‘Hay que tomar medidas rápidas’: Las fuerzas del orden se enfrentan al extremismo de ultraderecha en sus filas

Después de que un agente del sheriff del condado de Orange fuera visto en una línea de escaramuza con una insignia del grupo paramilitar ultraderechista Oath Keepers, el verano pasado, el departamento abordó cómo tratar el extremismo en sus filas.

La semana pasada, después de que fuentes confirmaron que agentes del FBI habían registrado el apartamento de Irvine de otro agente sospechoso de participar en la insurrección de extrema derecha en el Capitolio de EE.UU, la agencia nuevamente enfatizó sus esfuerzos para mejorar, e incluso señaló una nueva capacitación para enseñar al personal cómo la extrema derecha y otros grupos radicales reclutan, operan y representan amenazas para la policía y la público en general.

“Obviamente, pensamos que nuestros empleados necesitan estar informados”, expresó el sargento Dennis Breckner, portavoz del sheriff. “El curso es educativo: esto es lo que hacen estos grupos, y así es como pueden intentar congraciarse con los agentes del orden y luego utilizar su participación para los propios beneficios de la agrupación”.

A raíz del ataque al Capitolio y otros incidentes recientes que exponen las simpatías de extrema derecha entre los agentes del orden y el Ejército —que es un gran alimentador de reclutas para las fuerzas policiales— los líderes del orden en todo el país se enfrentan de nuevo a una vieja amenaza: el extremismo de derecha dentro de sus propias filas.

Si bien los líderes señalan que han investigado durante mucho tiempo las creencias supremacistas blancas, antigubernamentales y otros pensamientos racistas y radicales, y han excluido a los reclutas que los albergan, también reconocieron que las crecientes fisuras ideológicas en el país han atraído a una muestra cada vez más amplia de la población estadounidense, incluyendo policías, hacia teorías conspirativas y al redil de milicias radicales de derecha y organizaciones supremacistas blancas.

Observaron también el aumento de las presentaciones judiciales y las pruebas que implican a individuos con antecedentes militares y policiales en el ataque al Capitolio —con participación de Proud Boys, Oath Keepers y otras facciones extremistas— y afirmaron que ello los obligó a examinar más detenidamente las políticas para prevenir que los extremistas consigan armas e insignias.

En respuesta a las preguntas del Congreso, el mes pasado, sobre la supuesta participación de agentes de policía en el ataque al Capitolio, el presidente de Major Cities Chiefs Association, Art Acevedo, dijo que los líderes policiales de todo el país revisarían el ataque y buscarían formas de erradicar el extremismo. “Para ser claros, los oficiales que suscriben al extremismo violento, el racismo y el odio no tienen cabida en nuestra profesión”, escribió Acevedo al Congreso. “Cuando se identifica a agentes con esa mentalidad, hay que tomar medidas rápidas”.

Días antes, Acevedo, quien también es jefe del Departamento de Policía de Houston, anunció que uno de sus oficiales había sido identificado ingresando al Capitolio. Ese oficial, Tam Pham, renunció y fue acusado federalmente por su accionar.

En una entrevista, Acevedo añadió que el ataque al Capitolio fue “una llamada de atención para el pueblo estadounidense” y un momento de ajuste de cuentas para los líderes policiales.

“Es la primera vez en la historia moderna que tenemos agentes involucrados en actos de sedición”, prosiguió. “Tenemos que hacer todo lo posible, como departamentos de policía, para eliminar a los extremistas que apoyan la violencia, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda”.

También se están realizando esfuerzos similares para abordar la radicalización en las fiscalías y en los niveles más altos del gobierno y el Ejército.

El recién elegido procurador de distrito para el condado de Los Ángeles, George Gascón, señaló que “los grupos extremistas deben ser desarraigados de la aplicación de la ley, de inmediato”. La administración del presidente Biden prometió expandir el poder del Departamento de Justicia para investigar la mala conducta policial sistémica a través del proceso de acuerdo de avenencia. El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, dijo la semana pasada que se había “reunido con altos líderes para discutir el extremismo en el Ejército” y ordenó “un retiro” durante los próximos 60 días “para que cada servicio, cada comando y cada unidad puedan tener una conversación más profunda sobre este tema”. “Todo se reduce al liderazgo”, escribió Austin en Twitter. “De todos”.

