Como protesta por los mandatos del COVID, esta ciudad de California se declaró ‘república constitucional’
Para el vicealcalde de Oroville, Scott Thomson, padre de dos niños pequeños, el mandato del gobernador Gavin Newsom de exigir que los escolares se vacunen contra el COVID-19 fue la gota que colmó el vaso.
Creía que el gobierno no tenía derecho a decirle qué poner en su cuerpo o en el de sus hijos. Muchos de sus electores coincidieron en lo que respecta a los mandatos pandémicos.
Y así, se le ocurrió un nombre de guerra grandioso y que acaparó los titulares para su pequeña ciudad del norte de California. Oroville se declaró república constitucional. Un lugar donde los líderes locales se comprometen a luchar contra los mandatos que, según ellos, van demasiado lejos.
“Cualquier orden ejecutiva emitida por el estado de California o por el gobierno federal de Estados Unidos que se extralimite o viole claramente nuestros derechos protegidos constitucionalmente no será ejecutada por la ciudad de Oroville contra sus ciudadanos”, se lee en la declaración, aprobada este mes por el Ayuntamiento de la ciudad. “El deseo aquí es el diálogo”, enfatizó Thomson.
Para algunos, la declaración fue una defensa de la libertad. Pero otros en la ciudad lo vieron como una rabieta imprudente en medio de una pandemia en curso que ha matado a más de 73.000 californianos.
El condado de Butte, con una población de 220.000 habitantes, tiene una de las tasas de vacunación más bajas del estado. Hasta el sábado, el 47% de sus residentes estaban completamente inoculados, en comparación con el 64% de todos los californianos.
El hospital más grande del condado de Butte, el Enloe Medical Center, de Chico, con 298 camas, ha tenido un promedio de 26 pacientes con COVID-19 durante la última semana, más que todos los hospitales del condado de Los Ángeles -excepto uno-, que alberga a 10 millones de personas.
Celia Hirschman, residente de Oroville, perdió a su padre, el ex poeta laureado de San Francisco Jack Hirschman, a causa del COVID-19 hace tres meses. Para ella, la resolución insulta a quienes han perdido a sus seres queridos o están inmunodeprimidas, solo para ganar puntos políticos. “Dice que somos vaqueros y que no vamos a vivir según sus reglas”, dijo. “No creo que se trate de un diálogo abierto en absoluto. Pienso que es una medida peligrosa, que no tienen por qué añadir a nuestros estatutos”.
(Hailey Branson-Potts / Los Angeles Times)
Oroville, una ciudad de 20.000 habitantes, es ahora una de las crecientes comunidades rurales del estado que en los últimos años se ha autodenominado santuario o lugar exento de algún ideal liberal.
Hace dos años, la ciudad desértica de Needles se convirtió en una “ciudad santuario” para la Segunda Enmienda en una reprimenda a las estrictas leyes de control de armas de California. Y desafiando las órdenes de cierre pandémico, Atwater y Coalinga, en el Valle Central, se declararon el año pasado, respectivamente, una “ciudad santuario para los negocios” y una ciudad donde todos los negocios son esenciales; ambas perdieron la financiación de emergencia por COVID-19 en el proceso.
Diseñadas para beneficiarse del revuelo de las designaciones de “santuario” de California utilizadas en el contexto de la protección de inmigrantes indocumentados, las etiquetas reflejan las tensiones entre los pueblos rurales y la administración Newsom, y la izquierda en general.
La resolución de designarla república constitucional de Oroville es principalmente simbólica, sin poder sobre las escuelas, que están reguladas por el estado.
La ciudad es la sede de Butte, un condado púrpura donde el 36% de los votantes son republicanos registrados, el 35% son demócratas registrados y el 20% independientes. Por estrechos márgenes, el condado votó por Trump para presidente en 2016 y por Biden el año pasado. Su gente también apoyó el intento de destitución de Newsom.
Las tasas de COVID se han mantenido relativamente altas aquí, incluso cuando disminuyeron significativamente en lugares como Los Ángeles y San Francisco. La cantidad de pacientes COVID positivos durante el aumento de la variante Delta -la mayoría de los cuales no estaban vacunados- alcanzó su punto máximo en el Enloe Medical Center el 23 de septiembre, cuando hubo 95 personas hospitalizadas con el virus. Ahora, la nueva variante Omicrón se perfila como una amenaza potencial.
“Este es un lugar difícil donde estar, con la llegada del invierno”, afirmó Marcia Nelson, directora médico del hospital. “No partimos de una base de menos de 10 pacientes, sino de lo que solía parecer un número realmente alto”.
En la reunión del Concejo Municipal de Oroville en la que se aprobó la resolución de la república constitucional, un miembro del personal de la ciudad tuvo que aclarar a un comentarista que la resolución no estaba “comenzando una iniciativa para que Oroville se separe de California y de la Unión”.
Uno de los oradores fue un hombre mayor que comparó la resolución con el movimiento del Estado de Jefferson, de hace décadas, que pide que los condados rurales y conservadores del norte de California se separen y formen su propio estado. “Esta gente de la ‘república constitucional’ probablemente evitaría los mandatos de uso de mascarilla”, afirmó el hombre, citando la tasa de vacunación del condado. “En otras palabras, buscan matar personas”.
