Huelga contra la "esclavitud" penal, 150 años después de la abolición

EFE

Sep. 1, 2018 9:36 AM PT

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Washington — Una huelga nacional secundada por presos de distintas partes del país reclama estos días el fin de la “esclavitud” moderna que aseguran que sufren, 153 años después de que la servidumbre forzada fuera abolida.

Miles de presos participan estos días en la protesta para denunciar lo que han definido como “esclavitud”, es decir, el trabajo más o menos forzado de los presidiarios mientras cumplen su pena privados de libertad, según los organizadores.

Los reos no reciben compensación económica en algunos territorios y tienen salarios muy por debajo del mercado en otros, explica a Efe la activista Amani Sawari, portavoz de los huelguistas.

Según Sawari, los reclusos realizan esas labores “porque no tienen otra opción”, ya que pueden sufrir represalias si se niegan a hacerlo, y para poder permitirse la compra de productos que requieren en la cárcel y que no les son ofrecidos.

“Trabajan ocho horas y como mucho pueden permitirse pagar una llamada de 15 minutos (...), esas son las condiciones”, comenta la activista, quien detalla que los reclusos trabajan para múltiples industrias - generalmente con tareas manuales-, como la alimentaria o en la fabricación de matrículas de automóviles.

Sawari lamenta que dichas industrias se beneficien de una “fuente de trabajo gratuito”, o muy barata en el mejor de los casos, a través de las labores “forzosas”.

De acuerdo a un estudio citado por el medio estadounidense Vox, el salario medio de los presos en las cárceles estatales es de 0,20 dólares por cada hora, mientras que el salario mínimo nacional está fijado en 7,25 dólares.

Por otra parte, Jonathan Blanks, experto en justicia criminal del centro de pensamiento Instituto Cato, considera que “las prisiones de EE.UU. están a menudo superpobladas y sin capacidad o intención de proveer muchos de los servicios de apoyo que los reos deberían tener”.

“No solo los castigamos, sino que podemos hacerles daño con las pobres condiciones de encarcelamiento. Eso no es bueno para ellos ni para la sociedad a la que accederán cuando salgan al completar su sentencia”, lamenta el experto en una conversación con Efe.

Blanks incide en que el hecho de que los presidiarios no cobren un sueldo a cambio de los “trabajos forzosos”, o que este sea mísero, genera un “problema significativo” de cara a su posterior reintegración.

El detonante de esta huelga fueron los disturbios ocurridos en abril en una prisión del condado de Lee, en Carolina del Sur, donde se produjeron enfrentamientos entre presos, y siete perdieron la vida en un contexto de empeoramiento de las condiciones de vida en el interior.

Los organizadores de la huelga vieron en el altercado una representación del hartazgo de los reos ante la situación “inhumana” dentro de las penitenciarías y una ocasión para reivindicar para los presos derechos como el sufragio, mejorar los canales para denunciar violaciones de sus derechos e incrementar la calidad de los programas de rehabilitación.

Los participantes en la protesta han resumido el grueso de sus reivindicaciones en diez puntos comunes a nivel nacional, aunque cada estado presenta sus propias propuestas para las cárceles de un país que alberga casi un 25 % de la población mundial de presos, de acuerdo a Human Rights Watch (HRW).

La directora del programa de activismo para EE.UU. de HRW, Jasmine Tyler, comenta a Efe que su ONG, que respalda “muchos de los reclamos de los presos”, cree que el sistema penal estadounidense ha conllevado “encarcelamientos masivos”.

Ante este panorama, huelgas de hambre, paros laborales y sentadas pacíficas son algunas de las formas que toma una protesta, que el Buró Federal de Prisiones rechaza, en respuesta a una pregunta de Efe; una actitud que según Sawari busca ocultar las acciones de los presidiarios.

El movimiento se inició el 21 de agosto con objeto de convertirse en la mayor huelga de presidiarios de la historia del país una vez que finalice el próximo 9 de septiembre, cuando se cumplen 47 años del inicio de las revueltas de la cárcel de Attica, donde perdieron la vida 43 personas.

Y es que “ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, salvo en casos de castigo por un crimen por el que el afectado ha sido debidamente condenado, deben existir en Estados Unidos ni en ningún lugar bajo su jurisdicción”, recoge la decimotercera enmienda de la Constitución, que en 1865 puso fin a la esclavitud tradicional.

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