El camino pedregoso de los amparados al TPS. Hondureños y salvadoreños no ven el retorno como opción
Los Ángeles — Los inmigrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Nepal se encuentran en vilo por el futuro del programa Estatus de Protección Temporal (TPS) que va a ventilarse en una corte, luego de que las negociaciones fracasaran entre la administración del presidente Joe Biden y los demandantes.
“Ni yo, ni ninguna de las otras personas se regresa, ya tenemos la vida hecha aquí”, dijo la contadora hondureña Jessika Girón, residente en el estado de New Jersey.
La comerciante salvadoreña, Sara Martínez, piensa lo mismo. “No, yo no me veo allá, mi país es aquí”, dijo la oriunda de La Unión que se radicó en Los Ángeles en 1995.
Girón y Martínez se encuentran amparadas al TPS, alivio migratorio que desde el 2018 tiene bajo zozobra a más de 337 mil personas, cuando el entonces presidente Donald Trump decidió cancelar el programa; sin embargo, gracias a una demanda se les ha extendido la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
Más de 300 mil personas amparadas al TPS se encuentran en zozobra al fracasar las negociaciones entre la administración Biden y los demandantes para que el programa no sea cancelado
Los últimos cinco años los beneficiarios han tenido que enfrentar diferentes escollos en un pedregoso camino, en su lucha por encontrar ayuda y obtener una solución permanente.
En junio de 2017, beneficiarios de este programa oriundos de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal se reunieron en Washington DC para formar la Alianza Nacional de TPS. A la fecha, existen cerca de 35 comités en todo Estados Unidos, los cuales son apoyados por más de 10 organizaciones y sindicatos.
Al conocerse la decisión de Trump, que cancelaba este alivio migratorio para hondureños y salvadoreños, salieron a las calles a protestar y realizaron caravanas que se dirigieron a la capital estadounidense.
“Nunca nos escucharon”, dijo Girón sobre las gestiones realizada ante el gobierno del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
La idea de la gente de la Alianza era unir fuerzas con los presidentes, buscaron a los jefes de Estado que representaban a los inmigrantes amparados en el programa para hacer cabildeo. Eso le hicieron saber al mandatario salvadoreño Nayib Bukele cuando visitó Washington DC, en octubre de 2019.
“Le pedimos al presidente Bukele que nos ayudara, que hiciera lobby”, dijo el salvadoreño Tony Vásquez, coordinador del comité TPS en Woodbridge, Virginia. La respuesta que recibieron fue positiva.
Sin embargo, ese mismo día los activistas se enteraron que el presidente de El Salvador había firmado un acuerdo con Estados Unidos para que los salvadoreños retornaran al país de origen.
“Bukele nos metió el cuchillo, nosotros nos sentimos traicionados”, dijo Vásquez sobre ese acuerdo que va en contra de la lucha de esta Alianza.
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Los salvadoreños obtuvieron los beneficios de este programa en el 2001, luego de que esa nación sufriera los estragos de dos devastadores terremotos. Entretanto, los hondureños fueron amparados al TPS en 1999 después de la destrucción causada por el huracán Mitch a su paso por Centro América.
A pesar de que algunos aseguran que el gobierno de Xiomara Castro, presidenta de Honduras, ha sido menos visible en las gestiones a favor del TPS, hay organizaciones que han tenido acercamientos con ella.
“No hemos parado de protestar ni de gestionar”, dijo Girón, originaria de Tegucigalpa, asegurando que las autoridades diplomáticas nombradas por el expresidente Hernández no expresaron “interés ni para escuchar el caso y nunca nos dieron espacio”.
Antes de que asumiera en el puesto, los hondureños en la Alianza Nacional de TPS le comenzaron a mandar cartas a Castro. Luego se acercaron a la embajada en Washington DC, siendo el primer encuentro con el encargado de negocios en una conexión vía zoom.
A la fecha, estos activistas ya se reunieron con el canciller Enrique Reina, con la presidenta Castro y hasta fueron al Congreso de Honduras, en donde los 128 diputados votaron en unanimidad por una moción en la que se pronunciaron para acompañar como país los esfuezos por el TPS.
“Nosotros hemos podido sentir el interés del gobierno hacia el tema del TPS, nos hemos sentido escuchados y hemos conseguido un compromiso por parte de la presidenta Castro para llevar el tema como país”, dijo Girón, quien es beneficiaria de este programa y vive en New Jersey desde 1998.
En medio de la actual disputa legal, en Miami (Florida) se creó la Fundación 15 de Septiembre. Miembros de esa entidad se movilizaron este lunes hacia Washington DC y se apostaron frente a la embajada hondureña pidiendo que el gobierno de Castro no solo se enfoque en el caso que se encuentra en la corte.
“Lo que queremos es un nuevo TPS para que ampare a medio millón de hondureños”, dijo Juan Flores, presidente de esa fundación. Este activista asegura que Castro no le ha dado seguimiento a la solicitud de alivio migratorio presentada por el gobierno anterior, presentada en diciembre de 2020, a raíz de los huracanes Iota y Eta.
En entrevista con Los Angeles Times en Español, el vice-canciller hondureño Tony García reveló que la presidenta Castro, el canciller Reina y el mismo García han realizado gestiones en diferentes niveles de la administración Biden para que se otorgue otro TPS y que se proteja a las personas amparadas desde 1999.
