Supremo EEUU falla que policía necesita orden para acceder a geolocalización

Washington —  El Tribunal Supremo falló hoy a favor de los protectores de la privacidad en internet al considerar que el acceso de la policía a los datos de geolocalización de los teléfonos móviles requiere “generalmente” de una orden.

El alto tribunal decidió dividido -con cinco magistrados a favor y cinco en contra- revertir una decisión de un tribunal inferior que había concluido que la policía no necesita una orden judicial para pedir a las operadoras de telefonía el historial del localizador de un terminal concreto propiedad de un acusado.

De este modo, la sala se debatía sobre si la información de geolocalización estaba protegida por el derecho a la privacidad amparado por la Constitución o no, y si, por tanto, requería de ese paso burocrático para pedir estos datos, una posición que fue finalmente la elegida.

El caso tiene el rostro de Timothy Carpenter, detenido en abril de 2011 por haber encabezado una banda de delincuentes que ese año y el anterior robó hasta ocho tiendas de teléfonos en Detroit, aterrorizando a los empleados con armas y llevándose bolsas llenas de celulares.

Timothy Carpenter, conocido como “pequeño Tim” para distinguirle de su hermanastro, el “gran Tim”, fue condenado a 116 años de prisión al ser considerado el “cerebro” de la operación criminal, el que había conseguido las armas y el que esperaba fuera de las tiendas en un vehículo, listo para emprender la huida.

Para condenarle a prisión, la Fiscalía pidió a las compañías de teléfono datos claves del celular de Carpenter que permitieron a la acusación conocer la ubicación del sospechoso durante 127 días y determinar que se encontraba cerca las tiendas que fueron atracadas.

En concreto, las autoridades pudieron saber la ubicación de Carpenter en 12.898 ocasiones gracias a su teléfono.

La sentencia, redactada por el juez John Roberts, da la razón a Carpenter y se opone a proveer al Estado “acceso ilimitado a los datos de localización física de los proveedores de servicio telefónico”.

“Aunque el Gobierno necesitará generalmente una orden (...), casos específicos podrán apoyar una excepción en determinadas circunstancias”, subraya el fallo, que hace referencia a casos en los que el sospechoso esté huyendo o poniendo en riesgo a otros.

Este caso fue evaluado en un contexto en el que el avance frenético de la tecnología ha generado múltiples disputas entre las autoridades y las empresas de tecnología, lo que provocó la aprobación de una norma, la “Cloud Act”, para dar un marco en el que reclamar datos cibernéticos a las empresas en las investigaciones.