Activistas urgen a beneficiarios del TPS a continuar la lucha por este programa para países afectados
Activistas a favor de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) le piden a la comunidad a continuar luchando por la permanencia del beneficio no sólo para El Salvador sino para otros países.
La petición resulta tras el anuncio de la administración del presidente Donald Trump de que se le otorgará una extensión de un año a los beneficiarios del TPS originarios de El Salvador, esto como un acuerdo negociado entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele con el gobierno de Estados Unidos.
El país ampliará otros doce meses el programa migratorio Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los salvadoreños, lo que supone que su duración se extenderá hasta enero de 2022, tras la firma de un acuerdo bilateral en materia de inmigración en septiembre.
“National TPS Alliance insta a todos los titulares de TPS a continuar la lucha por la residencia permanente para los 13 países afectados por las cancelaciones de la administración de Donald Trump”, dice la organización.
El anuncio de los gobiernos se produce cuando 40.000 titulares de TPS esperan una decisión en la corte sobre la demanda Ramos v Nielsen, que fue presentada por los beneficiarios de este programa y sus hijos en respuesta a la terminación de este alivio migratorio para diferentes comunidades.
A sus 29 años de edad, Iliana Martínez probó por primera vez el téjate, una bebida ancestral proveniente de Oaxaca, México, que está hecha a base de maíz y cacao.
“Si bien acogemos con beneplácito la atención a las familias de TPS por parte del presidente Bukele, se necesita dar el paso para el resto de afectados”, dice la organización.
“El litigio Ramos v Nielsen ha sido un salvavidas para los titulares que se encuentran en un estado de limbo político y que luchan por una solución permanente. Si se determina que el fin del TPS por parte de la administración, actualmente bajo escrutinio legal, es constitucionalmente permisiva, cientos de miles de salvadoreños seguirán siendo deportados, incluso después de esta extensión”, agrega.
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Jessica Karp Bansal, directora co-legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y abogada, señala que aunque la demanda frena cualquier deportación, la comunidad aún está en el limbo.
“Se necesita un alivio para todos los involucrados, incluido Haití, Nicaragua y Sudán”, dice Karp Bansal.
Ángela Sanbrano, presidenta del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), enfatiza que el gobierno juega con las políticas como piezas para acaparar atención.
“Es claro que el presidente hoy dice una cosa y mañana va a decir todo lo contrario, sin importarle las familias que resulten afectadas. El Congreso debe ayudar a hacer este alivio permanente, ya que sólo eso le podrá ayudar a todos los que están bajo ese amparo”, concluye Sanbrano.
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