El modelo de comida rápida permite a las empresas eludir responsabilidades; California podría trazar un nuevo rumbo

Cuando alguien pasa por delante de un McDonald’s, puede suponer que lo gestiona la megacorporación global. Pero, en muchos casos, se trata de una franquicia gestionada como una pequeña empresa.

Este modelo ha sido una vía para que los empresarios, muchos de los cuales son mujeres, inmigrantes y de minorías, generen riqueza y adquieran movilidad social. Pero también ha dejado a los trabajadores de una de las industrias más grandes de Estados Unidos con pocos recursos formales al obtener salarios bajos o condiciones de trabajo inseguras.

Los trabajadores de comida rápida en los establecimientos repartidos por todo California planean abandonar sus tareas el próximo 9 de noviembre y manifestarse frente a las ubicaciones de McDonald’s en San Diego, Los Ángeles, San José, Oakland y Sacramento, en un intento de ampliar la responsabilidad legal más allá de los franquiciados individuales a sus franquicias corporativas y protestar por las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

Las protestas tienen como objetivo presionar a los legisladores estatales para que apoyen la AB 257, una propuesta ley que establecería un Consejo del Sector de Comida Rápida en todo el estado compuesto por trabajadores, representantes corporativos, franquiciados y funcionarios estatales, que se reunirían cada tres años para negociar los estándares de la industria sobre salarios, horas laborales y otras condiciones para los trabajadores del sector de la comida rápida.

El proyecto de ley haría responsables a las corporaciones de comida rápida de garantizar que sus franquiciados cumplan con una serie de órdenes laborales, de salud pública y de seguridad, incluidas las relacionadas con prácticas comerciales desleales, discriminación laboral, el Código de Alimentación Minorista de California, así como los nuevos estándares emitidos por el Ayuntamiento. El proyecto de ley haría que las violaciones de las leyes laborales por parte de los franquiciados fueran exigibles contra el franquiciador y el franquiciado por igual.

La acción planificada se produce en el marco de una oleada de protestas y huelgas este otoño, denominada en inglés “Striketober”, en la que los trabajadores presionan por mejores condiciones laborales y salarios. Aquellos con sueldos bajos, que han experimentado décadas de estancamiento o la disminución de ingresos y beneficios, están hartos. La pandemia de COVID-19 generó en muchos empleados una nueva frustración y visibilidad mientras continúan operando en condiciones extenuantes y a menudo mortales.

La naturaleza fracturada del acuerdo de franquicia, en el que un establecimiento propiedad de una pequeña empresa paga regalías y está vinculado contractualmente a su franquiciador corporativo, significa que, aunque una corporación tiene las riendas con respecto al funcionamiento de la tienda, puede abdicar de la responsabilidad por los salarios y las condiciones laborales.

Las franquicias también han obstaculizado durante mucho tiempo la negociación colectiva en la industria de la comida rápida. Eso derivó en numerosas huelgas a lo largo de los años, en temas que incluyen el manejo de reclamos de acoso sexual, robo de salario, seguridad y pago, como el movimiento “Fight for $15”, organizado por Service Employees International Union (SEIU).

Esta semana, los trabajadores de McDonald’s de algunas ciudades del Medio Oeste y de la Costa Este protestaron por lo que consideran un acoso sexual continuo a los empleados. La huelga fue provocada por una demanda presentada contra McDonald’s y una franquicia en Pittsburgh que alegaba negligencia luego de que un gerente del local fuera acusado de violar a una trabajadora de 14 años.

“Este no es un grupo de trabajadores que, de repente, se da cuenta de que son subestimados o están mal pagados. Yo diría que han liderado a otros empleados”, dijo la asambleísta Lorena González (D-San Diego), autora de AB 257.

Las huelgas crean conciencia pero no necesariamente detienen el accionar. A menudo, los trabajadores tienen miedo de hablar, por temor a represalias, expresó Crystal Orozco, supervisora de turno en Jack in the Box en Folsom, California. Orozco contó que durante tres años trabajó en el turno de noche, desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m., cinco días a la semana, sin descansos asignados.“Ellos esperaban que tomáramos los descansos entre cada auto [que llegara al autoservicio], y no nos ficharían ni penalizarían por eso”, relató.

