Más de 30.000 californianos están atascados con delitos, faltas y otras condenas en sus registros que deberían haber sido borrados ‘automáticamente’.
Hace casi dos décadas, en una carretera del desierto en el condado de San Bernardino, Sara Rodríguez fue detenida y arrestada con 10 paquetes pequeños de cannabis en su automóvil. Fue declarada culpable de un delito grave, posesión de la droga para la venta, finalmente pasó más de dos años en prisión.
En los años transcurridos desde entonces, Rodríguez, de 39 años, se convirtió en la primera de su familia en ir a la universidad y en junio se graduó de UCLA con una maestría en bienestar social.
Pero Rodríguez todavía tiene un delito grave en sus antecedentes, una marca negra potencial para los empleadores y la junta estatal de licencias de trabajo social.
Cuando los votantes de California legalizaron el cannabis para uso recreativo en 2016, una promesa fue la creación de un camino legal a través de los tribunales para eliminar muchas condenas anteriores relacionadas con la marihuana o reducirlas a un cargo menor.
Fue un paso buscado por los defensores de la reforma, destinado a corregir muchas de las injusticias infligidas por la guerra contra las drogas que se libró en el país, de manera desproporcionada, contra las personas pobres y las comunidades de color.
Pero a pesar de una ley de 2018 destinada a acelerar y automatizar el proceso, decenas de miles de californianos como Rodríguez todavía tienen delitos graves, delitos menores y otras condenas en sus registros, según descubrió una investigación de Los Angeles Times.
“Me siento muy abrumada y limitada. Tenía la impresión de que esto sucedería automáticamente, pero no es así”
— SARA RODRÍGUEZ
Al menos 34.000 antecedentes de marihuana aún no han sido procesados por completo por los tribunales, según un análisis de datos proporcionado por funcionarios judiciales en todo el estado. El número era más del doble que en agosto, antes de que el Times comenzara a cuestionar los lentos tiempos de procesamiento.
Los retrasos en la eliminación de cargos por drogas pueden tener consecuencias nefastas para quienes buscan empleo, licencias profesionales, vivienda, préstamos y en otros casos en los que se requieren verificaciones de antecedentes penales.
Los tribunales se han convertido en el principal cuello de botella en un proceso que ha enredado al Departamento de Justicia de la entidad y las oficinas de los fiscales en 58 condados. Aunque varios condados se han movido agresivamente para clarificar los registros, muchos otros se han activado a un paso de tortuga. Algunos tribunales, incluso en Riverside y San Bernardino, donde Rodríguez fue condenada, no han procesado por completo ni un solo caso.
Los funcionarios judiciales culparon a una combinación de factores por las demoras, incluyendo el COVID-19, escasez de personal, sistemas de gestión de casos obsoletos, registros antiguos que requieren revisión manual y problemas técnicos.
El Tribunal Superior del Condado de San Bernardino “se vio gravemente afectado por el COVID-19 con un cierre parcial durante 75 días y experimentó escasez de personal, enfermedades y cuarentenas, junto con severas reducciones presupuestarias”, escribió la portavoz Julie Van Hook en un correo electrónico.
Pero muchos defensores ven las demoras como una continuación de un largo patrón de fallas para abordar el impacto desigual de las políticas de drogas en las personas de color, especialmente para los californianos negros, quienes durante décadas han tenido las tasas de arresto más altas del estado.
“Cuando se trata de un problema que afecta en gran medida a los negros, avanzamos lentamente para hacer las cosas”, enfatizó Eliana Green, abogada de Hood Incubator, misma que trabaja por la equidad racial y económica en la industria del cannabis.
El fiscal general de California, Rob Bonta, autor de la ley para borrar los antecedentes penales mientras se desempeñaba en la legislatura estatal, reconoció los problemas con su implementación.
“No es aceptable. Está tomando demasiado tiempo”, señaló Bonta al Times en una entrevista.
Alrededor de 117.000 californianos han obtenido un alivio legal por sus condenas por marihuana, detalló Bonta, pero el estado ha enfrentado desafíos significativos, particularmente debido a la falta de un sistema centralizado de registros en toda la entidad.
“¡Qué lástima!”, expresó Felicia Carbajal, directora ejecutiva del Social Impact Center en Los Ángeles. “La comunidad merece algo mejor que las medias tintas que estamos viendo en esto”.
Muchos defensores públicos y fiscales de distrito compartieron preocupaciones similares de que el esfuerzo del estado carecía de los recursos y la tecnología necesarios para tener éxito.
