Políticas migratorias de Obama podrían llegar a un punto muerto

La Corte Suprema de Estados Unidos luce dividida en cuanto a los programas del gobierno del presidente Barack Obama que podrían afectar a millones de personas que viven en el país sin autorización.

La mejor esperanza del gobierno federal para un fallo favorable tras 90 minutos de argumentos en la corte superior el lunes, parecía estar con el presidente de la Corte Suprema John Roberts. Roberts hacía preguntas que parecían indicar que él apoyaría al gobierno de Obama en caso de haber una pequeña oportunidad para los programas propuestos.

Si la corte se divide en ideologías, el caso podría terminar en un empate 4-4 debido al fallecimiento del juez Antonin Scalia en febrero. Esto dejaría a los programas en el limbo, casi con certeza hasta que termine la presidencia de Obama.

Ambas partes reconocen que el resultado de la elección presidencial podría determinar el destino de los programas incluso si la Corte Suprema falla a favor del gobierno federal. Los aspirantes presidenciales republicanos han prometido revertir las acciones de Obama mientras que Donald Trump ha propuesto deportar a 11 de millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal.

El gobierno pide a los jueces permitirle implementar dos programas que podrían proteger a unas 4 millones de personas de ser deportadas y hacerlas elegibles a trabajar en Estados Unidos.

Texas lidera 26 estados dominados por los republicanos que se oponen a los programas que Obama anunció en 2014 y que han sido suspendidos por cortes menores.

Los programas se aplicarían a padres cuyos hijos son ciudadanos o tienen permiso para vivir en Estados Unidos. La elegibilidad también podría ampliarse a los programas de alivio migratorio anunciados por el presidente en 2012 y que aplican a los que llegaron al país siendo niños de padres sin permiso para inmigrar.

Más de 700.000 personas han aprovechado el programa previo, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). El nuevo programa para padres, conocido como DAPA y el programa ampliado para menores podría beneficiar a unas 4 millones de personas, de acuerdo con el Migration Policy Institute, un grupo apartidista.

El destino de los programas podría depender de una frase de dos palabras que el gobierno usaba para describir el estatus de los inmigrantes acogidos a esos programas: presencia ilegítima. Texas y legisladores republicanos que apoyan al estado dicen que la frase es importante porque da a los inmigrantes más derechos de lo que la ley federal permite.

El abogado del gobierno ante la Corte Suprema Donald Verrilli Jr. dijo a los jueces que ellos podrían eliminar esa frase y esencialmente dejar los programas sin cambio. “Si la corte desea tacharla con rojo, está perfecto”, dijo Verrilli.

El lunes mientras comenzaban los argumentos, cientos de manifestantes pro-inmigración con letreros de “Sí se puede” y “Mantengan unidas a las familias” llenaron las calles frente a la corte. También se manifestó un pequeño grupo de personas que opina que las acciones de Obama superaron su autoridad.