El nuevo ajuste de cuentas refleja de alguna manera lo que legisladores demócratas, académicos y activistas de izquierda vienen pidiendo a las fuerzas del orden público hace años, lo cual vuelve el proceso tan bienvenido como atrasado, señalaron algunos de esos críticos.

El FBI destacó la amenaza del sentimiento supremacista blanco en las fuerzas policiales en un informe de 2006 publicado por el Congreso en septiembre pasado. En agosto del año pasado, el Brennan Center for Justice, un instituto de políticas no partidista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU), encontró evidencia de que los Oath Keepers y otro grupo conocido como los Three Percenters se habían infiltrado con éxito en la aplicación de la ley, señalando vínculos con al menos una docena de estados, incluido California.

El problema se ha planteado en el sur de California durante décadas. En 1991, el juez de distrito de Estados Unidos Terry J. Hatter Jr. descubrió que existía una “pandilla neonazi de supremacistas blancos” de agentes tatuados dentro del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, con el conocimiento de los funcionarios del departamento. En 1996, el condado de Los Ángeles pagó $9 millones en multas y costos de capacitación para resolver una demanda colectiva relacionada con el tema. Hoy, el Departamento del Sheriff asegura que toma en serio las acusaciones de prejuicio o extremismo, y desarraiga a los agentes culpables, pero también enfrenta nuevos cargos por amparar a las pandillas tatuadas -las últimas acusaciones al respecto se conocieron el año pasado-.

En un artículo académico de 2019, la profesora asociada de Derecho de Georgetown, Vida Johnson, encontró la ideología supremacista blanca en departamentos de todo el país, y habló de “escándalos en más de 100 departamentos de policía diferentes, en más de 40 estados, en los que agentes de policía individuales han enviado correos electrónicos y textos abiertamente racistas, o hicieron comentarios racistas a través de las redes sociales”.

Aún así, el problema nunca fue suficientemente abordado, destacó Johnson en una entrevista. “Está claro que los grupos extremistas de derecha y los supremacistas blancos han sido agentes del caos y de la violencia en nuestra comunidad, y el hecho de que la policía esté recién ahora interesada en esto me parece más que perturbador”, comentó Johnson.

La académica remarcó que es igualmente preocupante que ciertos oficiales respalden algunas de las teorías de conspiración más modernas que circulan entre los mismos grupos, como las que señalan el COVID-19 como una gran mentira, o que Biden le robó la elección al ex presidente Trump. “Las personas que no pueden separar la realidad de la ficción probablemente no deberían tener armas para hacer cumplir las leyes”, destacó Johnson.

Los oficiales de policía aseguran que están lidiando con todo esto. En los últimos años, activistas de Los Ángeles han criticado a varios oficiales del LAPD por sus comentarios en línea y “me gusta” que, según los activistas, eran radicales y racistas. Algunos críticos afirman que el ultraderechismo está profundamente arraigado en el departamento, y que ha sesgado las respuestas de éste a las protestas en las que se enfrentan facciones de derecha y de izquierda. En las últimas semanas, las cuentas de redes sociales supuestamente creadas y seguidas por el personal del LAPD atrajeron más escrutinio por su tono sexista, homofóbico y generalmente rudo.

A fines del mes pasado, el jefe de la policía de Los Ángeles, Michel Moore, envió un aviso a toda su fuerza recordando a los oficiales que sus acciones dentro y fuera del servicio deben permanecer impecables, según el código de ética del departamento, y que publicar “material acosador, discriminatorio y/o difamatorio” en las redes sociales podrían resultar en su baja.

“Los acontecimientos recientes, tanto aquí como en Washington D.C., demostraron el poder y la influencia de las redes sociales, incluido cómo ese poder no siempre se usa para fines positivos o legítimos”, escribió Moore.