“No es aceptable. Está tardando demasiado”
— ROB BONTA, FISCAL GENERAL DE CALIFORNIA
El fiscal de distrito del condado de Yolo, Jeff Reisig, describió los sistemas de registros judiciales en California como “totalmente deficiente”.
“No hay coordinación. Los condados no se comunican entre sí. Apenas dialogan con el Departamento de Justicia”, señaló Reisig. “Tienes 58 condados en California y cada uno es como su propio estado”.
Se suponía que la ley de 2018, el Proyecto de Ley de la Asamblea 1793, eliminaría en masa las condenas por cannabis pasadas, suprimiendo la necesidad de presentar peticiones judiciales individuales, un proceso oneroso que pocos californianos emprendieron, ya sea por falta de recursos o conciencia de que era una opción. La carga recayó en el estado para automatizar el proceso de identificación de casos elegibles, actualización de registros y desestimación y sellado de muchos de ellos para que no aparezcan en las verificaciones de antecedentes.
La pionera ley fue la primera en el país en ofrecer autorización automática de registros para las condenas por marihuana. Al menos otros seis estados vieron hacia California y modelaron una legislación similar.
“La visión”, indicó Bonta, era “que el gobierno debería tener un papel principal y central en la entrega de los derechos existentes a las personas, en lugar de hacer que luchen por ellos, los encuentren y tomen 10 pasos diferentes”.
El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) envió a los fiscales de distrito 191.055 casos de marihuana potencialmente elegibles para su revisión. Su fecha límite era el 1 de julio de 2020 para enviar los casos a los tribunales, y la mayoría de los condados cumplieron.
Pero la ley no les dio a los 58 tribunales superiores de California una fecha límite para completar su fin: actualizar los registros de casos y transmitirlos al Departamento de Justicia, que mantiene la base de datos de antecedentes penales en todo el estado y responde a las verificaciones de antecedentes.
El Times recopiló datos de más de tres docenas de tribunales superiores en toda la entidad y encontró que muchos condados se están moviendo lentamente. El Tribunal Superior del Condado de Riverside no ha procesado por completo ninguno de sus 21.000 casos.
Muchos tribunales se encontraban en distintas etapas: Por ejemplo, el condado de Alameda procesó el 58% de los casos y Santa Cruz el 39%. El condado de Kern está al 18%.
Los funcionarios de Kern mencionaron fallas técnicas por la demora en llevar los casos al Departamento de Justicia. Los funcionarios de Santa Cruz señalaron que su progreso se había estancado porque la corte estaba esperando una solución de software de su proveedor del sistema de gestión de antecedentes.
A algunos condados les ha ido mejor. A pesar de la pandemia, Santa Clara eliminó sus 11.500 casos en abril de 2020. Los Ángeles terminó de procesar 66.000 casos a finales de 2021.
Los retrasos no son por falta de recursos económicos. Los tribunales obtuvieron $16.83 millones del presupuesto estatal para pagar los costos de procesamiento de antecedentes, como la dotación de personal y el desarrollo de tecnología de la información.
El Consejo Judicial de California, que supervisa las cortes superiores, distribuyó el dinero entre los condados, pero un representante señaló que la agencia no rastrea cómo se usan los recursos o cuánto progreso han hecho los tribunales.
El Inland Empire tiene una de las tasas de clarificación más bajas del estado.
En el condado de San Bernardino, la condena por delito grave de Rodríguez fue uno de los 5.400 casos de cannabis que esencialmente estaban acumulando polvo. Después de las preguntas del Times, el tribunal comenzó a revisar los registros a fines de 2021, pero ninguno de los casos se completó, confirmó un representante.
Carrie Snuggs, jefa de operaciones del Tribunal Superior del Condado de Riverside, señaló “retrasos generales relacionados con la pandemia”, problemas técnicos y personal inadecuado.
Las autoridades allí habían terminado de revisar unos pocos miles de delitos menores e infracciones, pero los 17.400 delitos mayores permanecían.
Y el tribunal ni siquiera envió los delitos menores y las infracciones al DOJ debido a un aparente malentendido de las instrucciones, descubrió el Times. (Después de las preguntas del Times, el Departamento de Justicia explicó que estaba ayudando a la corte en su primera transmisión de casos).
“No es una prioridad. Esto es algo que ha sido ordenado por ley y todavía no lo están haciendo”, señaló Shaun LeFlore, un organizador en Riverside del grupo All of Us or None, que aboga por las personas que han estado encarceladas. “Esos 21.000 individuos en Riverside o los 5.400 en San Bernardino merecen recuperar su vida”.
Cuando Rodríguez salió de prisión, “haber sido encarcelada por un delito grave realmente se sintió como aplastar un sueño”, señaló. Fue rechazada para empleos y, si no hubiera vivido con su madre, probablemente habría sido rechazada para la vivienda.
