Mientras las protestas contra la brutalidad policial se globalizan, estas madres latinas luchan en memoria de sus hijos
Rosa Moreno había escuchado muchas historias en su vecindario sobre madres cuyos hijos eran asesinados por la policía. El dolor de esas mujeres parecía indescriptible; los casos dejaban un rastro de preguntas. “Se supone que la policía está para cuidarnos”, solía pensar Moreno. “¿Por qué lastiman a las personas y se llevan a sus hijos?”.
Luego, en 2017, su propio hijo, César Rodríguez, de 23 años de edad, murió brutalmente en un encuentro con la policía, y la historia de esa madre de tres se convirtió en otro relato del este de L.A.
En los últimos años, ella y otras mujeres de Lincoln Heights, Boyle Heights y el este de L.A. que han perdido a sus hijos a causa de la violencia policial encontraron consuelo y un sentido de voz colectiva entre sí. Su grupo era de unas pocas cuando comenzaron, hace tres años. Luego, gradualmente, a medida que continuaban los tiroteos de la policía, escaló a 15 integrantes.
Mientras las protestas contra la brutalidad policial se extendían por todo el país y el grito de guerra “Black Lives Matter” se globalizaba, estas madres del este de L.A. impulsan un cambio en gran medida por su cuenta. Se consuelan mutuamente y, al mismo tiempo, presionan a las fuerzas del orden para que revisen su uso de la fuerza y mejoren su relación con la comunidad latina.
“No tenemos una frase, ni siquiera un nombre”, reconoció Moreno, de 51 años. “Pero somos guerreras por nuestros hijos. Nos apoyamos unas a otras como familia”.
Algunas de ellas se encontraron en su momento más desesperado; al costado de la carretera, en estacionamientos y complejos de viviendas acordonados con cinta amarilla, sólo horas después de que mataran a sus hijos. Otras se conectaron en grupos de apoyo.
En uno de ellos, hace aproximadamente un año, se reunieron 10 madres para indagar sobre los efectos de la violencia de pandillas en el este de Los Ángeles, pero cuando llegó el momento de hablar, la charla giró en torno a la brutalidad policial. “Resultó que a casi ocho de cada 10 de ellas la policía les había matado un hijo”, comentó Johnny Torres, organizador de Soledad Enrichment Action, un programa de intervención de pandillas pagado por el condado de L.A.
Desde que Torres comenzó a prestar servicios en el área, a fines de 2017, pasa mucho tiempo conociendo a las madres. Y aunque su tarea en el este de Los Ángeles debe enfocarse en la intervención de pandillas, ha habido tanta preocupación por el comportamiento violento del Departamento del Sheriff de Los Ángeles que Torres se ha convertido en una de las pocas personas a las que la comunidad recurre en busca de ayuda. Su teléfono suena a cualquier hora con llamadas desesperadas de madres, hermanos, tías y tíos, en busca de un ser querido al que temen haber perdido a manos de agentes.
Los funcionarios del departamento rara vez divulgan información sobre tiroteos y víctimas mortales, destacó Torres, por lo cual él y los parientes deben unir cabos. A menudo corre a la escena del crimen para asegurarse de que se respeten los derechos legales.
“Muchas veces, no hay remordimiento, ni compasión, incluso si el tipo lo merecía”, expuso Torres sobre los agentes. “Necesitan al menos respetar el dolor de la familia”.
En los últimos tres años, su lista de los asesinados por la policía en el lado Este ha crecido: José Serrano, de 23 años; Omar García; una víctima sin nombre, de 20; Paul Rea, de 19; Iván Peña, de 42; Fernando Cruz, de 18 años; René Herrera, de 40; Anthony Vargas, de 21; Jesse Romero, de 14; José Méndez, de 16; Christian Escobedo, de 22; Edwin Rodríguez, de 24.
Según los informes, algunos murieron mientras intentaban huir de las autoridades. Otros presuntamente se involucraron en una lucha física, portaban un arma y, en varios casos, supuestamente dispararon contra los policías.
Casi todas las víctimas fallecieron en el este de Los Ángeles, un área no incorporada del condado cuya población es 96% latina. La región está bajo la jurisdicción del sheriff. Mientras que en los vecindarios cercanos, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fue objeto de un intenso escrutinio por su uso de la fuerza, incluso en los últimos meses, el Departamento del Sheriff tiene su propio largo historial de violencia y abusos, que ha alimentado la cautela de la comunidad. Algunas de las madres aseguran que ellas y sus familias fueron hostigadas continuamente por agentes después de la muerte de sus hijos.
Los funcionarios del Departamento del Sheriff no respondieron al pedido de comentarios de Los Angeles Times. Esta semana, The Times presentó una demanda contra el condado de Los Ángeles, alegando que el departamento se negó repetidamente a entregar registros públicos, incluidos aquellos sobre agentes involucrados en mala praxis o balaceras.
Las cifras que rastrean los tiroteos mortales de la policía por raza son difíciles de obtener, pero en todo el estado, según números de 2018 publicados por la Oficina del Fiscal General, alrededor del 47% de los afectados por incidentes que involucraron la descarga de un arma o el uso de la fuerza resultante en muertos o heridos graves fueron latinos.
Torres remarcó que el este de L.A. tiene una gran necesidad de más recursos para ayudar a las familias con la brutalidad policial y una mayor supervisión del Departamento del Sheriff, particularmente de los funcionarios del condado. “Creo que Hilda Solís está luchando a su manera”, señaló. “Ella habló y denunció lo que le pasó a George Floyd. Eso es encomiable, pero ¿qué pasa en su propio terreno? Aquí también suceden muchas cosas”.
