California: Nueva ley para proteger a inquilinos víctimas de crímenes violentos es aprobada
El gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley redactado destinado a proteger a los inquilinos que son víctimas de delitos violentos.
Se trata de la SB 1190, que garantiza que las víctimas de delitos violentos y sus familiares miembros del hogar puedan rescindir un contrato de arrendamiento sin sanción dentro de los 180 días posteriores al delito.
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Antes de SB1190, las víctimas de otros delitos violentos y sus familiares miembros del hogar no tenían las mismas protecciones de reubicación.
Toda víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, tráfico de personas y abuso de un anciano o un adulto dependiente y sus familiares pueden rescindir un contrato de arrendamiento sin sanción después de la victimización. En estos casos, las víctimas deben presentar formularios específicos de documentación para verificar el delito.
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En un informe de marzo de 2019 de Crime Survivors for Safety and Justice, muestran que más de 4 de cada 10 sobrevivientes de delitos (42%) habrían querido una vivienda de emergencia o temporal después del crimen, aunque solo el 6% la recibió.
Las víctimas al quedarse en el hogar pueden aumentar el riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático (TEPT) y exponerse a más violencia, sostiene.
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“Me gustaría agradecer al gobernador Newsom por sus esfuerzos para mantener a las familias alojadas durante el COVID-19. El objetivo de este proyecto de ley es brindar seguridad en la vivienda a los californianos que son víctimas de delitos violentos”, afirmó la senadora María Elena Durazo, quien redactó la ley.
“Especialmente durante COVID-19, los inquilinos requieren protecciones adicionales para tener cubiertas las necesidades más básicas. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que las víctimas de crímenes violentos y sus familias no estén sujetas a desafíos adicionales para permanecer alojados”, manifestó.
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Según la ley actual, romper un contrato de arrendamiento podría dañar permanentemente la capacidad de una persona para acceder a vivienda, puede generar problemas legales costosos y estresantes y, en ciertas circunstancias, marcar la calificación crediticia de un individuo, lo que origina una serie de consecuencias financieras a largo plazo. SB 1190 ampliaría las protecciones de reubicación a más sobrevivientes y sus familiares inmediatos que puedan necesitar terminar un contrato de arrendamiento antes de tiempo después de una victimización violenta.
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