Centros de detención viven un boom económico a costillas de miles de inmigrantes

LOS ÁNGELES/EFE — 

Mientras las grandes corporaciones que manejan los centros de detención de indocumentados anuncian la mejoría de sus resultados económicos, los activistas lamentan que este lucrativo negocio se haga a costa de reclusos que, denuncian, sufren abusos y falta de cuidado.

La Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA) anunció recientemente un aumento del 5 %, equivalente a más de 447 millones de dólares, en sus utilidades con respecto al primer trimestre del año anterior.

“Nuestro desempeño financiero estuvo conducido principalmente por una demanda más fuerte de lo previsto de nuestros aliados federales, más notablemente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, dijo al presentar los resultados el director ejecutivo de CCA, Damon Hininger.

Por su parte, GEO Group reportó un aumento del 17 %, o sea unos 136 millones de dólares, con respecto al año anterior, un incremento logrado en parte por la expansión del Centro Residencial Karnes en Texas.

“Hacer negocio con el sufrimiento de miles y miles de familias inmigrantes es vergonzoso e inmoral”, declaró hoy a Efe Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

“Condenamos la detención de inmigrantes y la carencia de respeto al debido proceso en el sistema jurídico migratorio”, recalcó el activista.

Por su parte, en una comunicación obtenida por Efe, Cristina Parker, directora de Programas de Inmigración del Centro Grassroots Leadership calificó como “indignantes” las declaraciones de las empresas sobre sus utilidades.

“Ese dinero está hecho con el sufrimiento de madres y niños que vienen a los Estados Unidos en busca de refugio”, criticó Parker.

Según denunció Grassroots, los contratos con compañías privadas de prisiones les cuestan a los contribuyentes cerca de 160 dólares diarios debido a un “sistema de cuotas” para los centros entre 30.000 y 34.000 camas de capacidad.

Ese grupo de Defensa de los inmigrantes de Texas, fue el mismo que presentó una demanda la semana pasada luego de que el centro de Karnes recibiera una licencia para operar como guardería por parte del Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas.

A consecuencia de la acción legal de Grassroots Leadership, un juez de Texas bloqueó la licencia otorgada al centro de detención que cuenta con 2.400 camas.

Un portavoz del ICE informó que la entidad no hará comentarios sobre los resultados económicos de estas empresas privadas.

El tema del elevado valor de las fianzas también afecta la permanencia de muchos inmigrantes en los centros de detención.

Bamby Salcedo, fundadora y directora de la Coalición Tanslatina que ha ayudado a conseguir que varios inmigrantes puedan pagar sus fianzas y salir en libertad condicional, ve la situación claramente como un negocio.

“El sistema criminal que tenemos se beneficia al tener a las personas encarceladas”, aseguró Salcedo en entrevista.

“Ellos establecen este tipo de fianza para que las personas continúen en detención porque ellos se benefician”, criticó.

Organizaciones que promueven el control de la inmigración hicieron notar esta semana el aumento de menores indocumentados que están llegando al país sin un adulto acompañante, al igual que el incremento de madres con sus hijos.

La Federación Estadounidense para la Reforma de la Inmigración (FAIR) destacó que el número de menores detenidos sin un acompañante, en su inmensa mayoría centroamericanos, muestra un “aumento significativo” con respecto al año anterior y, de mantener el ritmo actual, sobrepasará también las cifras récord de 2014.

De acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza, en 2015 fueron arrestados cerca de 40.000 menores indocumentados y en 2014 más de 68.000, una situación que fue calificada por el propio presidente Barack Obama como “crisis humanitaria”.

Los datos coinciden con un reporte presentado esta semana por el Centro de Investigación Pew que señaló que durante los primeros seis meses del actual año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre, fueron arrestados más de 27.000 menores sin un adulto acompañante, un aumento de más del 78 % con relación al mismo período de 2015.

Así, mientras el problema de la frontera no se resuelve, la llegada al país de menores indocumentados aumenta y las empresas privadas incrementan sus ganancias por retenerlos.

“A los inmigrantes se les castiga cruelmente por buscar un mejor futuro para sus familias”, concluyó Cabrera.