Revocaron el fallo que ordenó la liberación inmediata de todos los inmigrantes en California, ahora seguirán detenidos

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revocó el martes la orden de un tribunal inferior de reducir significativamente el número de detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE, de Adelanto, al noreste de Los Ángeles.

El fallo de los jueces Barry Silverman, Jacqueline Nguyen y Daniel Collins se produjo en respuesta a una solicitud de emergencia de la administración Trump para detener el requerimiento judicial preliminar del 23 de abril, del juez de distrito estadounidense Terry Hatter, mientras apela su orden. Un mandato judicial preliminar se emite de forma temporal, al principio de un juicio, para evitar que los acusados prolonguen potenciales acciones dañinas mientras avanza el caso.

Para proteger a los detenidos de un posible brote de coronavirus, Hatter había declarado que la población de Adelanto, uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes del país, debía disminuir “a un nivel que permita a los detenidos restantes mantener una distancia social de seis pies el uno del otro, en todo momento”. El magistrado había ordenado a ICE que no trasladara a ningún nuevo detenido en las instalaciones y que redujera la población del lugar en al menos 250 individuos antes del 30 de abril.

Adelanto tiene espacio para casi 2.000 detenidos, pero actualmente alberga a unos 1.200. A nivel nacional, 29.700 personas están bajo custodia de ICE.

Los abogados del gobierno federal apelaron la decisión de Hatter el día después de su emisión, para evitar que los detenidos sean puestos en libertad de inmediato.

Los jueces del Noveno Circuito dejaron intacto un aspecto del fallo de Hatter: su requisito de que los administradores de las instalaciones de Adelanto cumplan con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en los sitios de detención, relacionadas con el COVID-19. La pauta incluye asegurar que los detenidos reciban evaluaciones médicas y tratamiento ante los primeros signos de coronavirus; que las personas con síntomas usen una máscara facial y se les coloque en aislamiento médico; que los recién llegados sean puestos en cuarentena durante dos semanas, antes de ingresar a la población general de la instalación.

En su aprobación de la solicitud de emergencia y en una disidencia parcial con los otros dos jueces, Collins señaló que también habría anulado el requisito de Hatter sobre la orientación de los CDC. Collins agregó que una orden judicial debe “indicar sus términos específicamente”. Pero los CDC señalan que la orientación podría tener que adaptarse en función de cuestiones como el espacio, el personal y la población. “Uno de los muchos problemas con el mandato de la corte de distrito es que ignora las consideraciones que, según los CDC, podrían ser necesarias para adaptar las pautas en el contexto de una instalación en particular”, escribió.

El fallo se produce en respuesta a una demanda presentada el 14 de abril pasado por la American Civil Liberties Union Foundation (ACLU) del sur de California y la firma de abogados Latham & Watkins. Los legistas argumentan que las condiciones en Adelanto hacen que la instalación sea vulnerable a un brote.

Entre cuatro y ocho detenidos viven en celdas muy pequeñas, de ocho por 10 pies, y además comparten baños, duchas y mesas de comedor. Los detenidos afirman que no se les proporcionan suficientes suministros de limpieza y máscaras, algo que ICE niega. La agencia asegura que las instalaciones han aumentado el distanciamiento social con intervalos de comida y recreación escalonados, y que suspendieron proyectos de servicio comunitario y visitas sociales.

A fines de la semana pasada, los defensores anunciaron que varios detenidos en las instalaciones de Adelanto habían iniciado una huelga de hambre, la segunda en las últimas semanas, por preocupaciones sobre el coronavirus. Alexx Pons, vocera del ICE, remarcó que sólo un detenido estaba en huelga de hambre. De acuerdo con la política de esa agencia, el personal debe registrar a los detenidos que no coman durante 72 horas antes de hablar oficialmente de una huelga de hambre.

“Para nuestra higiene sólo utilizamos champú y pasta de dientes, sin ningún tipo de líquido para desinfectar el baño o las áreas comunes”, comentó un detenido en huelga, cuyo nombre fue ocultado por temor a represalias, según un archivo de audio compartido por Inland Coalition for Immigrant Justice.

Aunque no ha habido casos confirmados en la instalación, sólo seis detenidos habían sido examinados hasta el 23 de abril, según una declaración de Gabriel Valdez, director de campo asistente de operaciones de control y remoción de ICE en Los Ángeles. Dos de esos detenidos fueron analizados en un hospital cercano, “como parte de un protocolo local”, donde se brindaba atención médica no relacionada con el coronavirus. Según Valdez, el personal de la instalación identificó a 323 detenidos como de alto riesgo debido a su edad o a condiciones médicas preexistentes, y 66 de ellos fueron liberados.

Hasta el jueves pasado, 674 detenidos y 39 empleados de ICE en centros de detención en todo el país habían dado positivo en las pruebas de COVID-19.

Minju Cho, abogada de ACLU, comentó que es significativo que el tribunal de apelaciones ordenó a ICE cumplir con la guía de los CDC en la instalación. “Pero seguimos muy preocupados por las personas que permanecen detenidas en Adelanto, y haremos todo lo posible para protegerlas”, enfatizó.

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