Para los inmigrantes la vejez llega sin protecciones: Activistas se dirigen a México para pedir estipendios
Para Andy Molina, nada le serviría mejor que un cheque de por lo menos 300 dólares a la semana después de haber trabajado en Estados Unidos durante 40 años.
Pero a los 70 años de edad, Molina aún tiene que salir a vender fruta a las calles para poder sobrevivir. El inmigrante de Colima, México sabe que esos 300 no son mucho para solventar los gastos de una renta completa en Los Ángeles, pero le ayudaría por lo menos a pagar un par de facturas del hogar de su hijo, donde actualmente vive.
Cuando Julio Alberto Ramos escuchó por primera vez que un candidato a presidente, en aquel entonces Donald Trump, acusó a los inmigrantes mexicanos de ser criminales, le ofendió este ataque.
“A pesar de presentar impuestos, invertir mis ganancias en este país y enviar remesas a México durante décadas, no soy beneficiario de nada por no tener documentos legales”, dijo Molina.
“Para los inmigrantes como yo, no nos queda otra mas que trabajar hasta morir porque para los gobiernos somos apestados”, dijo.
La gran mayoría de los trabajadores indocumentados mayores de México que viven en Estados Unidos se enfrentan a la vejez sin la protección de una pensión u otros beneficios de jubilación, según la nueva encuesta “Repaying the Debt” (Pagando la deuda): El caso para extender la “Pensión Bienestar” a adultos mayores mexicanos que viven en EE.UU., en la que participaron más de 1,500 inmigrantes indocumentados en todo Estados Unidos.
California alberga alrededor de 764,000 empresas empleadoras (o empresas con al menos un empleado), de las cuales aproximadamente 85,000 son empresas de propiedad latina, según el Latino Policy and Politics Institute.
Los resultados de la encuesta tienen como misión arrojar las necesidades de las personas de la tercera edad sin documentos legales en Estados Unidos, para pedirle a los gobiernos de México y este país, un estipendio o “fondo de jubilación” para este sector.
Actualmente, las personas sin documentos en Estados Unidos no califican para las pensiones de retiro, y en muchos estados ni siquiera tienen beneficios de salud.
En diciembre de 2023, los voluntarios y el personal de las organizaciones miembros de la Red nacional de La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) comenzaron a administrar encuestas a inmigrantes indocumentados de México de 62 años o más. La divulgación fue guiada por el Consejo de Ancianos Macehualli, un grupo de trabajo nacional de trabajadores mayores de centros de jornaleros y trabajadores de todo el país.
En el corazón de California y sus bulliciosas calles repletas de soñadores en la caza de oportunidades para alcanzar el éxito, la historia de Catalina Sánchez Sánchez destaca como un testimonio de resistencia y ambición.
“Existe una deuda histórica con nuestros trabajadores mayores. Tanto Estados Unidos como México se han beneficiado enormemente de una fuerza laboral inmigrante que lo ha dado todo”, dijo Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de NDLON.
“Con $65 mil millones estimados en remesas para 2024, los trabajadores migrantes que viven en Estados Unidos no solo están contribuyendo a la economía regional, sino que la están subsidiando”, sostuvo Alvarado al dar a conocer los hallazgos.
El reporte revela que estos trabajadores tenían poca seguridad financiera propia después de años –o décadas– de enviar remesas para apoyar a sus familias en casa y ayudar a estabilizar la economía de su país de origen.
Durante su estancia en los centros de inmigranción de Golden State Annex y Mesa Verde, en el sur de California, José Rúben fue forzado a vestir un uniforme sucio, fue sujeto a comer alimento podrido y con objetos foráneos como tierra o insectos, y por un dólar de salario al día, debía de limpiar el lugar con agentes de limpieza peligrosos sin ningún equipo para proteger su cara o manos.
Algunos hallazgos de la encuesta nacional de trabajadores mayores incluyen que en promedio, el grupo completo de encuestados ha estado empleado en Estados Unidos durante 34 años, el 93 por ciento de los encuestados está apoyando a familias en México a través de remesas y el 33 por ciento se vieron obligados a trabajar durante el pico de la pandemia de COVID.
En la actualidad, sostiene el reporte, un estimado de cinco millones de inmigrantes mexicanos indocumentados no son elegibles para recibir pagos del Seguro Social, a pesar de que la mayoría de los trabajadores han contribuido al sistema. Muchos otros han trabajado en industrias donde las pensiones y los ahorros para la jubilación proporcionados por el empleador son escasos. Como resultado, muchos se ven obligados a seguir trabajando, a menudo haciéndolo después de que deberían haberse jubilado debido a problemas de salud o edad, y se enfrentan a la gran incertidumbre de cómo cubrirán sus costos de vivienda, atención médica y otras necesidades básicas a medida que envejecen.
