Analizan interrogantes sobre la separación familiar de niños indocumentados

Austin (TX) —  Las organizaciones defensoras de los derechos civiles analizaron hoy los giros en política migratoria dados por el presidente Donald Trump esta semana, con la separación familiar y el interrogante en el Congreso sobre el futuro de los “soñadores”.

En su mayoría, los expertos coincidieron en calificar esta crisis humanitaria como un “escándalo moral” dada la situación de los niños que fueron separados de sus padres en la frontera con México y la incertidumbre de los inmigrantes que están ya en el país.

Desde el comienzo de las políticas de “tolerancia cero” impuestas por el Gobierno, más de 2.300 menores están retenidos en tres centros familiares del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas y en otro en el estado de Pensilvania, además de un refugio temporal en la ciudad texana de Tornillo.

“No podemos estar felices con los progresos cuando hay más de 2.000 niños separados de sus padres, eso no es ningún progreso”, comentó el director de Justicia Racial y Económica de la organización Texas Civil Rights Project (TCRP), Efrén Olivares.

La Texas Civil Rights Project está representando a 381 padres y, según Olivares, hasta ahora sólo ha podido dar con el paradero de dos niños, que pudieron reunirse con familiares, no con sus padres.

A este respecto, el demócrata Lou Correa anunció que está encabezando un grupo de 122 congresistas de su partido para exigir a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud (HHS) una investigación sobre cómo están gestionando la reunificación de los niños con sus padres, algo que considera una “obligación moral”.

El presiente Trump emitió este miércoles una orden ejecutiva para acabar con la separación familiar, pero sin resolver cuestiones como el acuerdo extrajudicial conocido como “Flores”, que impide a las autoridades privar de libertad durante más de 20 días a los menores indocumentados detenidos en la frontera.

En esta línea, el abogado de TCRP confirmó que hoy “por primera vez” ningún padre migrante “al que se le atribuyeron cargos penales” tras cruzar la frontera de manera ilegal fue separado de sus hijos.

Olivares matizó, en una declaración frente a la Corte federal de McAllen (Texas), que pese a ello todavía hay casos relacionados con otros lazos familiares, como es el caso de dos hermanos, en el que uno de ellos es menor de edad.

La directora de la organización Observatorio del DHS, Ur Jaddou, señaló en una conferencia de prensa que con esta normativa los niños “deben” ser liberados tras el período establecido, por lo que la Administración necesita buscar una solución antes de generar una controversia legal.

Jaddou consideró que la solución “más inteligente, efectiva e humanitaria” es trasladar a las familias a centros alternativos de detención, en vez de liberar a los menores y mantener a los adultos en las cárceles.

Otro de los puntos que las organizaciones buscan revisar es la política de detenciones, puesto que desde el comienzo de la “tolerancia cero”, a finales de mayo, todos los inmigrantes pasan a disposición judicial, tanto si son capturados a lo largo de la frontera como si piden asilo en los puertos de entrada.

David Leopold, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Migratorios, comentó que la orden ejecutiva de Trump está incompleta al no resolver con “claridad” la cuestión de las detenciones, hecho que generó el problema de la separación familiar.

Por su parte, la abogada del Centro Nacional de Derecho Migratorio Mayra Joachin puso el acento en las consecuencias de esta situación en la salud mental de los menores.

“Exponer a estos niños al trauma de estar detenidos es cruel y puede provocar enfermedades mentales como depresión en una edad temprana; la Administración tiene la oportunidad de elegir la protección de los niños frente a cuestiones políticas”, dijo Joachin.

Por último, tras tumbar la Cámara de Representantes un proyecto de ley de inmigración de línea dura, el liderazgo republicano retrasó hasta la semana que viene el voto sobre una medida más moderada, con el objetivo de lograr los votos necesarios para su aprobación, con los que no contaba.

El texto pendiente proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para hasta 1,8 millones de jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” a cambio de 25.000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo que demanda el presidente Trump.