Modifican sistema en CHIRLA para recibir más llamadas en el programa de ayuda económica estatal

La experiencia de los primeros días en la implementación del programa estatal de Asistencia de Desastre para Inmigrantes (DRAI), llevó a la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) a modificar el sistema telefónico de modo que más personas puedan entrar con sus llamadas.

Así lo explicó Luis Pérez, director de asuntos legales de Chirla, al evaluar lo ocurrido con la avalancha de llamadas y la inconformidad del público que no podía hablar con un operador, una demanda que incluso provocó el colapso del sistema telefónico en la apertura del programa a principios de esta semana.

“Ese primer día, lunes 18 de mayo, antes de que se cayera el sistema entraron más de 1 un millón y medio de llamadas; o sea que ni siquiera una agencia de gobierno tiene ese tráfico de llamadas”, indicó Pérez en entrevista con Los Angeles Times en Español.

Ese flujo de llamadas se mantuvo todavía el martes, pero con la ayuda de la compañía telefónica, que asiste a Chirla, se han hecho los ajustes necesarios para controlar el tráfico.

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En ese sentido, se modificó el sistema para que la cantidad de llamadas que pueden permanecer en espera sea menor y cuando alguien llama ahora la espera va a ser “menos de una hora”, lo que da oportunidad a que más personas puedan ser atendidas, dijo Pérez.

“Las personas que siguen llamando tienen una mejor oportunidad de poder entrar a cualquier tiempo del día”, aseguró el jurista.

“No fue hasta ayer (miércoles) y hoy (jueves) que ya controlamos el tipo de llamadas”, agregó.

Al mismo tiempo, ahora pueden identificar a las personas que tienen marcación automática y que pueden hacer muchas llamadas consecutivas; cuando se detectan esos casos, el usuario queda descalificado, dándole prioridad solo a aquellas personas que están llamando de su teléfono privado.

“Un humano no podría llamar tantas veces, esas llamadas las vamos descalificando”, aseguró.

“Así es como tenemos controlado un poco, porque la demanda todavía es muy grande, pero tenemos las llamadas que están entrando a nuestro sistema ya son menos del millón que estábamos viendo lunes y martes”, subrayó Pérez.

Luis Pérez, director de asuntos legales de Chirla.

(Soudi Jiménez/Los Angeles Times en Español)

De igual forma, señaló que esta organización toma el control de la llamada hasta que un operador contesta. En ese momento, comienzan a trabajar en la solicitud de la persona.

En ese caso, los interesados deben tener a la mano una identificación que tenga fotografía y lleve el nombre que están utilizando en la solicitud. Asimismo, se está pidiendo una prueba de domicilio para demostrar que el usuario radica en el condado para el que está aplicando, puede ser Los Ángeles u Orange.

El tercer requisito es la prueba de cómo han sido afectados por el coronavirus, algo que están manejando con flexibilidad, adujo Pérez.

“No es necesario tener una carta de que perdieron el trabajo, (o que) le bajaron las horas; una carta del empleador no es necesaria”, aclaró el abogado de Chirla.

“Es solamente poder comprobar de una manera u otra que les ha afectado el covid-19, no necesariamente que han perdido su trabajo; eso es algo que las personas están confundiendo”, apuntó.

Todo estos detalles, dijo Pérez, se los explica el agente que toma la llamada, llevando el caso de manera personalizada y proveyendo ideas basadas en lo que el solicitante está indicando.

Por otro lado, el abogado manifestó que algunas personas están enviando documentos sin que hayan sido calificados al programa todavía. Eso, al final, dijo que les está dando más trabajo a los empleados de Chirla y afecta a las personas que ya fueron aprobadas.

“La gente no puede mandarnos cosas, evidencias, si no han aplicado todavía, porque la única manera de aplicar es entrando a esas llamadas de teléfono”, subrayó.

“Si no entran por la llamada telefónica, no ha sido aceptada y no son clientes todavía”, manifestó.

Las personas que pueden enviar documentos son aquellas que ya recibieron la confirmación en un mensaje de texto o correo electrónico. Ese comprobante se envía antes de que el operador cuelgue el teléfono al abrir el caso de cada solicitante.

Desde el primer día, esta organización habilitó una segunda línea telefónica para que las personas tengan más opciones. Es decir, que se puede llamar a los números: (213) 201-8700 y (213) 395-9547, habilitados de lunes a viernes entre 9 am y 5 pm, excepto los días festivos.

En el condado de Los Ángeles, se van a beneficiar con este programa unas 40 mil personas, pero solo en este condado hay más de un millón de indocumentados, en ese sentido Chirla seguirá abogando para que haya una ampliación porque los fondos destinados en esta vez no son suficientes.

“Comprendemos que la necesidad es mucho más grande que la ayuda”, dijo Pérez.

El programa DRAI, aprobado por el gobernador californiano Gavin Newsom, beneficia a 150 mil personas de todo el Estado Dorado, entre quienes se distribuirán por medio de tarjetas de débito $75 millones. Es decir que una persona recibe $500 y un grupo familiar hasta $1.000.

Para seleccionar a los beneficiarios, en el proceso intervienen 12 organizaciones no lucrativas. Junto a Chirla, en el condado de Los Ángeles están el Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen) y Asian Americans Advancing Justice, esta última también atiende el condado de Orange.