Grupos latinos se unen contra el enemigo en demanda por derechos electorales

Varias organizaciones de derechos civiles y activistas están pidiendo unirse a la oposición en una demanda federal que cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Derechos Electorales de California.

Los grupos, que incluyen a las organizaciones de derechos hispanos más antiguas y fuertes del país, quieren ponerse de parte de la Oficina del Fiscal General de California en oposición a la demanda.

Presentado en nombre del ex alcalde de Poway, Don Higginson, con representación y financiación del conservador Proyecto de Representación Justa (The Project on Fair Representation) con sede en Virginia, la demanda alega que la Ley de Derechos Electorales viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al negar a todos los ciudadanos el derecho de elegir a quién quieren representar.

En los últimos años, muchas ciudades de California y otras juntas locales han cambiado de manera renuente, en algunos casos, de un sistema de votación general a elecciones distritales. La Ley de Derechos Electorales de 2001 se ha utilizado para abordar las preocupaciones de que los sistemas de votación en general a menudo diluyen la capacidad de voto de los grupos minoritarios. Los sistemas electorales basados en distritos ayudan a los grupos subrepresentados a elegir representantes de su elección de sus propias comunidades en los ayuntamientos, consejos escolares y otros organismos gubernamentales locales.

Poway recientemente se vio obligado a establecer distritos electorales después de que el abogado Kevin Shenkman de Malibú amenazara con demandar a la ciudad bajo las disposiciones de la ley de derechos electorales.

Shenkman envió cartas de demanda amenazadoras similares a docenas de otras ciudades en el estado, incluidas muchas en el norte del condado de San Diego, como Oceanside, Vista, Carlsbad y San Marcos, que han aceptado las elecciones de distrito.

Las ciudades que han intentado luchar contra el cambio han perdido constantemente en los tribunales, a veces teniendo que pagar millones en honorarios legales. El Consejo Municipal de Poway, como muchos otros, decidió que cambiaría por razones financieras a pesar de que cuatro de sus cinco miembros dijeron que sentían que era innecesario.

Poway tiene solo un 15 por ciento de población latina y sin importar cómo se haya dividido la ciudad, no hay forma de que se haya creado un distrito de mayoría minoritaria. Algunos en Poway, sin embargo, están contentos con el cambio porque uno de los distritos recién creados se encuentra en la parte sur y menos próspera de la ciudad, que históricamente ha estado subrepresentada en el Consejo Municipal.

Higginson demandó tanto al estado como a Poway, aunque la parte de Poway de la demanda se hizo solo como un tecnicismo legal. Es la Ley de Derechos Electorales en sí misma el objetivo.

Solicitando convertirse en “interventores legales” en apoyo del Estado están grupos de derechos civiles como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense (MALDEF) y Asiáticos Americanos Avanzando en la Justicia - Los Ángeles.

“Este pleito ideado es la encarnación del tribunal de ‘Make America Great Again’, un intento de incrustar el privilegio de larga data de los votantes blancos”, dijo Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF, en un comunicado de prensa.

MALDEF también envió cartas a varias jurisdicciones del Estado que amenazan con demandar si los métodos generales de votación no se modifican. El año pasado, fueron los abogados de MALDEF quienes convencieron al Distrito de Servicios Públicos de Fallbrook cambiar la forma en que eligió a los miembros de su junta directiva.

Defensores locales de los derechos de los hispanos y varios residentes de Poway también han pedido unirse al caso Higginson como interventores.

“Las elecciones de distrito nivelan el campo de juego para la democracia”, dijo Judy Ki, residente de Poway, en el comunicado de prensa. “South Poway tiene un conjunto único de problemas y necesita un miembro del Consejo Municipal para abordarlos”.

Los grupos de derechos civiles quieren unirse, argumentando que la ciudad de Poway puede carecer del compromiso de defender la Ley de Derechos Electorales de California. Los abogados de los residentes y LULAC continúan argumentando que si bien la Procuraduría General de California podría defender la ley estatal, es posible que no tenga el mismo interés en proteger los cambios autoimpuestos de la ciudad a su sistema electoral, dijo un portavoz de MALDEF.

Los abogados de Higginson están buscando una orden judicial preliminar que prohibiría al estado imponer la Ley de Derechos Electorales mientras se litiga la demanda. Si tiene éxito, la orden judicial podría afectar la forma en que los funcionarios locales son elegidos en todo el estado.

Los argumentos orales sobre la solicitud de medida cautelar están tentativamente programados para el viernes 19 de enero ante el juez magistrado de San Diego Jill L. Burkhardt.

No está claro qué impacto inmediato podría tener la medida cautelar si se concede y dependerá en gran medida de los detalles del fallo judicial, según los expertos.

Edward Blum, presidente de The Project for Fair Representation, quien buscó a Higginson como demandante, dijo que el caso podría tardar años en litigar. Él predice que eventualmente terminará ante la Corte Suprema del país.

Blum dijo no estar sorprendido por la solicitud de intervenir de los grupos latinos.

“Este caso probablemente atraerá, en algún momento, docenas de informes”, dijo.

Jones escribe para el U-T.