Yuba, uno de los peores centros de detención de California. Tres inmigrantes cuentan su historia
Los Ángeles — Se cumplió un año en octubre pasado de una conquista celebrada por varios grupos de activistas e inmigrantes del norte de California: cuando la última persona indocumentada de un grupo de 11 detenidos en la cárcel del condado de Yuba, en la ciudad de Marysville, recobró su libertad.
Yuba es la única cárcel de California que arrienda una parte de sus instalaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la cual se localiza a 425 millas al norte de Los Ángeles. Esto quiere decir que las personas detenidas por ICE que tienen procesos civiles relacionados con su situación migratoria permanecen recluidas en el mismo centro penitenciario que otros presos condenados por casos penales o que todavía están enfrentando cargos.
El año pasado, en medio de presiones de varias organizaciones y luego de huelgas de hambre de internos que exigían mejores condiciones de salubridad, los últimos 11 detenidos que estaban en Yuba dejaron la cárcel. Siete de ellos salieron por decisión de ICE, pero otros cuatro fueron deportados a sus países de origen porque no tenían otra alternativa en materia legal.
Aunque la prisión permaneció sin personas indocumentadas por solo dos meses, este inusual evento sigue siendo recordado por quienes movilizaron durante meses la campaña “Free The Yuba 11” (“Liberen a los 11 de Yuba”) y por aquellos que hoy pueden pelear sus casos estando en libertad.
La vida en Yuba
Jonny Vásquez es un salvadoreño de 33 años que estuvo en esta cárcel desde 2018 hasta 2021. Terminó preso luego de que agentes de ICE lo detuvieron en la ciudad de San Rafael, en el condado de Marin, mientras iba de su casa al trabajo. “Yuba es una cárcel regular, no solo personas ilegales. Y eso ya es otro ambiente”, dice. En este lugar debían vestir trajes naranjas y durante un tiempo tuvieron que compartir celda con otros presos.
“Nos ponían con personas que estaban mentalmente enfermas y que a veces empezaban a reaccionar diferente. A gritar a las dos o tres de la mañana”, recuerda Leonel Sánchez, un mexicano de 53 años que permaneció un año y ocho meses en Yuba. Esta situación cambió en mayo de 2020, cuando a los detenidos por ICE les asignaron su propia área.
Leonel y Jonny coinciden en que su estatus migratorio los hacía objeto de insultos y presiones por parte de los oficiales para que firmaran sus deportaciones. Dicen que es una práctica común en los centros de detención.
“Me decían ‘¿para qué estás peleando tu caso? No vale la pena. Debes de firmar e irte, que este no es tu país’”, afirma Jonny. “Ellos no saben, y no les interesa saber, por qué motivo estamos luchando por quedarnos”. En el caso de Jonny, estaba huyendo de la violencia de El Salvador, en donde ya había sido perseguido y torturado por razones políticas. El peligro era tal, que decidió cruzar la frontera por el desierto de Falfurrias, en Texas, y llegó a Estados Unidos luego de perderse durante cuatro días.
A los malos tratos por parte de los oficiales en Yuba, que también incluían inspecciones en la madrugada sin motivo y destrucción de objetos personales, se sumaba una precaria higiene en las celdas. La tarea de limpiarlas quedaba en manos de los propios presos. “Cuando llovía, se salía el agua del drenaje y aventaban nuestras cobijas al agua sucia (para secarla)”, afirma Leonel. Otros detenidos denunciaron que solían encontrar insectos y piedras en los alimentos y que la atención médica podía tardar entre tres y cuatro días.
En 2020, con la llegada de la pandemia del COVID, las condiciones de salubridad en la prisión no cambiaron sustancialmente. Y al igual que otras cárceles del país, y del mundo, Yuba se convirtió en una bomba de tiempo en materia de contagios. “Nos decían que se trataba sólo de una gripe, pero empezamos a ver en las noticias que con esa gripe se estaban muriendo muchas personas”, señala Jonny.
El miedo al contagio de un virus desconocido y la entrega tardía de suficientes implementos de aseo y cubrebocas, se sumaron a la presión de estar encerrados y aislados mientras peleaban sus casos ante las autoridades migratorias. Por eso empezaron a protestar.
“Exigíamos un trato digno”
A principios de 2021, inmigrantes detenidos en Yuba y en la correccional de Mesa Verde, en el condado de Bakersfield, presentaron una demanda contra ICE a través de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del norte de California. En ella alegaron que las condiciones de reclusión los exponían considerablemente al virus, por lo que pedían su liberación.
