Algunos migrantes podrán volver a presentar su solicitud de asilo

SAN DIEGO —  Ciertos solicitantes de asilo que cruzaron por otros países antes de llegar a Estados Unidos podrán volver a solicitar refugio después de que un tribunal federal de apelaciones bloqueó el jueves una norma del gobierno de Trump para que no los afectara.

La regla dice que cualquiera que cruce a través de otro país antes de llegar a la frontera de Estados Unidos debe primero solicitar asilo en ese país y ser rechazado allí antes de que la persona pueda solicitarlo en EE.UU.

La regla entró en vigor el 16 de julio de 2019, lo que significa que los migrantes que llegaron a la frontera para pedir protección después de esa fecha quedaron automáticamente excluidos del asilo si habían viajado a través de países distintos del suyo.

Los abogados que ya tenían una demanda colectiva contra otra política del gobierno federal que limita el número de solicitantes de asilo que serán procesados en los puertos de entrada en un día determinado -conocida como metering- desafiaron rápidamente la norma, señalando los efectos que producen las dos políticas juntas.

Argumentaron que los migrantes que hacían fila para solicitar asilo debido al metering no debían ser excluidos del asilo si habían llegado inicialmente a la frontera antes del 16 de julio.

La razón por la que estos peticionarios de refugio no solicitaron asilo antes de la fecha límite del 16 de julio, dijeron, fue que el gobierno federal no los dejaba y les decía que esperaran.

La jueza de distrito de EE.UU, Cynthia Bashant, con base en San Diego, se puso del lado de los solicitantes de asilo y bloqueó temporalmente al gobierno federal para que no usara la prohibición de personas que fueron cualificadas antes de la fecha límite.

El gobierno federal pidió al 9º Circuito de Apelaciones de EE.UU que permitiera que la regla siguiera siendo usada en la frontera mientras se apelaba la orden judicial.

El gobierno argumentó que tratar de identificar quiénes habían sido cualificados en la frontera antes del 16 de julio supondría una carga para los recursos federales. El 9º Circuito emitió una suspensión temporal a finales de diciembre mientras decidía si una suspensión más larga era apropiada.

El panel del 9º Circuito emitió una nueva orden, dictaminando que el gobierno no demostró que se vería irreparablemente perjudicado por la orden de Bashant mientras se apelaba la decisión.

“Dudamos que tomarse el tiempo necesario para hacer determinaciones de hecho bastante simples durante unos meses constituya el tipo de daño irreparable que puede apoyar la concesión de una suspensión en espera de la apelación”, dice la orden.

En su apelación, el gobierno dijo que tomaría de 15 a 30 minutos adicionales, además de añadir 30 preguntas para determinar a qué solicitantes de asilo se debe aplicar la norma en virtud de la orden.

En el fallo del 9º Circuito, los jueces encontraron que incluso si ese fuera el caso, el esfuerzo extra no supondría un daño irreparable. La orden sugiere que el gobierno debería haber estado rastreando quién fue cualificado o debería pedir ayuda a los funcionarios mexicanos que operan las listas de espera para determinar cuándo los solicitantes de asilo fueron devueltos de la frontera.

“El hecho de que el daño afirmado por el gobierno sea en gran medida autoinfligido ‘socava gravemente’ su reclamo de un alivio equitativo”, dice la orden.

La orden también duda de que las afirmaciones del gobierno sean verdaderas. Las pruebas proporcionadas por los abogados que representan a los solicitantes de asilo mostraron que un funcionario de inmigración había podido determinar que un solicitante de asilo había llegado a la frontera después del 16 de julio haciendo dos preguntas.

La orden tiene 31 páginas y fue escrita por la jueza Marsha Berzon, nombrada por el ex presidente Bill Clinton, y acompañada por el juez principal Sidney Thomas, también nombrado por Clinton. El juez Daniel Bress, nombrado por el presidente Donald Trump, escribió una opinión disidente que es más del doble de larga, en 69 páginas.

Bress calificó la decisión de sus colegas como parte de un “error jurídico en cascada” que causará “más estragos en una frontera sur ya en crisis”.

“La negativa de la mayoría a conceder una estancia es errónea en muchos niveles y obliga a los funcionarios de inmigración a emprender una misión efectivamente imposible en nuestra ya abrumada frontera con México”, escribió Bress en la opinión disidente.

Los casos de asilo ya han terminado para algunos que fueron cualificados y luego afectados por la regla de tránsito. Esos migrantes todavía pueden solicitar otros dos tipos de protección, pero éstos ofrecen menos beneficios.

Las personas que ganan estos tipos de protección no podrían obtener tarjetas de residencia y tampoco convertirse en ciudadanos. Además, no pueden incluir a sus familiares en esas protecciones.

Para algunos de estos migrantes que llegaron a la frontera con familia, eso significa que aunque un miembro de la familia gane, los otros todavía tienen que probar individualmente sus casos. Eso es diferente de los procesos de asilo, en los que un juez puede tomar una decisión para varios miembros de la familia juntos.

Después de escuchar el fallo del 9º Circuito, al menos un abogado de San Diego comenzó a escribir mociones para reabrir los casos de los clientes que ganaron estas protecciones menores con la esperanza de cambiar sus resultados a victorias en materia de asilo.

La última decisión de los jueces en el caso es todavía temporal. La apelación de la decisión de Bashant que bloquea la aplicación de la regla a los solicitantes de asilo cualificados está todavía ante el 9º Circuito y esperando los argumentos orales.