Titulares de TPS están en la primera línea de lucha ante el coronavirus

Grupos comunitarios proinmigrantes se lanza a favor de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), para solicitar su residencia permanente al ser uno de los sectores en primera línea de defensa en la emergencia por el COVID19.

Alianza Américas, una red de 50 organizaciones dirigidas por inmigrantes que representan a más de 100,000 familias en todo Estados Unidos, pide al Congreso de los Estados Unidos, y a la administración Trump que promulgue un cambio en la ley de inmigración para permitir que las personas beneficiarias de TPS soliciten visas de residencia permanente.

“El trabajo que realiza estas personas beneficiarias de TPS es heroico y están haciendo una contribución diaria y tangible a las comunidades en todos los Estados Unidos”, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.

Un estudio realizado por el Center for American Progress (https://www.americanprogress.org/) revela que 131,000 beneficiarios de TPS trabajaron en industrias como la salud, la industria alimentaria, el transporte, entre otras tareas declaradas como esenciales durante la emergencia.

Estas personas son parte de la fuerza laboral que pone en riesgo sus vidas para atender a pacientes con COVID-19, y para llevar alimentos y provisiones a los hogares en los estados más afectados por la pandemia, cuentos como California, Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts, Maryland y Texas.

Al menos 11,600 trabajadores de la salud son receptores de permisos TPS, de los cuales 8,100 son asistentes de cuidado de la salud personal, del hogar y asistentes de enfermería. Estos trabajadores de El Salvador, Honduras y Haití trabajan en una industria que contacta con una escasez de personal antes de la emergencia y ahora están operando en niveles críticos.

“El sacrificio que estas personas y sus familias están haciendo es ejemplar, especialmente cuando su futuro en este país es incierto”, dijo Chacón.

Oficialmente, el programa TPS para todos los países, con algunas dudas, finalizó en 2017 cuando la administración Trump consideró las protecciones que no eran necesarias. Algunas personas beneficiarias habían pasado más de 20 años en el país y formaron familias durante ese tiempo. En respuesta a los desafíos judiciales de las organizaciones de defensa, se podría controlar el programa continuo, aunque podría finalizar en cualquier momento de la decisión de una corte de apelaciones de California.