Orozco fue amenazada con una reducción de horas por expresar una queja. Con la ayuda de SEIU, Orozco, de 36 años, presentó un reclamo por prácticas laborales injustas junto con sus compañeros de trabajo en Folsom, alegando que el gerente regional del establecimiento tomó represalias contra los empleados que se quejaron o hablaron con los organizadores sindicales, amenazando con llamar a las autoridades de inmigración.

Los trabajadores de comida rápida tienen más probabilidades de ser mujeres, latinos o de bajos salarios. La fuerza laboral de la comida rápida de California está compuesta por casi un 80% de personas de color y más del 60% de latinos, según un informe elaborado por investigadores laborales de UCLA y UC Berkeley. El mismo estudio encontró que dos tercios de los trabajadores de comida rápida de California dependen de los programas de la red de seguridad para mantener a sus familias.

La AB 257, denominada Ley de Responsabilidad y Recuperación de Normas de la Comida Rápida, fracasó en la votación de junio en la Asamblea, habiendo faltado dos votos. Poco después, el proyecto de ley fue aprobado para ser retomado en el próximo mes de enero por la Asamblea.

Los intereses empresariales expresaron una fuerte oposición al proyecto de ley, diciendo que establecer una comisión con el poder de decidir los salarios y las medidas de salud y seguridad es extralimitarse. Matthew Haller, presidente de la Asociación Internacional de Franquicias, afirmó que algunos miembros no concederán nuevas franquicias en California si AB 257 se convirtiera en ley. “Para las personas en el estado que quieran abrir un negocio de franquicias en el futuro, esa oportunidad no existirá en absoluto”, resaltó Haller.

En California hay aproximadamente 76.000 establecimientos de franquicias, que brindan un total de 728.900 puestos de trabajo, según un informe de la Asociación Internacional de Franquicias. Los miembros de grupos minoritarios han podido beneficiarse al ser propietarios y operar franquicias, y la legislación propuesta obstaculizaría el crecimiento de esos negocios, enfatizan los opositores al proyecto de ley. Las cadenas de propiedad asiática en el Área de la Bahía de San Francisco han prosperado y los empresarios negros operan muchos locales de McDonald’s en el sur de Los Ángeles.

El treinta y tres por ciento de todas las franquicias del país son operadas por miembros de grupos minoritarios, en comparación con el 18% de las empresas que no son franquicias, según una carta presentada conjuntamente a la Legislatura por la Asociación de Restaurantes de California y la Cámara de Comercio de California.

Los defensores del proyecto de ley argumentan que podría empoderar a los franquiciados y reducir las presiones a las que se enfrentan. Estos a menudo operan bajo estrictas restricciones, con un monitoreo regular por parte de los propietarios corporativos para garantizar el cumplimiento de las reglas que dictan el tiempo de preparación de los alimentos e incluso el proveedor al que pueden comprar los suministros. Las regalías y las tarifas de comercialización pueden consumir un 12% o más de los ingresos de los franquiciados.

Si se descubre que un franquiciado violó las leyes estatales, el proyecto de ley le daría al propietario de ese establecimiento la oportunidad de solicitar una reparación monetaria o cautelar si el cumplimiento de su contrato con su franquiciador corporativo contribuyó a quebrantar las reglas.

El proyecto de ley AB 257 estuvo entre una lista de proyectos que abordaron la ley de empleo durante la pasada temporada legislativa. El gobernador Gavin Newsom firmó varios de ellos, incluido uno que buscaba abordar las preocupaciones de seguridad en los centros logísticos de Amazon en todo el estado, donde los trabajadores experimentan altas tasas de lesiones relacionadas con los objetivos de productividad, los cuales son estrechamente monitoreados, y una legislación que amplió la responsabilidad laboral de las marcas de moda por infracciones en sus cadenas de suministro.

Según Chris Rhomberg, profesor de sociología en la Universidad de Fordham que investiga la historia laboral, la tendencia a establecer acuerdos cada vez más estratificados entre trabajadores y empleadores -incluidas las franquicias, la subcontratación y la dependencia de contratistas independientes- aísla a los empleadores de tener que cumplir con las leyes laborales. “Como es difícil ingresar a un lugar de trabajo para establecer un sindicato, los trabajadores y los gremios están explorando otras vías para tratar de obtener cierto control sobre sus empleos y encontrar otras formas de regular la salud y la seguridad”, señaló Rhomberg.

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