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Embarazada teme perder a su bebé en centro de detención

Maria Solis has spent more than three weeks in Otay Mesa Detention Center, and she said the facility hasn’t provided adequate medical care given her history of difficult pregnancies.

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San Diego Union-Tribune

María Solís descubrió que estaba embarazada de su cuarto hijo días antes de que un agente de Inmigración y Aduanas la detuviera afuera de su departamento.

Solís, de 28 años, de Oceanside, ha pasado más de tres semanas en el Centro de Detención de Otay Mesa, y dijo que la institución no le ha proporcionado atención médica adecuada dado su historial de embarazos difíciles. Le preocupa que si permanece detenida, podría tener un aborto involuntario. Su familia está reuniendo a miembros de la comunidad y pidiendo al republicano Darrell Issa, representante de Vista, que pida su liberación mientras ella continúa su caso en la corte de inmigración.

“Solo quiero ir a casa con mis hijas”, explicó Solís durante una entrevista llena de lágrimas. “Este no es un lugar para nadie en particular, especialmente para mujeres, mujeres embarazadas”.

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Solís fue arrestada mientras caminaba para tomar un autobús a su trabajo en un deli porque tiene una deportación de 2007. Desde que el presidente Donald Trump amplió las prioridades de inmigración en enero para centrarse en aquellos con órdenes de deportación anteriores, muchos como Solís, que no tienen antecedentes penales, se han convertido en blanco.

Una petición en change.org que exige la liberación de Solís tiene más de 2700 firmas.

La política de Inmigración y Control de Aduanas, según un memorándum de 2016, es generalmente no detener a mujeres embarazadas a menos que haya circunstancias extraordinarias o el caso requiera detención obligatoria. El personal de las instalaciones está obligado a notificar al director de la oficina local del ICE cuando se enteran que una detenida está embarazada.

Lauren Mack, portavoz de ICE, dijo que Solís está bajo custodia “en espera de una revisión de su caso de inmigración por un juez de inmigración”.

“Mientras estaba en custodia de ICE, la señora Solís recibió atención médica oportuna y apropiada, incluyendo vitaminas prenatales y pruebas de laboratorio relacionadas con su embarazo”, expuso Mack. “Los expedientes médicos de la señora Solís indican que ella ha sido vista por el personal médico del ICE en el establecimiento 10 veces desde que entró bajo custodia de la agencia a principios de este mes”.

Solís dijo que no recibió las vitaminas o el trabajo de laboratorio sino hasta después de que los medios de comunicación comenzaron a investigar su caso.

El Centro en Otay Mesa, operado por una compañía privada que atiende prisiones, CoreCivic, antes Corrections Corporation of America, tiene un historial de demandas relativas a cuidado médico. La viuda de un hombre que murió de neumonía mientras estaba bajo custodia demandó al gobierno federal a principios de este año. En 2010, el gobierno federal resolvió una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles que hizo acusaciones de mala atención médica en la instalación.

Un portavoz de CoreCivic refirió al San Diego Union-Tribune hacia ICE cuando se le pidió un comentario.

Solís dijo que estuvo en cama en dos de sus tres embarazos anteriores y los tres fueron prematuros. Ella ha tenido cólicos, lo cual es una señal de que este embarazo será similar.

Ella ha ido al médico de la instalación repetidamente, expresó, y generalmente es enviada de regreso a su aposento con agua y Tylenol.

En su última visita el médico le dijo: “Si usted tiene un aborto involuntario aquí, no es nuestra culpa, y no hay nada que podamos hacer al respecto”.

Solís dijo que el personal de la institución le ha gritado por tener suelta la camisa, lo que a las mujeres embarazadas se les permite para evitar la presión sobre sus estómagos, y por tener un segundo colchón, que a las mujeres embarazadas se les permite pedir. Un miembro del personal que le gritó también la obligó a limpiar profundamente, lo que implicó mover sus colchones y agravar sus calambres, dijo. “Esto hace que sea muy difícil pedir ayuda si alguna vez la necesitas”, dijo Solís sobre el comportamiento de los miembros del personal.

Ella fue acosada por otra mujer en su aposento, dijo, y no lo informó durante una semana debido a ese miedo. Cuando le contó al personal de la instalación lo que estaba pasando, inmediatamente la trasladaron a un nuevo lugar, comentó.

Solís dudó en presentar su historia, y su hermana mayor, Izabel Solís, la convenció de que necesitaba compartirla. “Ella es una voz para todas las mujeres que pasan por la misma situación”, dijo Izabel Solís.

Debido a un exmarido abusivo, María Solís puede tener una forma de permanecer en Estados Unidos. Ya que ella lo entregó a la policía, y fue deportado hace varios años, dijo ella.

Ella está solicitando una visa U, que es para las víctimas de delitos que cooperan con la aplicación de la ley, y también ha solicitado protección en virtud de la Convención contra la Tortura porque teme que si regresa a México, su exmarido le haga daño nuevamente. Su familia tiene mucho poder, señaló, porque trabajan en el gobierno mexicano.

Solís ha estado casada con su actual marido, un ciudadano de Estados Unidos, por cinco años. Debido a que Solís ingresó a Estados Unidos sin autorización y debido a su deportación anterior, su esposo no puede auspiciar una tarjeta verde para ella sin que sea excluida de Estados Unidos por 10 años.

Su padre es ciudadano estadounidense naturalizado y su madre tiene una tarjeta de residente permanente. Todos sus siete hermanos nacieron en Estados Unidos o se naturalizaron.

Solís se mudó a México cuando tenía 15 años, según contó, y regresó a los 18 años. Fue atrapada cruzando y deportada. Ella regresó sin autorización ese mismo año y ha vivido en Oceanside desde entonces.

Solís no sabe cuál era el estatus de su familia cuando llegó a Estados Unidos a la edad de 1 o 2 años, dijo.

Recuerda que cuando tenía unos 10 años, la edad de su hija mayor, vio a su padre detenido por funcionarios de inmigración. Esto la traumatizó, dijo, y le preocupa que su detención haga lo mismo con sus hijas.

Solís tiene una cita en la corte el 12 de septiembre. Si no es liberada para entonces, pasará su cumpleaños 29 en detención.

Morrissey escribe para el U-T.

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