En una entrevista, Moore remarcó que las protestas del verano pasado lo llevaron a él y a otros funcionarios del LAPD a renovar las discusiones sobre las mejores formas de investigar a los extremistas y erradicarlos de la fuerza cuando se les detecta, para que no socaven las iniciativas que buscan reconstruir la confianza en los heterogéneos barrios de Los Ángeles. También señaló que el LAPD es un departamento diverso, que refleja una variedad de posiciones y creencias políticas, y rechazó la noción de que el extremismo prevalece entre sus oficiales.

Los departamentos de policía merecen crédito por haber diversificado sus filas durante años, añadió, incluso contratando a más mujeres y agentes LGBTQ.

Aún así, reconoció que el momento cultural actual exige una atención renovada a la inclusión y la equidad, y presenta desafíos.

Elegir dónde trazar la línea divisoria entre la libertad de expresión y la incitación al odio, entre las opiniones a las que un oficial tiene derecho y aquellas que socavan la misión del departamento, no es fácil, agregó Moore. Separar el extremismo peligroso de las opiniones políticas que simplemente van en contra de las propias también puede ser complicado en la atmósfera hiperpartidista actual, argumentó.

“Lo que ahora es realmente crítico, creo, es que [la gente de] Estados Unidos... reconozca los extremos y no haga lugar para ellos en esta democracia, pero también reconozca puntos de vista que sean diferentes a los suyos y no los vilipendie ni los llame extremistas”, remarcó Moore.

Cuando se le preguntó si un miembro de una facción extremista como los Proud Boys, una organización misógina y xenófoba cuyos miembros supuestamente estuvieron involucrados en el asalto al Capitolio, también podría ser un oficial del LAPD, Moore sugirió al principio que los Proud Boys entraban en una amplia categoría de grupos, junto con Black Lives Matter (BLM), que muchos estadounidenses todavía tratan de comprender.

“Estados Unidos está luchando hoy por comprender si los Proud Boys, algunos aspectos de BLM y otros grupos, incluida la Heritage Foundation y otros, representan una ideología que va en contra de esta democracia”, dijo Moore. “Lo que sé es que esta democracia es mejor cuando hay discusión, diálogo y debate”.

Añadió que determinar cuándo un oficial cruza la línea hacia el extremismo inaceptable depende, en gran medida, de evaluar si sus acciones o comentarios podrían dar al público la impresión de que el individuo, como oficial, no puede “actuar de manera justa e imparcial”.

“Ahí es donde está el límite”, remarcó Moore. “Odio apelar a una analogía que se usa demasiado, pero es como la pornografía. Lo sabrás cuando la veas”.

Moore agregó que él, personalmente, considera a los Proud Boys un grupo que “va en contra de esta democracia”, y no cree que “haya lugar para que un oficial de la ley sea miembro de dicha organización o defienda su existencia”.

Agregó que no tiene conocimiento de ningún oficial del LAPD que sea miembro de Proud Boys o de cualquier otra organización extremista, pero que el departamento está listo para investigar tales cuestiones y despedir a quienes crucen la línea de lo aceptable.

En el condado de Orange, el sheriff Don Barnes también expresó poca paciencia con el racismo o el extremismo en sus filas. Después de que el agente fuera visto con una insignia de Oath Keepers y un parche con la bandera de Gadsden en su chaleco, el verano pasado, Barnes anunció el inicio de una investigación, afirmó que tales símbolos “contradicen los valores” del departamento y que él personalmente se sentía “profundamente perturbado”.

Sin embargo, solo dos meses después, el sheriff anunció que la investigación había terminado, y que el agente, posteriormente identificado como Russell Sison, todavía estaba empleado, porque no había “evidencia” de que tuviera “puntos de vista extremistas o racistas”.

Cuando se le preguntó sobre el allanamiento del FBI en el apartamento de la oficial especial Mónica Alston, ocurrido la semana pasada, un portavoz del sheriff expresó que un agente había sido puesto en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación, pero no quiso hacer más comentarios.

Ni Sison ni Alston pudieron ser contactados para hacer comentarios en este artículo.

Alene Tchekmedyian, redactora de planta, contribuyó con este reporte.

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