Este otoño, millones de jóvenes estadounidenses votarán por primera vez en las elecciones generales, pero también hay nuevos ciudadanos de diversas generaciones.
Este es el caso de Molina, quien tiene osteoporosis, presión alta y diabetes.
“Cuando las personas antimigrantes leen este tipo de noticias usualmente se enojan y nos piden que regresemos a nuestros países de origen, pero no se percatan que lo esencial que tienen llega gracias a las manos de los migrantes como la verdura de los que trabajan en el campo o la ropa, de las costureras que trabajan mas de las ocho horas para hacer algo de dinero”, dijo Molina.
“Mi pecado es ser indocumentado, pero nunca he robado solamente he trabajado. Ahora de viejo vivo pensando que será un gasto mas para mi hijo en lugar de ayuda a su economía”, dijo Molina.
El pasado 24 de enero, Kimberly descubrió que estaba embarazada.
En el caso de José Villa, un vendedor ambulante de paletas de hielo de ahora ahora 73, el dinero no le alcanza para alquilar un apartamento ni siquiera una habitación, por lo que vive en un garaje que su jefe, el dueño del carrito, le ha facilitado por el momento.
“Uno tiene achaques, pero no hay nada que podamos hacer solamente seguir trabajando. Claro, esperando que los gobiernos nos tomen en cuenta. No hay que perder la esperanza”, dijo Villa.
La encuesta nacional, dirigida por NDLON y revelada este 14 de agosto con conferencias en Los Ángeles y Nueva York, llega en un momento significativo en el que el Gobierno de México está considerando ampliar la asistencia para la jubilación por primera vez a sus ciudadanos que viven en Estados Unidos.
El 22 de julio de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el programa nacional “Pensión Bienestar” se ampliará para incluir a los trabajadores mexicanos que se han jubilado en los EE. UU., pero aún no se han anunciado los detalles de implementación.
Los representantes de NDLON y el Consejo de Ancianos Macehualli planean viajar a la Ciudad de México la próxima semana para abogar por una implementación efectiva que incluya a los trabajadores mayores en Estados Unidos que son indocumentados.
En una entrevista anterior con esta reportera, Alvarado dijo que le gustaría ver esa ayuda monetaria para los migrantes lo antes posible.
“Este estipendio permitirá que los inmigrantes puedan no solo volver a invertir en la economía local, sino también ayudar a sus familias o atender su salud. Muchos de ellos están enfermos y aun así deben trabajar”, dijo.
Angela Sanbrano, vicepresidenta de la Mesa Redonda de Líderes Latinos, quien planea ir a México para formar parte de las ruedas de prensa por la mañana de López Obrador, dijo que el objetivo de la encuesta es pedir estipendios con estadísticas en mano.
“Sabemos de manera general que hay personas de la tercera edad que buscan trabajo, que platican sus situaciones, que tienen necesidades, pero solo hay testimonios. Este estudio da datos creíbles sobre sus situaciones en Estados Unidos”, dijo Sanbrano.
“Queremos hacerle saber al presidente que nos da gusto saber que piensan extender el apoyo monetario a los mexicanos en Estados Unidos, porque es una deuda que México tiene con los trabajadores que han servido a ambos países con su trabajo. Queremos que antes de salir de las instrucciones de cómo se llevaría a cabo la entrega de beneficio a los mexicanos que podrían aplicar”, sostuvo la activista.
El reporte resalta que sólo el 24 por ciento de los encuestados de 65 años o más se han jubilado y, de ellos, el 72 por ciento tiene una discapacidad que les impide trabajar, lo que sugiere que habrían continuado en su empleo si no fuera por la discapacidad.
Asimismo, una cuarta parte de estos encuestados informa que la discapacidad se debe a un accidente, lesión o condición crónica causada por su trabajo. Esto resalta las condiciones laborales que son difíciles físicamente y a menudo peligrosas, que soportan muchos inmigrantes indocumentados.
El reporte arroja que “la razón principal por la que las personas de 65 años o más continúan trabajando es para brindar apoyo a los miembros de su familia (66 por ciento). Sin embargo, la necesidad constante de brindar asistencia financiera a sus familias es solo uno de los factores que aumentan la inseguridad económica que enfrentan los inmigrantes indocumentados mayores”, dijo Nik Theodore, profesor de la Universidad de Illinois, quien ancló la investigación.
Entre los encuestados de 65 años o más, sólo el 2.5 por ciento afirma tener una pensión que podría ayudarles durante su jubilación, mientras que el 89 por ciento afirma que no la tiene y el por ciento no está seguro.
“Vemos como tanto en México y Estados Unidos la comunidad ha trabajado durante mucho tiempo. Los gobiernos le deben mucho a este sector que ahora, el 75 por ciento actualmente sigue trabajando para apoyar a sus familias y enfrentando dificultades económicas”, dijo el profesor.
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