Reporte: México sufre récord de homicidios en plena polémica sobre Ley de Seguridad

México —  Se cumplieron los peores presagios y México registra ya, a un mes de acabar 2017, el peor año en número de asesinatos de las últimas dos décadas, coincidiendo con la reciente promulgación de la polémica Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

De enero a noviembre se registraron 23.101 homicidios dolosos, el dato más mortífero de los últimos 20 años, superando la marca del 2011, de 22.409.

De acuerdo con el informe mensual Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), que se publicó al filo de la medianoche, en los primeros 11 meses del año se produjeron un total de 37.527 homicidios; 23.101 dolosos y 14.426 culposos.

El número de asesinatos también supone un aumento del 23 % frente a los 18.724 homicidios dolosos reportados en los primeros 11 meses del año pasado.

Los estados más violentos fueron Guerrero, con 190; Baja California, con 178; el Estado de México, con 172; Veracruz, con 138, y Chihuahua, con 137, y la mayoría de los 32 estados que conforman México sufrieron un repunte de la violencia en el presente año.

En este sangriento 2017, ni la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes podrá ser usada por el Ejecutivo para disfrazar las cifras, pues el Gobierno ha esgrimido en muchas ocasiones que si bien ha subido el número de víctimas, la tasa disminuyó por el aumento de la población mexicana.

Con base en este parámetro, 2011 es todavía el año más violento con 19,37 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, y 2017 se colocó en 18,70 casos por cada 100.000 mexicanos, de manera preliminar.

Estos son los dos peores datos de la serie, que abarca desde 1997 y que en 2007 tuvo su mejor registro, cuando la tasa de homicidios dolosos bajó a 9,34 sucesos por cada 100.000 habitantes.

En México se produjo un repunte de la violencia hace 11 años por la llamada guerra contra el narcotráfico que propugnó el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que hasta la fecha ha dejado al menos 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30.000 desaparecidos.

Este supuesto combate frontal al crimen organizado supuso la salida a las calles de los militares, donde han permanecido desde entonces efectuando tareas de seguridad pública.

Esta semana, y tras meses, sino años, de debates y controversia dentro y fuera del plano político, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Seguridad Interior.

El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles, donde han sido acusados de uso indebido de la fuerza y desapariciones forzadas.

Ante la avalancha de protestas en las calles y en redes sociales, y la opinión contraria de organismos de tanto peso como las Naciones Unidas o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Peña Nieto anunció, tras la promulgación el jueves, que no emitiría ninguna declaratoria de seguridad hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre su constitucionalidad.

El futuro de esta polémica ley se debatirá ahora en el Supremo, donde la CNDH ya anunció que emitirá una acción de inconstitucionalidad por su parte y pidió el apoyo de la ciudadanía para recabar argumentos.

Desde el Ejecutivo y buena parte del Congreso, que aprobó la ley por mayoría, están convencidos de que la normativa no presenta vicios de inconstitucionalidad.

Así lo expresó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales. “Que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determine, a partir de la propia Constitución, si efectivamente (la ley) se apega o no al texto fundamental”, remarcó.

Para él, la norma no tienen “ningún vicio de inconstitucionalidad”, y además, no implica “ninguna violación a derechos fundamentales”.

Y en medio de este dilema, 23.101 asesinatos en 11 meses.