Piden información sobre agente de la Patrulla Fronteriza que dio muerte a hispana

SAN DIEGO/EFE — 

Tres años después de la muerte de una mujer hispana a manos de un agente de inmigración, familiares y activistas pidieron ayer respuestas al Gobierno federal ante la posibilidad de que el oficial involucrado continúe activo dentro de la corporación.

Valeria Tachiquín Alvarado, madre de cinco hijos, murió el 28 de septiembre de 2012 al recibir nueve disparos por parte de un agente encubierto de la Patrulla Fronteriza, quien realizaba un operativo en una zona residencial de San Diego, California, donde el objetivo era otra persona.

Según el reporte policial, la mujer, quien era ciudadana norteamericana, intentó alejarse del sitio a bordo de su vehículo y al no acatar la orden de detenerse un oficial, ahora identificado como Justin Tackett, disparó su arma en múltiples ocasiones contra el vidrio del auto.

A pesar de que ya se ha presentado una demanda ante la corte federal en la que además se acusa a la Patrulla Fronteriza de haber contratado al agente, quien ya contaba con antecedentes de mala conducta en otras corporaciones policiales, el proceso legal ha avanzado de manera lenta.

“El Gobierno nos ha tenido en el limbo, en la oscuridad, hasta ahorita no se ha sabido nada, seguimos con las mismas inquietudes y nosotros seguiremos aferrados a la justicia”, comentó ayer Teresa Tachiquín, tía de la fallecida, quien dijo recordar a su sobrina como una mujer “alegre y muy segura de sí misma”.

La directora del grupo Alliance San Diego, Andrea Guerrero, señaló que desconocen si el oficial Justin Tackett sigue trabajando para la agencia federal, pese a que han solicitado dicha información en numerosas ocasiones.

“Nos preocupa mucho porque él puede seguir en la calle siendo una amenaza para la comunidad, especialmente porque tiene antecedentes”, insistió la activista.

Asimismo, recordó que cuando el oficial fue despedido años atrás por el Departamento del alguacil del condado Imperial, se le calificó en la carta de terminación de su trabajo como “un oficial que no podía ser confiado con una placa o un arma”.

Debido a que la investigación continúa abierta, el vocero de la Patrulla Fronteriza en el sur de California se negó a emitir un comentario o contestar sobre el estado del oficial.

De acuerdo a datos del grupo Alliance San Diego, en los últimos cinco años se tiene registro de 40 personas fallecidas a manos de agentes federales.

La semana pasada, un fiscal federal en Arizona presentó por primera vez cargos penales en contra de un oficial de la Patrulla Fronteriza por la muerte del mexicano José Antonio Elena Rodríguez ocurrida en octubre de 2012 en Nogales, Sonora.

Para los activistas, este hecho demuestra que sí es posible que existan consecuencias penales por este tipo de acciones.

“Es el primer caso en que hemos visto cargos y estamos muy animados y felices de que llegaron a este punto y esperamos que en el caso de Valeria Tachiquín también se pueda llegar a ese punto”, puntualizó Guerrero.