Solís, cuyo distrito supervisa el este de L.A., afirmó que su oficina es consciente de las frustraciones de la comunidad con la oficina del Sheriff, y responsabilizó directamente al sheriff Alex Villanueva. “Realmente necesita evaluar con atención a las personas que tiene en la estación del este de L.A.”, dijo. “Entró con mucha retórica, pero no escucha... Está incitando, acosando e intimidando; tratando de callar las voces”.
Solís agregó que ella y otros funcionarios establecieron la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff y les otorgaron poder citatorio para tratar de mantener la oficina bajo control. También destacó que apoya al inspector general que investiga el departamento. “Incluso fui tan lejos como para respaldar su presupuesto”, aseveró. “Pero no ha sido receptivo”.
Para las madres que buscan respuestas sobre la muerte de sus hijos todo ha sido una batalla, reflexionó Leah García, cuyo hijo fue baleado y asesinado por agentes el verano pasado, durante un altercado después de una parada de tráfico. “En conclusión, estamos todas juntas en esto. Las vidas negras importan. Las vidas de nuestros hijos también, pero cuando no se ve ningún cambio, parece todo una pelea más dura y solitaria”.
Las madres dolientes en su grupo son las únicas que entienden el trauma, comentó. Juntas, mantienen un calendario de cumpleaños de sus hijos y recuerdan los aniversarios de sus muertes. Celebran misas en las casas o vigilias en los sitios donde sus hijos perdieron la vida.
En sus hogares, muchas levantaron altares como tributo. García mantiene la imagen de su hijo, Paul Rea, en todas partes: sus retratos cuelgan en las paredes; una imagen de tamaño natural se encuentra en la sala de estar. Hay calcomanías de su rostro sobre su computadora portátil y en su auto.
El grupo recibió el apoyo del movimiento Black Lives Matter y también de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), pero en general sus esfuerzos son espontáneos e informales, sin pensar demasiado en una estrategia general.
La mayoría de las madres apenas se consideran activistas. Algunas luchan con el inglés; otras se preocupan por su estado migratorio. Varias de ellas se han enfrentado a críticas por publicar la imagen de sus hijos en las redes sociales. Aún así, quedarse en casa y seguir en silencio no es una opción, por lo cual llevan letreros a los actos y pancartas sobre sus automóviles, siempre listas para llamar la atención sobre su causa.
En muchas protestas -en el exterior del Palacio de Justicia y del Departamento del Sheriff-, Lisa Vargas, una madre conocida por su facilidad de palabras, a menudo lidera la acción. Su hijo, Anthony Vargas, de 21 años, fue asesinado por agentes en agosto de 2018.
El día que mataron a Anthony, Lisa estaba frenética. Tuvo que esperar casi 24 horas en el lugar del tiroteo antes de obtener la confirmación de que su hijo había sido asesinado. En algún momento, Moreno apareció allí con algunas velas, y se presentó. Lo mismo hicieron otras mujeres cuyos hijos habían sido asesinados por las autoridades. “Sabían cómo me sentía porque les había sucedido lo mismo”, expresó Vargas. Semanas después, las mujeres realizaron una de sus primeras protestas; se congregaron cerca de 300 personas.
Al igual que Moreno, Vargas ahora intenta apresurarse cada vez que hay un tiroteo policial en el lado Este para ofrecer su ayuda. Ella conecta a las familias con abogados dispuestos a asistir, o genera donaciones de dinero para cubrir los gastos del funeral.
Su objetivo en el futuro, anticipó, es que se reforme el Departamento del Sheriff en pos de más transparencia, que se proporcione a los agentes mejor capacitación para reducir la violencia de las situaciones e incluir el uso de cámaras corporales. Muchas mujeres también quieren que haya cargos contra el oficial que mató a su hijo.
Carlos Montes, organizador de Centro Community Service Organization, comenzó a trabajar con las madres hace unos años. Su grupo de acción comunitaria de Boyle Heights se centra en los derechos y la educación de los inmigrantes, pero cambió su enfoque a la brutalidad policial después de una serie de asesinatos ocurridos en 2016.
A los 77 años, Montes tiene un largo historial de activismo en el lado Este. Hace cinco décadas que protesta contra el mal proceder de los agentes del sheriff, desde el movimiento de derechos civiles chicanos hasta el levantamiento de Rodney King. A lo largo de los años, dijo, ha visto a madres en el este de L.A. y en Boyle Heights asumir roles de liderazgo fundamentales para luchar contra las pandillas, la construcción de prisiones y los sitios de desechos tóxicos para el medio ambiente. Pero según recuerda, esta es la primera vez que un grupo de mujeres responsabilizan a las fuerzas del orden por matar personas.
“Estas madres están tomando las causas grandes”, reconoció. “Se enfrentan a fuerzas que otros consideran demasiado controvertidas. Me inspiran”.
Tres años después de la muerte de su hijo César, Moreno lucha con lo poco que ha logrado. Ella rememora constantemente el día en que César salió de su casa, en el este de Los Ángeles, hacia Long Beach. Tres días después, tras no tener noticias suyas, se enteró de que su hijo supuestamente no había pagado la tarifa del tren y, según versiones, se había enfrentado con un oficial de policía de Long Beach. César terminó atrapado entre el tren y la plataforma. Su madre presentó una demanda por homicidio imprudencial en un tribunal federal en abril, alegando ataque y agresión, uso excesivo de la fuerza y entrenamiento inadecuado por parte del oficial.
Durante los días posteriores a la muerte del joven, Moreno perdió la voz. “No podía decir nada. Apenas me reconocía a mí misma o a la gente a mi alrededor”, relató. Ahora, cuando se siente a la deriva, llama a las otras madres con quienes marcha. “Pase lo que pase, sé que no estoy sola”, expresó. “Me veo reflejada en ellas”.
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