La audiencia estalló en carcajadas. Cuando se aprobó la resolución, aplaudieron. Thomson destacó que el ímpetu de la declaración fueron los mandatos de vacunas, especialmente el de los estudiantes, al que se han opuesto varios distritos escolares del condado de Butte y desató protestas en todo el estado, incluso en ciudades como Los Ángeles.
“Ahora que los mandatos han pasado no solo de poner algo en el exterior del cuerpo o modificar la forma en que la gente maneja sus negocios, sino de aplicar algo dentro del cuerpo, del que nadie conoce los efectos a largo plazo, eso es, en mi opinión, cruzar la línea”, enfatizó Thomson.
Thomson, pastor de una iglesia de la Asamblea de Dios, dijo que no está en contra de las mascarillas ni se opone a la vacuna para las personas que lo deseen, pero él y sus hijos optaron por no hacerlo, ya que ahora tienen anticuerpos después de una leve lucha con el COVID-19 en agosto pasado. “Hay gente que dice, ‘Todo esto es un engaño’”, afirmó. “Nosotros no pensamos así, solo nos mantenemos firmes”.
Añadió también que los empleados de la ciudad no vacunados se someten a pruebas semanales para detectar el COVID-19, a expensas de la ciudad. Y su iglesia ha entregado cientos de mascarillas a los feligreses.
Los concejales fueron inundados de llamadas y correos electrónicos sobre la resolución, reacciones positivas y negativas, de todo el país. “Ha habido muchos improperios”, reconoció Eric Smith, concejal y presidente de la Cámara de Comercio de Oroville.
Smith agregó que la mayoría de los dueños de negocios locales apoyan la declaración. Los cierres de la pandemia fueron una píldora difícil de tragar, porque se produjeron en medio de un “renacimiento fiscal” local y una población en aumento en los últimos años.
(Hailey Branson-Potts / Los Angeles Times)
Ha sido como caminar en “una cuerda floja”, dijo, el tener “un enfoque equilibrado de las preocupaciones sobre la enfermedad y la propagación y los medios de vida de las personas”.
La concejal Krysi Riggs emitió el único voto negativo en contra de la declaración, porque cree que la mejor manera para que los líderes de la ciudad rechacen los mandatos es a través del sistema judicial, no con una resolución. Pero, destacó, comprende la frustración con los mandatos. “Hemos estado en esta situación durante 20 meses y creo que el sentimiento general es de fatiga”, expresó. “¿Cuándo terminará esto? Sí, hay algunas luces al final del túnel, pero también conllevan incertidumbres y riesgos”.
La pandemia, añadió, se sumó a lo que ya han sido cinco años de desastres para la ciudad. En 2017, se produjo el fallo de un vertedero en la presa de Oroville que provocó evacuaciones masivas; el incendio de Camp, de 2018, en la cercana Paradise, y la sequía que obligó a cerrar una importante central hidroeléctrica en el lago Oroville, en agosto.
Cuando estallaron incendios forestales en el condado de Butte, el verano pasado, el aire lleno de humo en Oroville era tóxico, pero comer en interiores estaba prohibido en todo el estado debido al virus, lo cual dejó a los restaurantes locales en un serio aprieto, comentó Riggs. “Ha sido un yo-yo de lo que es aceptable y lo que no”, dijo.
Brian Wong, quien abrió Union Bar & Grill en Oroville en el otoño de 2019, considera que la declaración de la ciudad sobre los mandatos es “muy valiente”.
Como propietario de una pequeña empresa, Wong dijo que se sentía como si tuviera que navegar por las complicadas y siempre cambiantes reglas estatales por su cuenta. “Te sientes enojado, te sientes débil. Durante todo un año, no había más que miedo y rabia al pasar por todo este sistema”, señaló. “Al ver que la política se infiltraba en todo esto, tenía la sensación de que no estaban siendo sinceros sobre la salud y la seguridad”.
Wong, quien también es dueño del restaurante chino Tong Fong Low, de 109 años de antigüedad, gastó mucho dinero para construir un patio para cenar al aire libre y exigió que sus docenas de empleados usaran mascarilla durante más de un año, hasta que las vacunas se generalizaron.
Ha escuchado todas las opiniones sobre la pandemia de parte de sus clientes y agradece las diversas perspectivas. Por eso nombró a su restaurante Union (unión), porque es su visión de California: “Una unión de todas estas personas diferentes para formar el todo”.
(Brian van der Brug / Los Angeles Times)
Estacionado en la calle de Union, Joseph Tomlinson, un chef de 24 años, abrió su camión de hamburguesas, Joe’s Lunch ToGo, en marzo de 2020, justo cuando comenzaba la pandemia. No había oído mucho sobre la declaración de la república constitucional, pero pensó que no vendría mal si impulsaba un mayor control local. Cuando él y sus empleados empezaron a utilizar mascarilla y exigieron distanciamiento social, no recibió acoso de los clientes. “Nunca tuvimos quejas”, dijo. “Somos una ciudad pequeña y nos apoyamos mutuamente”.
Pero sentado en el exterior de su tienda de antigüedades en el centro de la ciudad, Gold City Mercantile, Michael Suplita se rió y puso los ojos en blanco cuando se le preguntó si Oroville era una república constitucional. Respondió con una broma: “En lo que a mí respecta, un mandato es cuando dos hombres salen a cenar”.
¿Y en cuanto a la declaración?
“Todo es pura palabrería”, dijo Suplita. “Somos la nueva ciudad que dice: ‘No tenemos que hacer lo que tú digas’. En fin”.
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