Muchas comunidades en California tienen políticas de “hogar libre de delitos”, que comúnmente presionan a los propietarios para que excluyan a los inquilinos con antecedentes penales. Y a las personas se les puede negar vivienda pública o vales de la Sección 8 por condenas por drogas.
Pero Rodríguez encontró un espacio en la educación superior y asistió a Cal Poly Pomona, donde se unió a un programa llamado Project Tebound, una red de apoyo para estudiantes en las escuelas de Cal State anteriormente encarcelados.
Ella y sus amigos en el grupo se ayudaron mutuamente en la búsqueda de vivienda y trabajos, lo que la llevó a obtener un título de posgrado en UCLA.
Sin embargo, le preocupaba que su carrera pudiera toparse con obstáculos hasta que su condena por delito grave fuera degradada a un nivel de delito menor.
“Me siento muy abrumada y limitada”, explicó Rodríguez. “Tenía la impresión de que esto sucedería automáticamente, pero no es así”.
Según otra ley estatal reciente, la junta de licencias de trabajo social, al menos en teoría, no puede negar su solicitud basándose únicamente en su condena. Pero la realidad podría ser diferente, subrayó, y un delito menor se ve mucho mejor que un delito grave.
“Crea una subclase permanente. Al no eliminar los antecedentes relacionados con la marihuana, estamos ayudando a fomentar la pobreza [para las personas negras y latinas]”
— VONYA QUARLES, DIRECTORA EJECUTIVA DE “STARTING OVER”
Muchos defensores indicaron que el retraso en la clarificación de registros afecta especialmente a las comunidades negras y latinas.
Si bien los estudios nacionales muestran que el consumo de marihuana es aproximadamente el mismo entre los blancos, los negros y los latinos, en 2015 en California las tasas de arrestos por cannabis para los latinos fueron 1.4 veces más altas en comparación con los blancos, y los californianos negros fueron arrestados a una tasa 3½ veces mayor en contraste con los blancos, según un informe de 2016 de Drug Policy Alliance.
Ese año, los negros tenían casi cinco veces más probabilidades que los blancos de ser arrestados por un delito grave relacionado con la marihuana, encontró el informe.
“Crea una subclase permanente. Al no purgar los antecedentes relacionados con la marihuana, estamos ayudando a fomentar la pobreza [para las personas negras y latinas]”, subrayó la abogada Vonya Quarles, directora ejecutiva de Starting Over, que brinda servicios a individuos anteriormente encarcelados en Inland Empire y Los Ángeles.
“Los tipos de trabajos que están disponibles para las personas con condenas por delitos graves no son tan buenos como los tipos de empleos que están disponibles para aquellos que no las tienen”.
Según AB1793, que se aplicaba retroactivamente a las condenas por marihuana basadas en posesión, venta, cultivo y transporte, los fiscales tenían mucha discreción: Podían impugnar los casos identificados por el Departamento de Justicia y tenían la libertad de agregar más nombres a la lista de personas que calificaban para un alivio legal.
Muchos fiscales degradaron los delitos graves a delitos menores; y los delitos menores e infracciones, que ya no eran ilegales bajo la Proposición 64, fueron desestimados y sellados.
Sellar un caso significa que la condena se borra del registro público. En ese sentido, está “clarificado”.
En Los Ángeles, la ex fiscal de distrito Jackie Lacey, quien se enfrentaba a un contrincante de la reforma en las elecciones de noviembre de 2020, anunció que solicitaría al tribunal que sellara los 66.000 casos de marihuana.
El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles completó la actualización de registros y envió la mayor parte de sus casos al Departamento de Justicia en abril, señaló un representante.
En todo el estado, el DOJ aún tiene que sellar alrededor de 10.000 casos, y 4.000 de esas condenas son de Los Ángeles.
Pero el Departamento de Justicia ha desarrollado formas de eludir varios problemas potenciales, comentaron las autoridades. Por ejemplo, algunas verificaciones de antecedentes que pasan por el DOJ, como las de vivienda pública y empleo, están marcadas para acelerar el sellado de las condenas por marihuana si aparecen.
El Defensor Público Adjunto del Condado de Los Ángeles, Nick Stewart-Oaten, detalló que los tribunales, el Departamento de Justicia y la policía aún tienen que sincronizar completamente la información. Agregó que está al tanto de al menos dos casos en los que las personas fueron encarceladas y acusadas falsamente de delitos graves porque sus condenas por marihuana no se habían actualizado ni a nivel estatal ni local.
