Chula Vista se opone a la separación de familias

Tres miembros del consejo municipal de Chula Vista aprobaron recientemente una resolución que condena la separación de familias en la frontera de Estados Unidos y la detención de familias inmigrantes.

Un concejal se abstuvo de votar, siguiendo el consejo de su abogado. Y un miembro del consejo votó en contra de la resolución.

El concejal Mike Díaz, el único voto por el “no”, esperaba un rechazo. Tanto fue así, que Díaz se tomó su tiempo para contarle al estrado y a los activistas presentes en el Ayuntamiento que él es un ser humano compasivo.

“Siento que necesito hacer una aclaración sobre mí mismo y la compasión que tengo por las personas”, señaló. “Y no estoy diciendo eso solo por el bien de respaldar a Mike Díaz. Sino que necesito decir esto porque hay grupos por ahí que cuando no estás de acuerdo con sus puntos de vista, salen y te critican”.

Díaz nació en Tijuana. Trabajó como bombero durante 30 años y se desempeña como voluntario como ministro de prisiones. También se hizo cargo y fue mentor de un adolescente después de que su madre fuera deportada. Ese adolescente ahora trabaja como EMT (Técnico de Emergencias Médicas).

La resolución de ese día fue en gran medida simbólica.

En ella, Chula Vista reafirma sus valores al declarar que la política del gobierno de separar familias en la frontera es inmoral.

La resolución también reconoce los “actos lamentables” efectuados en Estados Unidos, como la reubicación forzada de nativos americanos, el rechazo de refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial y el internamiento de japoneses-estadounidenses.

La resolución también ordena a la alcaldesa Mary Casillas Salas que envíe la resolución a los representantes locales en el Congreso, al Senado y al presidente Donald Trump.

“El silencio es complicidad y es por eso que sentí que era importante para mí presentar algo al consejo municipal y a esta ciudad, donde 31 por ciento de nuestros residentes son nacidos en el extranjero”, dijo la concejala Pat Aguilar, quien coescribió la resolución con Salas.

Más de 30 oradores apoyaron la resolución durante dos semanas de comentarios públicos. Originalmente, el consejo municipal tenía previsto votar la resolución el 10 de julio, pero la pospuso hasta el 17 porque un miembro del Consejo no pudo votar ese día.

Díaz no estuvo de acuerdo con la resolución por varias razones, incluyendo que este es un país de leyes y la gente debe respetar la ley, que es importante fomentar la inmigración legal, y que la indignación contra el presidente realmente debe dirigirse al Congreso, porque fueron ellos quienes no aprobaron la reforma migratoria.

“No puedo apoyar eso”, dijo Díaz. “Siempre he creído que somos una nación de leyes y si no nos gustan las leyes, las cambiamos. El Congreso puede solucionar este problema, pero no están haciendo nada para resolverlo”.

Además, Díaz dijo que parte del propósito del castigo es disuadir a las personas de violar la ley.

“Algunas personas también testificaron que el gobierno está creando miedo en la comunidad de inmigrantes ilegales”, dijo Díaz. “No quiero parecer grosero, pero se supone que debe hacerlo. Cuando corro por la autopista porque a veces voy de una reunión a otra y tengo que acelerar, ¿saben qué? Las reglas del Departamento de Motores y Vehículos me dan miedo. Se supone que deben hacerlo”.

Los tres concejales que aprobaron la resolución discreparon con algunas de las opiniones de Díaz. Al responder a sus críticas, todos enfatizaron la importancia de respetar a las personas que tienen puntos de vista opuestos y mantener el discurso civil.

“Sé que eres una buena persona de buen carácter, una persona con un corazón maravilloso y una buena alma”, dijo el concejal Stephen Padilla. “Sucede que enfáticamente no estoy de acuerdo contigo, pero te amo. Pero no estoy de acuerdo contigo porque creo que estás equivocado, amigo mío, y déjame decirte por qué”.

Sobre la necesidad de ser una nación de ley y orden, Padilla, quien fue un oficial de policía, dijo que la ley no exige que las familias se separen. Más bien, la política es discrecional y la administración tiene libertad para usar la discreción de manera apropiada.

“Esto no se trata simplemente de un problema donde alguien rompió el límite de velocidad y necesita una infracción”, agregó Padilla.

Sobre la promoción de la inmigración legal, la alcaldesa Salas dijo que reducir la conversación entre hacerlo de la manera correcta y la manera incorrecta simplifica demasiado el debate.

“No estoy de acuerdo contigo porque cuando hablamos de personas que lo hacen de la manera correcta e incorrecta, hay muchas circunstancias involucradas en eso que deben tenerse en cuenta”, indicó.

“Sé que cuando mi propia familia cruzó la frontera en el cambio de siglo en 1912, era muy fluido en aquel entonces”, agregó Salas. “Todo lo que se necesitaba hacer era pagar un impuesto principal. Era muy fácil ir y venir. Incluso en los años sesenta, setenta y ochenta. Fue mucho más fácil ingresar a Estados Unidos y hay que ver por qué la gente venía para acá”.

Más que nada, dijo Aguilar, la resolución es importante porque crea un antecedente claro de los valores de Chula Vista.

“Para mí, como miembro del consejo, es importante en este momento, en esta ciudad defender lo que es claramente correcto, estar del lado correcto de la historia, para que cuando mis nietos me digan: ‘¿Qué estabas haciendo cuándo todos esto estaba sucediendo’, yo tenga una respuesta de la que pueda estar orgullosa”, dijo Aguilar.

El concejal John McCann no participó en la discusión o la votación de ese día.

McCann es un veterano de la Marina que actualmente es un oficial de las reservas de la Marina. Debido a su papel en las reservas, McCann consideró que era inapropiado analizar el tema.

“Soy un oficial comisionado en la Fuerza de la Reserva de la Marina de Estados Unidos”, dijo. “Luego de una revisión adicional, debido a que el alcance de este asunto incluye órdenes ejecutivas del Comandante en Jefe, por asesoría legal y en abundancia de precaución, necesito recusarme de este tema”.

En abril de 2017, cuando el consejo municipal de Chula Vista apoyó un proyecto de ley del santuario estatal y se unió a un recurso legal desafiando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para despojar de fondos a las jurisdicciones del santuario, Díaz y McCann se opusieron a la resolución.

Solís escribe para el U-T.