Un juez dictamina que ICE debe permitir a los detenidos llamadas privadas gratuitas con abogados durante la pandemia
Un juez federal dictaminó que los funcionarios de inmigración deben permitir llamadas telefónicas confidenciales entre los detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto y sus abogados a la luz del brote de coronavirus.
El fallo de 15 páginas del juez de distrito de Estados Unidos, Jesús G. Bernal, determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos debe revertir una política que, según los críticos, hizo prácticamente imposible que los detenidos y sus abogados se reunieran en privado en la instalación, a unas 80 millas al este de Los Ángeles en el condado de San Bernardino.
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Bernal determinó que la agencia tiene que proporcionar “llamadas legales gratuitas, razonablemente privadas, a líneas telefónicas no registradas y no monitoreadas, y debe idear un procedimiento confiable para que los abogados y los detenidos programen esas llamadas dentro de las 24 horas de una solicitud”.
La decisión se produjo después de que la American Civil Liberties Union Foundation of Southern California y otras buscaran una orden de restricción temporal a fines del mes pasado, señalando los riesgos planteados por las visitas en persona en medio de la pandemia de COVID-19.
Los abogados de los detenidos, que incluyeron la Immigrants’ Rights Clinic at Stanford Law School y el bufete de abogados Sidley Austin, elogiaron la decisión de abrir otros métodos para comunicarse con el mundo exterior durante la pandemia.
“Esta orden protegerá el derecho constitucional de los inmigrantes detenidos a hablar con sus abogados, permitiéndoles luchar contra la deportación y recuperar su libertad”, señaló Eva Bitrán, abogada de ACLU, en un comunicado.
Los gobiernos de América Central pueden hacer poco para impedir que EE.UU deporte a los migrantes que pueden introducir casos de coronavirus en una región hasta ahora muy protegida del virus.
El grupo de libertades civiles dijo que el acceso telefónico había sido severamente restringido en Adelanto, uno de los centros de detención más grandes del país, que alberga a casi 2,000 personas.
Los abogados argumentaron que las conversaciones no sólo eran no confidenciales sino también prohibitivamente caras, y que el sistema telefónico no permitía a los detenidos dejar mensajes si no recibían una respuesta.
Bernal dictaminó que las llamadas deben ser gratuitas y ofrecer a los detenidos la posibilidad de dejar mensajes. El juez también dijo que ICE debe ayudar a los detenidos y sus abogados a intercambiar documentos legales privados.
ICE no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
La agencia podría pedirle a un tribunal federal de apelaciones que suspenda la orden. Otra audiencia está programada para finales de este mes.
Lo que se anunció como un plan coordinado para ayudar a las personas sin hogar se ha convertido en un enfoque de retazos, frenando los esfuerzos cruciales durante la pandemia de coronavirus.
El fallo es el último giro en una larga lucha legal entre los defensores de la inmigración, la agencia y su contratista de instalaciones, GEO Group Inc., pero la situación de emergencia causada por el virus llevó al juez a actuar.
Es la última intervención legal en la instalación desde que el brote de coronavirus comenzó a complicar la detención allí en las últimas semanas.
A medida que un número creciente de detenidos de ICE en todo el país dan positivo para COVID-19, los abogados de California están trabajando para liberar a tantos clientes como sea posible invocando los derechos constitucionales y argumentando las razones humanitarias.
En la última semana, el juez de distrito estadounidense Terry J. Hatter Jr. ordenó la liberación de al menos 10 personas de Adelanto.
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