Cuando un juez federal les dio la razón, Yuba empezó a dejar en libertad a algunos de sus presos. “Pasamos de 175 al comienzo de la pandemia a 11 para abril del 2021. Ahí vimos la oportunidad de no sólo usar los servicios legales, sino también la participación ciudadana para liberar a los que seguían ahí”, asegura Laura Duarte, miembro del Colaborativo de California de Justicia para Inmigrantes (CCIJ).
CCIJ y otras organizaciones como la ACLU del norte de California, Faithful Friends y Pangea Legal Services, se unieron en la campaña “Free The Yuba 11”. En ella se realizaron vigilias, llamadas con internos sobre la vida en Yuba y hasta reuniones con miembros del Congreso.
“Queríamos mostrar que son personas que tienen trabajos, que tienen familia y que quieren contribuir a su hogar tanto emocionalmente como financieramente”, agrega Duarte. “Se están separando familias. Se está hiriendo a la comunidad migrante”.
La lucha no solo fue en el exterior de Yuba. A mediados de 2020, Jonny Vásquez y otros internos hicieron una huelga de hambre que duró casi una semana. Exigían unas condiciones mínimas de higiene y distanciamiento social para lidiar con la pandemia y detener las prácticas de confinamiento que a veces ejercían a manera de castigo con quienes protestaban.
“Les decía (a los internos): ‘Todo esto se va a quedar impune (si no protestamos) y nadie nunca va a saber de los maltratos que están pasando acá adentro’”, recuerda Jonny. “Lo que estábamos exigiendo era un trato digno”.
Ricardo Vásquez, otro salvadoreño de 47 años que estuvo en Yuba por más de tres años, recuerda que algunos internos de otros pabellones también se unieron a sus reclamos. “Cuando hicimos huelgas, hasta ellos nos apoyaron. Nos decían: ‘Ustedes no tienen por qué estar así. Nosotros sí estamos pagando lo que hicimos’”. Ricardo ingresó a Estados Unidos en 1999 y estuvo amparado al programa Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta 2018. Al igual que Jonny, huyó de las pandillas de El Salvador, que mataron a uno de sus hermanos.
Los internos cesaron la huelga, aunque no se cumplieron todas sus demandas. Poco tiempo después llevaron a cabo una segunda protesta y, como lo temía Jonny, hubo consecuencias. Durante meses no pudo acceder a productos de aseo personal, y en una queja escrita otros reclusos denunciaron que les rompieron sus colchones y les confiscaron objetos personales en represalia por la huelga. Jonny enfrentó hostilidades y revisiones de los agentes de seguridad hasta que salió de Yuba.
“Daba miedo vivir ahí porque cuando ya traes una rencilla con un guardia, no sabes que puede hacerte”, sentencia.
Libertad inesperada
En mayo de 2021, Jonny Vásquez dejó la cárcel. Fue de un momento a otro y se dio pocos días después de que un juez le negara la posibilidad de salir bajo fianza. ICE tiene la potestad de retener o liberar detenidos según le parezca, por lo que la noticia los tomó por sorpresa a él y a su familia. CCIJ y las demás organizaciones consideran que esta decisión se debió en buena parte a la presión de la sociedad civil, la participación comunitaria y el activismo, todo esto enmarcado en la pandemia.
Estando fuera de Yuba, Jonny continuó peleando su caso y hoy goza de un permiso de trabajo que le permite desempeñarse como jardinero. Mientras tanto, está a la espera que le aprueben una suspensión de remoción, lo que evitaría que lo deporten.
Sobre la vida fuera de Yuba, cuenta que por mucho tiempo solía irritarse con ruidos y con la presencia de otras personas a su alrededor. También dice que la prisión le reavivó episodios de ahogo que no tenía desde los maltratos que recibió en El Salvador. “Salí con estrés postraumático que tuve desde mi país. Con la presión de que me iban a deportar, sentí que se me activó más”, explica.
Su paso por Yuba también tuvo un impacto en su familia, especialmente en su hija, que tenía unos cinco años cuando se reencontró con él. “No se quería alejar de mí. Y cuando veía a un policía me decía ‘papá escóndete, agacha la cabeza’ o se ponía a llorar. Eso es muy feo”, recuerda.
