Madre inmigrante obtiene Visa U tras el asesinato de su esposo y clama justicia
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Los Ángeles — La mañana del 9 de noviembre de 2021, la vida de la familia Lozano-Ramírez cambió para siempre.
Gabriel Lozano, de 35 años y residente de Hemet, fue asesinado a tiros frente a su domicilio en la cuadra 26400 de Columbia Street, en la zona no incorporada de Hemet, mientras se dirigía a su trabajo.
Según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, los hechos ocurrieron poco antes de las 6 a.m. Lozano fue encontrado con una herida de bala frente a su casa, entre las avenidas Mayberry y E. Whittier. Aunque recibió auxilio médico de emergencia y fue trasladado al hospital, falleció tras no resistir una segunda cirugía.
Tras el paso de la administración de Donald Trump, una orden ejecutiva que impone la amenaza de sanciones, revisiones y una supervisión más estricta contra los abogados que representan demandas contra el gobierno federal, los activistas pro inmigrantes encienden la alarma.
Kelvin Clyde Smith, de 29 años, también de Hemet, fue arrestado ese mismo día a las 6 p.m. en la cuadra 1200 de North State Street en San Jacinto, por el Departamento de Policía de San Jacinto y miembros del equipo antipandillas del Departamento del Sheriff. Smith fue acusado de asesinato, posesión de sustancias controladas, uso de arma de fuego y violación de libertad condicional. Tiene antecedentes penales por delitos relacionados con armas, drogas y manipulación de documentos legales.
Gabriel Lozano y Adriana Ramírez, su esposa, emigraron a California desde Atotonilco El Alto, Jalisco, México, en 2007.
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En aquel entonces ella tenía 19 años y Gabriel 21. Ya en Estados Unidos ambos tuvieron tres hijos, quienes al momento del asesinato tenían 13, 9 y apenas 1 año y 5 meses. Gabriel trabajaba en una compañía de aire acondicionado y pagaba impuestos utilizando un ITIN, a pesar de no tener número de seguro social.
Adriana describe que su esposo encendió su auto Toyota Prius para ir al trabajo, y al bajar para cerrar el garage, este vio a un sujeto que intentaba evitaba robarse el auto. Fue entonces cuando un presunto cómplice, desde un auto estacionado en doble fila, disparó contra Gabriel. Aún con vida, Gabriel llamó al 911 y sus últimas palabras fueron: “¡No quiero morir!”.
Para proteger a los inmigrantes de la agenda de detenciones masivas de la administración de Donald Trump, que pide a las autoridades locales el arresto de personas en el trabajo, escuelas y hasta iglesias, el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), ha lanzado una línea directa de recursos legales de respuesta rápida para los miembros de la comunidad del sur de California detenidos por agentes de control de inmigración.
“Me quería volver loca cuando me dieron la noticia los doctores. Pensé que todo estaría bien, me dejaron pasar a verlo a pesar de las restricciones del COVID 19. Me dijeron que estaba en cirugía porque una bala había entrado a su cuerpo. Tras cinco horas de lo que había pasado, me dijeron que mi esposo había fallecido”, dijo Adriana.
“Desde entonces recuerdo sus últimas palabras y pienso que en ese momento mi esposo estaba pensando en sus hijos y en mí. No nos quería dejar sin sustento. Le preocupabamos”, sostuvo.
Después del asesinato, Adriana abandonó su hogar por razones de seguridad y se refugió con sus hijos en casa de un hermano. Explicó que semanas antes, las cámaras de vigilancia de su casa captaron a un hombre armado con un arma intentando ingresar.
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“Desde entonces la vida no ha sido igual. No he podido trabajar porque he tenido que cuidar a mis hijos, especialmente a la más pequeña. Mi vida se detuvo, y con ello la de mis hijos, que aún sufren la pérdida de su padre”, dijo Adriana.
En medio del dolor, la incertidumbre migratoria y el temor por su seguridad, Adriana fue informada que podía ser elegible para una Visa U, una protección migratoria para víctimas de crímenes violentos que cooperan con las autoridades.
Tras iniciar el proceso hace tres años y con la representación de la abogada de inmigración Denise P. Cabrera, Adriana recibió recientemente la aprobación de la Visa U y un permiso de trabajo.
“La Visa U es un beneficio migratorio otorgado a víctimas de ciertos crímenes violentos —como asalto agravado, violencia doméstica, abuso sexual o asesinato— que hayan sufrido daños físicos o emocionales graves y que colaboren con las autoridades en la investigación o enjuiciamiento del delito. Para calificar, la víctima debe obtener una certificación de la policía o del fiscal confirmando su cooperación”, dijo la abogada desde su oficina que lleva su nombre en Santa Ana.
Cada año solo se aprueban 10,000 Visas U, aunque hay más de 200,000 solicitudes pendientes. Debido a la alta demanda, el proceso puede tardar hasta siete años. Mientras tanto, los solicitantes pueden obtener un permiso de trabajo temporal que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras esperan la aprobación final.
De acuerdo con la abogada Cabrera, en California no hay una fecha tope o límite para pedir este alivio. Sin embargo, en Texas, por ejemplo, el plazo es de dos años, por lo que es importante acudir con un experto si las personas están interesadas en obtener esta visa.
“Dentro de mi tristeza, es una alegría inmensa haber obtenido la residencia”, comentó Adriana. Ahora con 37 años y radicando al sur del Valle de San Gabriel , la madre de familia planea estudiar para obtener su GED y un certificado en el área médica. Aun así, asegura que su lucha más importante es lograr justicia para su esposo.
A más de tres años del crimen, el juicio de Smith ha sido postergado múltiples veces. La próxima audiencia criminal está programada para el 2 de mayo. Adriana teme que las evidencias y testimonios no sean suficientes ante el sistema judicial.
“Nos quitaste a un buen padre y esposo”, dice, dirigiéndose al presunto homicida que aún no ha sido sentenciado. “Yo seguiré en la lucha. Quiero justicia” dijo mientras enfatiza como su hija la más pequeña pregunta por su padre y solamente se consuela con fotografías.
Adriana afirma que ha enfrentado el proceso completamente sola y que, como inmigrante indocumentada, el apoyo legal y emocional ha sido escaso. Pide el respaldo de la comunidad y de los medios de comunicación para que su historia no quede en el olvido.
“Justicia para mi esposo. Justicia para el padre de mis hijos. Justicia para Gabriel”, repite con firmeza.
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