tales casos en la historia moderna del estado.
Ese también sucedió en Hanford.
Adora Pérez fue arrestada allí en 2018. Al igual que Becker, está acusada de usar metanfetamina durante el embarazo. Ahora cumple una condena de 11 años en una prisión estatal, después de perder una apelación.
La oficina del fiscal de distrito del condado de Kings dirigió la acusación contra Pérez y ahora trabaja en un caso de asesinato similar, contra Becker. “Como fiscales, seguimos la ley”, afirmó el fiscal adjunto de distrito Philip Esbenshade mediante un correo electrónico enviado a principios de este mes.
En una declaración a The Times, Esbenshade expuso que el Departamento de Policía de Hanford “realizó una investigación muy detallada” sobre Becker y los fiscales “sienten que el cargo [en su contra] es apropiado según la ley de California”.
Pero Lynn M. Paltrow, fundadora y directora de National Advocates for Pregnant Women, sostiene que el caso es un abuso de la autoridad de la fiscalía. La organización se ofreció a ayudar a Becker con su defensa legal.
“El sistema de derecho penal no tiene ninguna función en respuesta a las mujeres embarazadas, la gestación y el resultado de estas”, indicó Paltrow. “Todo lo que hacen estos procesamientos es disuadir a las mujeres de recibir atención y de hablar honestamente sobre sus problemas de salud”.
Becker nació y creció en Hanford, una ciudad de callejones sin salida delineados sobre vastas extensiones de tierras de cultivo en el Valle de San Joaquín, en California.
La tasa de desempleo del área, 5.7%, es la séptima más alta de cualquier región metropolitana de la nación. Casi una quinta parte de los residentes del condado de Kings vivían en la pobreza en 2017, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU.
La metanfetamina no es ajena a esa ciudad de 56.000 habitantes, pero no fue allí donde Becker descubrió la droga, según su madre.
Cuando era adolescente, Becker se mudó a Minnesota para vivir con su padre durante varios años. Regresó a los 19 años ya adicta, y encontró un suministro constante de metanfetamina en Hanford, añadió Hernández.
Las mismas rutas que ayudan a que el Valle de San Joaquín sea una de las mecas agrícolas del mundo, también atraen a fuerzas más oscuras. El Valle Central se convirtió en un centro de distribución de metanfetamina en EE.UU, según los funcionarios federales del orden.
Debido a su adicción, Becker admite que tomó malas decisiones y que no ha sido una buena madre. Según su familia, dos de sus tres hijos sobrevivientes nacieron con metanfetamina en sus cuerpos. Todos fueron retirados de su cuidado.
La tía de Becker, Julie Lance, quien tiene la custodia de dos de los niños, cree que su sobrina debería enfrentar consecuencias por sus acciones. “Si retiran estos cargos y la dejan salir de la cárcel, ella recaerá nuevamente”, aseguró Lance. “Necesita atención de salud mental, rehabilitación de drogas, y pasar un tiempo en la cárcel”.
Sin embargo, otros de sus parientes dicen que los cargos criminales en su contra son injustos, y que la oficina del Departamento de Justicia la ha convertido en un monstruo.
“No aprobamos lo que sucedió, pero al mismo tiempo, ella no es como la pintan”, expresó el hermano de Becker, Brandon Nikonowicz, desde una cafetería en las afueras de Hanford. “Ella es alguien que tiene un problema de adicción, no una asesina”.
Desde el arresto de Becker, los miembros de su familia han buscado desesperadamente casos similares relacionados con las adicciones y el parto. Hay decisiones judiciales anteriores en California y en otros lugares que podrían jugar un papel destacado en el destino de la joven.
En 1992, las autoridades del condado de San Benito acusaron a Roseann Jaurigue de asesinato después de que sufriera un desprendimiento de placenta que derivó en la muerte fetal. Las autoridades afirmaron que había consumido cocaína sin parar el día que debía dar a luz, y que sólo buscó atención en un hospital dos días después.
El desprendimiento de la placenta está asociado con el uso de drogas durante el embarazo, pero también se relaciona con la presión arterial alta, el traumatismo abdominal, la diabetes, la edad materna avanzada y algunas infecciones, según los expertos médicos.
El caso de Jaurigue fue el primer intento en California de enjuiciar a una mujer bajo la enmienda de 1970 al código penal.
Los abogados defensores de ACLU argumentaron que la enmienda, adoptada en respuesta a un caso de violencia doméstica muy publicitado, no estaba destinada a usarse en contra de las mujeres embarazadas. En cambio, su finalidad era poder enjuiciar a las personas que atacan a mujeres embarazadas con la intención de matar a sus bebés no nacidos.
Un juez del Tribunal Superior en el condado de San Benito coincidió, y desestimó el caso.
Un año más tarde, en 1993, Lynda Jones fue acusada de asesinato en el condado de Siskiyou después de que sufrió un desprendimiento de placenta y dio a luz prematuramente. El bebé murió 22 horas después, y las autoridades señalaron que el uso de metanfetamina era responsable de la cuestión. Un magistrado desestimó el caso.