Leonel Sánchez, por su parte, pudo probar con ayuda de su abogada que no existía riesgo de que dejara de asistir a las citaciones de ICE. El 17 de septiembre de 2021 lo dejaron salir bajo una fianza de $10 mil que pagó el Orange County Justice Fund. Aunque le han negado aplicaciones de asilo y otros tipos de protección contra la deportación, ha apelado ante la Corte de Noveno Circuito y está a la espera de su respuesta.
Mientras tanto, permanece en Santa Ana, California en donde se criaron sus tres hijos y sus dos nietas. “Yo nací en México, pero siento que no pertenezco allá porque acá está mi familia. Esto es lo que conozco. En México no hay nada para mí”, destaca.
Ricardo, el último
Para el otoño del 2021, Ricardo Vásquez, en cambio, veía que liberaban uno a uno a sus compañeros, pero él seguía en Yuba. Hasta que era el último. “Estaba sin ánimo de nada en aquella soledad. Ese tiempo no se lo deseo a nadie”, recuerda. Así permaneció durante tres semanas. Mientras tanto, CCIJ y las otras organizaciones planeaban una vigilia para el 30 de octubre en el Mission Dolores Park, de San Francisco, con el propósito de seguir presionando por su liberación.
El 27 de octubre de 2021 un guardia le dijo que se tenía que ir. Él entendió que lo iban a trasladar. “Con tal de salir de aquí, no importa a dónde me lleven”, pensó. Sin darle mayores explicaciones, lo trasladaron en un bus hasta una oficina de ICE en la que vio a su hermana. Le desataron pies y manos y luego le pidieron datos de contacto y reportarse en la oficina a los tres días. Ahí entendió todo. “Yo ya no aguantaba más de la alegría cuando me dijeron eso”, cuenta. Esa alegría solo fue equiparable a la que sintió cuando pudo asistir a su propia vigilia. En ella se encontró con otros hombres que habían estado detenidos con él. Por fin eran libres.
En los meses siguientes, Ricardo siguió presentándose ante ICE y reportándose por teléfono. En abril de 2022 le concedieron su permiso de trabajo y hoy instala cables y hace arreglos de teléfonos y computadoras. “Ahí sí sentí que había valido la pena todo el tiempo que estuve encerrado. Ahorita hay que echarle ganas y salir adelante”, asegura.
Aunque los once detenidos por ICE en Yuba salieron en 2021, Laura Duarte, de CCIJ lamenta que hayan tenido que pasar por un centro de detención de esas características. “Los centros de detención son sistemas que están diseñados para que la gente firme su deportación. Hay muchas cosas que parecen pequeñas pero que cuando uno las une, terminan siendo básicamente tortura”, opina.
En eso coincide César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio. “Cuando las personas están encarceladas, en sitios que están aislados, lejos de familia, de abogados, muchas veces toman las decisiones que sean necesarias para tratar de salir de esa situación. Aunque eso venga con el costo de dejar la posibilidad de seguir adelante con un reclamo legal que podría ayudarles”, afirma.
En esa línea, cada vez hay más detenidos por ICE que son monitoreados en vez de encarcelados. Algunas tecnologías que se usan son los monitores de tobillo con GPS, informes telefónicos con tecnología de coincidencia de voz para confirmar la identidad o aplicaciones para teléfonos inteligentes basadas en el reconocimiento facial. Según Trac, para finales de septiembre de 2022, el número de personas monitoreadas por estas vías superó los 3 mil por primera vez.
Sin embargo, según García Hernández, para justificar el encierro de migrantes se necesita “más que solamente querer saber dónde se encuentra la gente”. Se refiere a darles alternativas como el acceso a un abogado, a trabajadores sociales y a mínimos que les permitan intentar cumplir los requisitos que demandan sus procesos.
“Hay maneras de apoyar a personas que están en el proceso de seguir el juicio de una corte de inmigración sin encarcelarlos. Cuando el gobierno ha creado programas de experimentación en el pasado, la cantidad de personas que siguen los requisitos que se imponen son del 90 % para arriba”, agrega.
Aunque el contrato de la cárcel de Yuba con ICE se mantuvo durante todo el 2022 y la prisión siguió siendo receptora de población migrante detenida, activistas tienen información de que el contrato estaría llegando a su fin. Hasta el momento, la agencia federal no ha confirmado ni descartado esta información.
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