Demócratas piden a Obama protección para centroamericanos

Legisladores demócratas pidieron el martes al presidente Barack Obama que conceda una protección temporal a centroamericanos que llegaron a Estados Unidos buscando asilo y suspender inmediatamente sus deportaciones.

El legislador demócrata Luis Gutiérrez dijo que los 139 firmantes de la carta a Obama decidieron difundirla el martes porque no han recibido respuesta desde que se reunieron la semana pasada con la directora de política interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz para solicitar el estatus de protección temporaria (TPS por sus siglas en inglés) para los migrantes.

The Associated Press solicitó un comentario a la Casa Blanca, sin obtenerlo de inmediato.

Los congresistas reunieron las firmas —casi tres cuartas partes de los 188 miembros de la bancada demócrata en la cámara baja— a raíz de que el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció el arresto de 121 inmigrantes durante un operativo enfocado en familias y niños centroamericanos que ingresaron a Estados Unidos después del 1 de mayo del 2014 de manera ilegal, tienen órdenes finales de deportación y han agotado las posibilidades de regularizar su situación migratoria.

“Una orden final de deportación no significa necesariamente que estas madres y sus niños no tienen argumentos legítimos para un asilo”, reza la misiva. “Creemos que esta operación debe ser suspendida inmediatamente hasta que podamos garantizar que ninguna madre ni ningún niño será devuelto a un país donde sufrirán persecución, torturas o muerte”.

Steny Hoyer, subjefe de la bancada demócrata de la cámara baja, dijo que decidió firmar la carta porque el gobierno de Obama “se precipitó hacia políticas erradas, diseñadas a enviar un mensaje (en el extranjero) de que si las personas vienen sin autorización serán deportadas, pero el mensaje fue recibido en Estados Unidos por personas a las que no iba dirigido”.

Los congresistas denuncian que el gobierno ha tratado como una crisis migratoria lo que en realidad es una crisis de refugiados centroamericanos que huyen de la violencia perpetrada por el crimen organizado.

Los obispos católicos enviaron el martes una carta similar al secretario Johnson, exhortándolo a poner fin inmediatamente a las redadas y las deportaciones y expresaron su temor de que cualquier deportación tenga lugar sin confirmar que pudieron argumentar debidamente su solicitud de asilo.

Flavia Jiménez, abogada de la organización no gubernamental Advancement Project, criticó a la Casa Blanca por invitar a un refugiado sirio al discurso del Estado de la Unión que Obama pronunciará la noche del martes mientras las redadas migratorias “causan terror y dolor con redadas en comunidades inmigrantes y refugiados centroamericanos”.

Los cónsules de los tres países que conforman el Triángulo Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— recomendaron el martes a sus connacionales residentes en Estados Unidos adoptar medidas de precaución para evitar posibles abusos de las autoridades migratorias.

La cónsul guatemalteca en Washington, Dina Mogollón, advirtió que si las autoridades migratorias llegan a una casa, sus ocupantes no deben abrir la puerta, y deben pedirle que pasen una orden de allanamiento por debajo de la puerta para verificar si está firmada por un juez.

“Guarde silencio. Pida hablar con un abogado. No dé información sobre su lugar de nacimiento, edad, estatus migratorio o estancia en Estados Unidos”, agregó durante una conferencia de prensa que ofreció junto a sus contrapartes de El Salvador y Honduras.

“No firme nada. No muestre documentos. Si lo quieren interrogar, pregunte si está detenido. Si no lo está, váyase lentamente. SI está arrestado, guarde silencio y pida abogado”, indicó.

Mogollón recomendó llevar consigo siempre nombre y teléfono de un abogado migratorio y de su respectivo consulado y guardar en un lugar seguro pasaporte, acta de nacimiento y de matrimonio.

Por último, recomendó a aquellos padres que temen ser deportados el preparar un plan para que otros parientes o amigos adultos puedan asumir la tutela de sus hijos menores de edad en caso de una detención.