ONU condena expulsiones de asilo por parte de Biden: Capacidad de albergues en la frontera rebasada
Varios activistas y organizaciones de derechos humanos condenan las nuevas expulsiones de solicitantes de asilo y migrantes al sur de México por parte de la administración Biden, a medida que aumentan los informes sobre su maltrato y se llenan los refugios al máximo en la frontera.
Desde la semana pasada, Estados Unidos ha estado trasladando a cientos de familias, adultos centroamericanos y mexicanos al sur de México, cortando el acceso al sistema de asilo.
El gobierno mexicano ha enviado a muchos de estos migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, a lugares remotos de Guatemala sin la oportunidad de solicitar protección en Estados Unidos o México.
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Las madres con bebés menores de un año se encontraban entre las que fueron trasladadas en autobús a Guatemala, abandonadas en una aldea remota rodeada de tierras de cultivo y jungla, allí se les indicó que comenzaran a caminar hacia el sur, expresaron en una carta cinco agencias de Naciones Unidas como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH).
“Los movimientos migratorios mixtos requieren de una respuesta integral en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, cualquiera que sea la nacionalidad o condición migratoria de las personas y en todas las fases del ciclo migratorio -origen, tránsito, destino y retorno- incluyendo principios fundamentales como la no devolución, la protección de la niñez y la no discriminación”, expuso la carta de las organizaciones.
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Los activistas manifiestan su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominada Título 42, por la que fue criticada la anterior administración y que Biden prometió no seguir.
El empleo de esta norma que niega el acceso por razones de salud ha colocado a miles de personas mexicanas y centroamericanas en un limbo jurídico en la frontera norte de México.
“Por otra parte, la capacidad de admisión en los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentra rebasada, haciéndose necesario fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal, además de la población en general para atender esta delicada situación humanitaria”, exponen los activistas en la carta.
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La directora de Protección de Refugiados, Eleanor Hacer, dijo que la administración Biden “debe dejar de usar el manual de estrategias cruel e ilegal de Trump”.
“Estas expulsiones son simplemente ridículas desde una perspectiva de salud pública y solo confirman que el uso constante del Título 42 no tiene nada que ver con dicho enfoque. La administración Biden debe poner fin de inmediato a esta farsa y, en cambio, cumplir con la ley de refugiados”, dijo.
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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó su alarma por la nueva política y señaló que estas acciones violan los principios humanitarios de la Convención de Refugiados de 1951, “incrementan ... el riesgo de devolución en cadena” y aumentan el riesgo de COVID-19.
Además de las devoluciones en la frontera, la semana pasada dieron inicio vuelos desde EE.UU hacia el sur de México con personas expulsadas.
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Con 12.807 nuevas solicitudes de asilo tan solo en el mes de julio, más de 70% realizadas en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018. Esta situación representa un enorme reto para ese país, cuya respuesta exige intervenciones adicionales al sistema de protección internacional y asilo.
Los principales epidemiólogos y expertos en salud pública han pedido a las administraciones de Trump y Biden que dejen de usar el Título 42 para bloquear y expulsar a los solicitantes de asilo, además han confirmado repetidamente que Estados Unidos puede procesar de manera segura a los solicitantes mediante el uso de medidas de prevención basadas en la ciencia.
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Los activistas afirman que, por ejemplo, las mujeres, niñas y adolescentes están expuestas a ser víctimas de violencia de género, incluyendo violencia sexual, así como desaparición forzada con fines de trata y explotación sexual. Por ello, creen que es fundamental que se puedan identificar las necesidades específicas de cada persona, incluyendo la eventual demanda de protección internacional, en sus diferentes formas.
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