Los expertos legales no pueden explicar por qué ahora, más de 25 años después, los fiscales emplean la misma razón contra Becker. “La ley de California claramente no permite un enjuiciamiento como este”, aseguró Alexa Kolbi-Molinas, abogada principal del Proyecto de Libertad Reproductiva de ACLU.
En términos más generales, los partidarios de Becker han señalado un caso de Carolina del Sur que se enfrentó a muchos de los mismos problemas relacionados con el uso de drogas durante el embarazo.
En 2001, Regina McKnight fue condenada por homicidio por abuso infantil después de admitir que había consumido cocaína durante el embarazo y luego dio a luz a un bebé muerto.
McKnight pasó años tras las rejas antes de que la Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó, en 2008, que no había tenido un juicio justo.
El tribunal determinó que el defensor público de McKnight no había desafiado el testimonio de los testigos expertos de la fiscalía, que descartaron causas naturales de muerte.
En su fallo, la Corte Suprema del estado explicó que una defensa adecuada habría incluido “estudios recientes que demuestran que la cocaína no es más dañina para el feto que el uso de la nicotina, la mala nutrición, la falta de atención prenatal u otras condiciones comúnmente asociadas con los pobres urbanos”.
Michele Goodwin, profesora de derecho en UC Irvine y autora del libro “Policing the Womb” (La vigilancia del vientre), de próxima edición, dijo que las mujeres procesadas en relación con los niños nacidos muertos y vinculadas al uso de drogas viven abrumadoramente en entornos pobres e inestables.
“Lo que hace que estos enjuiciamientos sean tan altamente problemáticos es que, en coincidencia con la pobreza de estas mujeres y también con su uso de drogas y adicciones, están las situaciones en las que viven”, expuso Goodwin. “Esta es un área donde hay mucha ambigüedad”.
A pesar de las preguntas legales planteadas por estos casos anteriores, los fiscales en el condado de Kings están avanzando con el caso de Becker después de haber procesado con éxito a otra residente de Hanford, Adora Pérez.
Pérez, ahora de 31 años, fue acusada de asesinato en enero de 2018 después de sufrir un desprendimiento de placenta y dar a luz a un bebé sin vida, en Adventist Health en Hanford, el mismo hospital donde atendieron a Becker.
El bebé, llamado Hades, era su décimo hijo. Todos, menos los tres mayores, habían nacido con metanfetamina en sus cuerpos, comentó Sabrina Pérez, tía de Adora.
Al principio, los empleados del hospital simpatizaban con Pérez, comentó su tía. “Le decían: Lamentamos tu pérdida; te dejaremos sola con el bebé por un rato, y Adora lo abrazó mientras aún el cuerpo estaba tibio”.
Pero tan pronto como se descubrió el historial de Pérez de dar a luz a bebés expuestos a drogas, el personal se lo llevó inmediatamente y le dijo que tenían que realizar pruebas.
Los funcionarios del hospital llamaron al forense, y un médico confirmó a la policía que el bebé había muerto a causa del uso de metanfetamina durante el embarazo, según muestran los registros judiciales.
Aunque no existe una ley estatal que exija que los centros médicos notifiquen a la oficina forense acerca de los mortinatos, una portavoz del grupo Adventist Health en el Valle Central, que incluye a Adventist Health Hanford, explicó que la política del hospital es llamar al forense ante cualquier bebé muerto nacido de más de 20 semanas.
La policía arrestó a Pérez la mañana después de que dio a luz, en el día de Año Nuevo. “No tuvo la oportunidad de llorar a su propio bebé”, relató Sabrina Pérez. “No tuvo posibilidad de hacer una pequeña recepción para su propio hijo”.
En lugar de eso, Sabrina, su padre y el hijo mayor de Adora recogieron las cenizas de Hades, comentó la mujer.
Aproximadamente cuatro meses después de su arresto, Adora Pérez no se opuso a un cargo de homicidio voluntario como parte de un acuerdo de culpabilidad. Pero poco después, cambió de opinión y contrató a un nuevo abogado, quien presentó una moción para retirar la declaración.
En documentos de la corte, Pérez expuso que no había entendido lo que estaba haciendo y que su defensor público designado por la corte no había investigado la muerte de su bebé ni discutido las posibles defensas con ella.
En cambio, un juez del Tribunal Superior del Condado de Kings negó la moción y sentenció a Pérez a 11 años de prisión.
Más tarde, Pérez le pagó a una abogada privada $10.000, quien presentó un aviso de apelación ante el tribunal y después dejó de contestar las llamadas telefónicas de la familia, dijo su tía. “Ella tomó el dinero de Adora, y eso fue todo”.
La apelación continuó, manejada por otro abogado designado por el tribunal, que no ofreció nuevas pruebas convincentes. El 26 de marzo de 2019, la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito confirmó la sentencia de Pérez.
Becker, mientras tanto, debe presentarse en la corte el 5 de diciembre, cuando se espera que un juez fije una fecha para su audiencia preliminar.
Desde su celda, repite los eventos que terminaron con la muerte de Zachariah y se pregunta cómo las cosas podrían haber sido diferentes. “Sé que no voy a estar mentalmente bien después de esto, incluso si salgo [de la cárcel]“. Pero, aseguró, “no soy una asesina”. Sólo necesito rehabilitación”.
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