Se ampliarán los servicios de ayuda para víctimas de violencia doméstica

La abogada de la ciudad de San Diego, Mara Elliott, está expandiendo y reinventando el Centro de Justicia Familiar, una ventanilla única para víctimas de violencia doméstica, que fue considerado un modelo nacional antes de que decayera en los últimos años.

Elliott quiere ampliar el alcance del centro más allá de los límites de la ciudad, revivir las extintas asociaciones con muchas agencias de servicios sociales y comenzar a atender a las víctimas de abuso de ancianos y tráfico humano.

Se muestra optimista respecto al costo de la expansión, el cual se propone no provenga de los contribuyentes de la ciudad, debido a que está contratando a un redactor de solicitudes de subvenciones y está estableciendo una fundación sin fines de lucro para recaudar donaciones para el Centro.

El Centro trabajó estrechamente durante muchos años con una organización sin fines de lucro llamada National Family Justice Center Alliance, pero esa relación terminó hace cinco años después de que funcionarios de la ciudad plantearan preguntas sobre los contratos entre el centro y la organización sin fines de lucro.

Además de aumentar las donaciones y las subvenciones, Elliott indicó que planea cabildear con los funcionarios del condado para que comiencen a cubrir parte del presupuesto del centro, ya que el 31 por ciento de las víctimas que se atiende viven fuera de la ciudad.

“Tenemos grandes sueños”, señaló recientemente Elliott al comité de seguridad pública del consejo municipal. “Es la única opción en la región que brinda a las víctimas de violencia doméstica todos los servicios indispensables que necesitan en un mismo lugar”.

Sin embargo, Elliott dijo que el Centro se ha estancado y ha perdido a muchos de sus socios comunitarios desde que fue incorporado al Departamento de Policía en 2009, como parte de los recortes presupuestarios provocados por la recesión. Por lo que ella ha pasado los últimos meses analizándolo, revisando sus operaciones y contactando a antiguos socios y organizaciones regionales que ayudan a las víctimas de violencia doméstica.

“Es casi como una nueva empresa, así que estamos conociéndola desde cero”, explicó Elliott. El análisis ha cubierto el personal del centro, su presupuesto, la tecnología utilizada por el personal y el contrato de arrendamiento para el espacio del centro que ocupa en 11th Avenue y Broadway.

Aunque oficialmente el Centro no se deslindará del Departamento de Policía hasta el primero de julio, Elliott contrató a un nuevo director ejecutivo en abril y está en proceso de contratar a dos coordinadores de servicios para víctimas.

También lanzó un nuevo programa de capacitación interna y planea organizar un gran foro con potenciales organizaciones socias a finales del mes de mayo.

Además, el Centro ahora cuenta con profesionales médicos en el lugar, para que las víctimas ya no tengan que viajar del centro de la ciudad a Escondido para exámenes después de actos de violencia.

Y un nuevo programa piloto con la Universidad de San Diego hace que estudiantes de derecho puedan ayudar a víctimas que requieran órdenes temporales de restricción.

Elliott dijo que también es pertinente comenzar a ofrecer ayuda a las víctimas de abuso de ancianos y tráfico de personas, dos formas de violencia doméstica que tenían perfiles más bajos cuando el Centro fue fundado por el exabogado de la ciudad Casey Gwinn en 2002.

Los planes para regionalizar el Centro podrían incluir la adición de sedes en escuelas, la formación de centros comunitarios satélites o el lanzamiento de programas móviles, comentó.

Una parte clave de tales esfuerzos será revivir las alianzas con organizaciones de servicios sociales y otros grupos comunitarios. El centro alguna vez tuvo alrededor de 20 asociaciones de ese tipo, aunque ahora solo tiene aproximadamente una docena.

El Centro continuará teniendo ocho empleados, aunque algunos de estos trabajadores permanecerán en el Departamento de Policía y serán reemplazados por nuevo personal.

El Centro tiene programado recibir un poco menos de un millón de dólares en el plan de gastos propuesto por el alcalde Kevin Faulconer para el año presupuestario que comienza el primero de julio, aproximadamente el mismo monto que recibió mientras fue parte del Departamento de Policía.

Elliott dijo que la misión del Centro seguirá siendo detener la violencia familiar, aumentar la seguridad de las víctimas, responsabilizar a los maltratadores y brindar apoyo a largo plazo a las víctimas y sus hijos.

Los servicios que ofrece incluyen una clínica ambulatoria, exámenes médicos forenses, canalizaciones con abogados, referencias de terapia para niños maltratados, evaluaciones de riesgo de víctimas y consejería.

Elliott expuso que promoverá fuertemente la fundación que planea crear, para asegurarse de que todos sepan que es la única organización sin fines de lucro que acepta donaciones para el Centro.

Una organización sin fines de lucro que solía trabajar con la ciudad era la National Family Justice Center Alliance, que ahora se llama Alliance for Hope (Alianza por la Esperanza) y ya no está afiliada. Una nueva organización sin fines de lucro llamada San Diego Family Justice Foundation, tampoco está relacionada con el esfuerzo de la ciudad.

Elliott señaló que los funcionarios del condado inicialmente se opusieron a sus solicitudes de una contribución financiera, pero está segura de que el plan integral de negocios que está creando los persuadirá.

Garrick escribe para el U-T.