Piden a El Salvador agilizar extradición de militares

Defensores de los derechos humanos y la comunidad de la Universidad José Simeón Cañas instaron el jueves a la Corte Suprema de El Salvador a colaborar con la justicia española que ha solicitado la extradición de un grupo de militares salvadoreños vinculados con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, informó que recibió la notificación del juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, que ha girado las órdenes internacionales de captura para los17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato y afirmó que “la orden debe ser cumplida de manera inmediata”.

Jeannette Aguilar, directora del Instituto de Investigación de la Universidad dirigida por jesuitas, dijo el jueves a la AP que “la difusión roja ya está reactivada, esperamos que funcione la institucionalidad como ha funcionado en otros casos y la Corte Suprema de Justicia cumpla con su mandato de autorizar la extradición”.

Señaló que la orden “automáticamente debería de hacerse efectiva, no veríamos ninguna razón por la cual deberían de abstenerse de capturarlos y extraditarlos”.

En una resolución la Procuraduría recomendó a la policía y a la oficina de la Interpol en El Salvador que procedan de inmediato a la captura de los militares imputados.

El director de la policía Mauricio Ramírez Landaverde confirmó que ya recibió la notificación vía internet, pero dijo que esperarán a que el documento llegue por escrito para darle el curso legal. Explicó que según el procedimiento establecido, al recibir la notificación por escrito la harán llegar a la Corte Suprema que designará un juez que se encargará de girar las órdenes de captura y posteriormente decidirá sobre la extradición.

Los militares incluidos en la petición de extradición y que eran integrantes de la cúpula castrense cuando ocurrió el asesinato son el ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, el ex jefe de la fuerza aérea Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza Guerra, Antonio Ramiro Avalos, Tomás Zarpate, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Oscar Alberto León, Carlos Mauricio Guzmán, Gonzalo Guevara Cerritos, Oscar Mariano Amaya, Héctor Ulises Cuenca, José Alberto Sierra y Ángel Pérez Vásquez.

España también ha pedido a Estados Unidos que entregue al entonces ministro de Seguridad, el coronel Inocente Orlando Montano, detenido en ese país por violar leyes migratorias.

Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en la que vivían dentro del campus universitario.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

La UCA ha dado por “cerrado” el proceso en contra de los autores materiales, pero los jesuitas insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual.

En marzo de 2000, la UCA demandó ante la Fiscalía General de la República a Cristiani y a seis coroneles salvadoreños por la autoría intelectual del crimen, pero un tribunal de justicia de El Salvador rechazó reabrir el caso.