El vice-ministro de Relaciones Exteriores aseguró que la semana anterior se reunió con Katie Tobin, asistente especial del presidente Biden y directora sénior de asuntos transforterizos del Consejo de Seguridad Nacional. “Le recordé que cuando Biden era candidato dijo que cancelar el TPS era ‘una receta para el desastre’”, indicó.
“Hemos hecho lo que humanamente se puede hacer, desde que vino la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión, ahí la presidenta le mencionó el tema. Lo ha pedido subsecuentemente el canciller y su servidor”, dijo el vice-canciller García.
En una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el canciller Reina le solicitó el 18 de abril anterior que se tomen en cuenta las condiciones del país y los estragos causados por las tormentas Eta e Iota en noviembre de 2020 para que se apruebe un nuevo TPS.
Reina también detalló en la misiva que si sus compatriotas se quedan sin el actual alivio migratorio y deportaran a esas personas, eso significaría “más desempleo, más violencia, más inseguridad alimentaria, menos oportunidades para las personas que actualmente viven en Honduras, y muy probablemente en más migración irregular”.
Un nuevo TPS, dijo el canciller, sería “un alivio importante” mientras el gobierno de la presidenta Castro trabaja en crear las condiciones básicas “para que los hondureños puedan retornar a un ambiente democrático, próspero y seguro al país que los vio nacer”.
El TPS, creado en 1990, sirve como una forma de ayuda humanitaria que se otorga a países devastados por desastres naturales o guerras. A juicio de Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, se tiene que seguir ejerciendo presión a la administración Biden para que no elimine este programa.
Contraria a la postura de Honduras, el gobierno de El Salvador ha elevado la narrativa de que esa nación ha cambiado, algo que se convierte en desventaja para los salvadoreños en este alivio migratorio.
“Cuando un gobierno declara que el país ha alcanzado el paraiso y que todos los salvadoreños están felices, ya no hay desempleo y que incluso le darían la bienvenida a los que quieren regresar, eso en realidad puede presentar un problema”, dijo Chacón.
“Sabemos que eso es muy distante de la realidad, pero es la imagen que se proyecta”, agregó el activista, entonces la administración del presidente Biden “puede decir que las condiciones que hicieron meritorio dar la protección temporal ya no existen y pueden enviar de regreso a las personas”.
Como lo plantean los expertos, el caso va a resolverse en la corte. Sin embargo, todavía la administración Biden puede extender el programa o igual tiene la potestad para otorgar una acción diferida.
A juicio de Raúl Hinojosa-Ojeda, profesor de ciencias políticas de UCLA, en ese escenario el presidente de un país puede abogar y hacer cabildeo por sus connacionales por medio de sus representantes diplomáticos, pero cree que Bukele no puede utilizar ese recurso porque mantiene relaciones tensas con el gobierno de Biden.
“El problema aquí es que no hemos visto que sea una prioridad del gobierno [de Bukele] mantener buenas relaciones con Estados Unidos”, apuntó el académico.
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El politólogo observa además que el caso del TPS es espinoso. A su juicio, ya sea que la corte o el gobierno federal decidan cancelarlo de forma definitiva será un golpe negativo, tanto para la administración Biden como para el gobierno de Bukele.
“En la medida que fracase va a tener un impacto muy negativo política, económica y socialmente para el gobierno salvadoreño”, valoró Hinojosa-Ojeda. “Estados Unidos también entiende eso; habrán repercusiones por no avanzar el TPS, la gente va a demandar a la administración [Biden] y la van a culpar por no cumplir sus promesas”.
Mientras los activistas de TPS hondureños cuentan con el apoyo de su gobierno, los salvadoreños que se encuentran involucrados en este movimiento no observan una asistencia tangible.
La semana anterior, al publicarse una nota sobre el aparente abandono en el que han estado los beneficiarios del programa, la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, reaccionó en Twitter asegurando lo contrario.
“¡Falso! Nuestro gobierno jamás ha estado alejado de las agendas de nuestros hermanos en el exterior. Es lamentable su campaña de mentiras”, escribió la diplomática. En otro tuit, Mayorga aseguró que desde que ocupa el cargo de embajadora “no han cesado” sus esfuerzos “por una solución beneficiosa” para sus connacionales con TPS y DACA.
Tony Vásquez no coincide con Mayorga. Este activista asegura que el consulado local en Virginia les cerró las puertas. Antes se reunían en esas instalaciones, pero luego les dijeron que debían enviar la solicitud a la Cancillería y no volvieron a contar con ese apoyo.
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Al mismo tiempo, el organizador comunitario sostiene que la embajadora ha estado ausente, lo mismo piensa de la canciller Alexandra Hill Tinoco.
“Ella está mintiendo”, dijo el activista, aduciendo que las supuestas gestiones de la embajadora Mayorga con congresistas datan de febrero y mayo de 2021, en donde la diplomática asegura haber abordado el tema del TPS, tal como se puede ver en su cuenta de Twitter.
“Nosotros a esa señora no la queremos ni ver”, dijo Vásquez, agregando: “No prestan ni el menor interés a los sentimientos de la gente con TPS, ya lo demostró Bukele con el acuerdo para que retornemos; ahorita, nadie de nosotros se está moviendo para El Salvador”.
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