Este otoño, el sucesor de Lacey, George Gascón, anunció que su oficina había descubierto 58.000 condenas adicionales por cannabis y solicitaría que se sellaran.
El condado de Alameda, que incluye a Oakland, no envió su primer lote de casos al Departamento de Justicia hasta junio de 2021, puntualizaron funcionarios judiciales. Hasta el momento, solo se han actualizado y transmitido 4.718 registros judiciales, con 3.438 casos restantes.
El oficial ejecutivo del Tribunal de Alameda, Chad Finke, detalló que el tribunal ha tenido poco personal durante la pandemia y que la contratación ha sido difícil. Los casos restantes requieren una revisión manual ya que muchos de ellos son antiguos o no están en el sistema de registro electrónico de la corte, indicó
Finke.
“Mientras tanto, el personal que tenemos en nuestra división Criminal tiene otro trabajo que deben realizar todos los días para garantizar que se protejan los derechos de los acusados, se cumplan los plazos, etc.”, escribió Finke en un correo electrónico.
Uno de los casos de marihuana que languidecen en Alameda pertenecía a Justin, quien pidió ser identificado por su apodo para evitar preguntas de su empleador.
Fue arrestado a los 18 años después de que, comentó, los policías lo atraparon cargando poco más de una onza de cannabis en un tarro. En 2007, fue condenado por posesión de marihuana y sentenciado a tres años de período de prueba.
Después del período de prueba, el tribunal redujo el delito grave de Justin a un delito menor. Hasta hace poco, no tenía idea de que había leyes en los libros que debieron haber clarificado sus antecedentes.
Le preocupaba que sus antecedentes penales interfirieran en la obtención de una visa para trabajar en el extranjero. Eventualmente, se puso en contacto con un abogado de Root & Rebound, con sede en Oakland, quien lo ayudó a presentar una petición ante el tribunal. El proceso tomó alrededor de cuatro meses y, a mediados de octubre, se clarificó su registro.
“Se estaba haciendo un cierto perjuicio”, señaló Justin, de 33 años. “No solo no fue automático, nunca hubo transparencia sobre el proceso”.
El Tribunal Superior del Condado de San Diego tardó hasta fines de septiembre, más de un año y medio, en terminar de revisar 35.662 registros. Casi 26.000 de esas condenas fueron delitos graves. Durante la pandemia, la creación de salas de audiencias virtuales, la presentación electrónica y las audiencias de transmisión en vivo “han tomado prioridad y recursos”, comentó la portavoz de la corte, Julie Myres, en un correo electrónico.
Pero a mediados de noviembre, ninguno de los casos había sido enviado al Departamento de Justicia para actualizar su base de datos de antecedentes penales, explicaron las autoridades. Desde entonces, el DOJ puntualizó que ayudó a San Diego en su primera transmisión exitosa. (San Diego envió recientemente 25.550 casos al Departamento de Justicia, informaron las autoridades).
San Diego recibió $2.196 millones del estado en previsión de requerir amplios recursos administrativos para los registros de marihuana, pero la corte solo gastó alrededor de $28.000, según datos del Consejo Judicial. El tribunal creó programas de computadora que casi eliminaron la necesidad de empleados, señaló Myres, y el dinero sobrante se devolverá al estado.
En diciembre, el Departamento de Justicia del estado envió un boletín implorando a los fiscales y tribunales que aceleraran.
“Instamos a las agencias judiciales y a los tribunales a priorizar la implementación del proceso de nueva sentencia por cannabis, para que los californianos puedan obtener de inmediato el alivio legal al que tienen derecho según la ley”, detallaba el boletín.
Bonta indicó que su agencia se está acercando a los tribunales para ofrecer recursos y apoyo para “asegurarse de que haya claridad en el sistema”.
“Estamos aprendiendo cómo la mejora de sistemas puede conducir a impactos auténticos para personas reales”, agregó Bonta. “Es una lección importante y tenemos que hacerlo mejor”.
Mientras tanto, Rodríguez contactó recientemente a la oficina del defensor público en el condado de San Bernardino para comenzar a presentar una petición por su cuenta. Le advirtieron que el proceso tomaría de seis a ocho meses.
La solicitud de la junta de licencias de trabajo social tenía una sección completa en la que se le pedía que explicara su delito grave.
Sabiendo que la condena de hace mucho tiempo seguirá apareciendo en una verificación de antecedentes obligatoria, redactó una larga narración sobre su arresto por marihuana, su tiempo en prisión, su rehabilitación y los muchos premios y logros que ha acumulado desde entonces.
“Es mucho trabajo tener que dar siempre explicaciones”, señaló Rodríguez. Con el tiempo, espera no tener que hacerlo.
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