Hablamos con los migrantes mientras cruzan la frontera con contrabandistas y se entregan a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
Mientras la oscuridad caía en las orillas del Río Grande, a unas pocas millas al oeste de esta pequeña ciudad fronteriza, los teléfonos celulares brillaban entre los juncos. Se podía escuchar a los contrabandistas inflar las balsas de goma que usan para transportar a cientos de familias y jóvenes migrantes a Estados Unidos a lo largo de este tramo del río.
“Pónganla en el agua”, dijeron a los migrantes.
“¡Suban!”.
Mientras los cruces fronterizos de México se acercan a un máximo en dos décadas, tales escenas de migrantes que fluyen a través del agua tienen lugar todas las noches en el Valle del Río Grande, epicentro de oleadas migratorias pasadas. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ya ha encontrado allí a más de 130.000 migrantes desde octubre, más que el total de todo el período de 12 meses anterior: 90.206.
A las 8:25 p.m. del viernes, la primera balsa de la noche se deslizó por el río verde cerca de Roma, un viaje rápido en aguas tranquilas a lo largo de un campo de fútbol. Los contrabandistas se detuvieron a unos 10 pies de la costa y comenzaron a empujar a una docena de migrantes, algunos con bebés y niños, hacia las aguas poco profundas.
Francisco Miguel Castellanos, de 30 años, saltó y luego ayudó a su esposa a llegar a la orilla, cargando a su hija de seis años, Valeria. Castellanos, un chef esbelto, bien afeitado, vestido de negro y acostumbrado a dar órdenes, rápidamente se hizo cargo; lideró al grupo por la orilla y a través de una ladera cercana, apuntando a las luces en la cima de la colina que, supuso, eran de una ciudad.
Mientras el grupo se abría paso entre la maleza, Castellanos explicó por qué su familia se había ido de El Salvador. Esperaban reunirse con los parientes de su esposa en Los Ángeles, donde sabía que podía ganar tanto en una semana como en un mes en San Salvador: $350 dólares. También huían de la violencia de las pandillas, dijo, específicamente la pandilla 18th Street, originada en Los Ángeles pero que luego exportó la violencia a su tierra natal. “Estamos llamando a la puerta”, afirmó Castellanos, con la esperanza de entrar a Estados Unidos.
El camino que habían elegido se estrechó, rodeado de arbustos espinosos, y el grupo tuvo que agacharse para evitar engancharse. “¡Papá, esto es el bosque!”, gritó Valeria, suplicando que abriera la golosina que llevaba en la mano, hasta que sus padres le quitaron el envoltorio y lo arrojaron al suelo.
También se despojaron de las pulseras de plástico que les habían dado los contrabandistas para indicar que habían pagado el pasaje. La maleza a su alrededor estaba llena de decenas de esos brazaletes, una señal de cuántos migrantes cruzan cada noche.
Había otras posesiones entre la maleza: billeteras vacías, teléfonos celulares, bolsas de pañales, biberones, zapatos de bebés, envases de leche en polvo. Algunos artículos parecían haber caído por error, incluidas ciertas tarjetas de identificación guatemaltecas, el certificado de nacimiento salvadoreño de un adolescente y notas cuidadosamente dobladas, envueltas en plástico, con nombres escritos a mano y números de familiares en EE.UU.
Una linterna brilló entre los arbustos delante de ellos, luego otra. “¿Es esa la Patrulla Fronteriza?”, preguntó Castellanos. “¿Vamos hacia ellos?”.
Varios policías estatales de Texas se acercaron, patrullando el río para ayudar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a procesar a los migrantes en la cima de la colina en un estacionamiento.
“¡Vamos, papá!”, dijo Valeria mientras el grupo se dirigía cuesta arriba.
En el estacionamiento, los agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron que los migrantes formaran una fila.
“¿Hay menores que vinieron solos? Cualquier joven sin padres, levante la mano”, pidieron los agentes, en español.
Dos manos se alzaron. Los agentes pidieron fechas de nacimiento. Uno de los chicos tenía 17 años, el otro 13. Ambos eran salvadoreños. Como menores no acompañados, se les permitiría permanecer en EE.UU legalmente, primero en refugios federales, luego con familiares u otros patrocinadores mientras sus casos de inmigración se resolvieran.
Otros jóvenes llegarían más tarde esa noche, incluido Josué Crespín Aquino, de 16 años, que viajaba con su hermano de 17 desde San Salvador, huyendo del reclutamiento de pandillas y con la esperanza de estudiar para ser mecánico/piloto y chef. “No vine solo, vine con mi hermano”, afirmó, aunque ambos serían considerados jóvenes no acompañados por la Patrulla Fronteriza.
La cantidad de jóvenes migrantes que cruzan la frontera solos se disparó recientemente y abrumó las áreas de espera en la frontera, especialmente en el Valle del Río Grande, donde una tienda de campaña de la Patrulla Fronteriza destinada a albergar a 250 personas durante la pandemia, tuvo a casi 4.000 migrantes durante el fin de semana, según cifras oficiales revisadas por The Times. La agencia retuvo al menos a 600 menores durante más de 10 días.
Las balsas cruzaron el río toda la noche y hasta la mañana siguiente, transportando a 162 migrantes, según las fuerzas del orden que patrullaban el área a pie y con un dron zumbando constantemente sobre sus cabezas.
El agente jefe de patrulla del Valle del Río Grande, Brian Hastings, tuiteó el viernes: “Los totales mensuales de marzo ahora superan los 34.000, solo para el sector #RGV”.
“En 48 horas, los agentes arrestaron a 369 extranjeros ilegales que consisten principalmente en familias y menores no acompañados, en cuatro grupos separados. Este año, los agentes encontraron 19 grupos de 100 o más personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos”.
Alejandro Mazanares, de 16 años, convenció a sus padres para que lo dejaran migrar solo desde Honduras para reunirse con su hermano de 30 años en Miami, quien cruzó la frontera sin autorización hace años. “Decidí por mí mismo, porque la situación en Honduras ahora es muy complicada”, afirmó el joven mientras caminaba desde la orilla del río, después de cruzar en otra balsa. “Mis padres no tienen suficiente para comer. No se puede sobrevivir. Les expliqué que allí no hay trabajo; hay tanto delito… Estaban tristes, pero lo aceptaron”.
Grupos de jóvenes de hasta 12 años que viajaban sin adultos relataron que habían huido de El Salvador para evitar ser reclutados por pandillas. Esperaban reunirse con sus familiares en Houston, añadieron.
Algunas familias traían bebés de tan solo ocho meses. Una pareja que llegó con un niño de 11 meses y un niño de cinco años con la esperanza de reunirse con familiares en Los Ángeles, relató que inicialmente intentaron cruzar el río sin un contrabandista, pero los capturaron y secuestraron. Estuvieron retenidos durante tres días sin comida, detallaron, y los contrabandistas enviaron fotos de su bebé a sus familiares y amigos en Guatemala amenazando con matar al pequeño primero si no pagaban más de $7.300 por el viaje seguro de la familia. Un amigo en Guatemala finalmente envió el dinero.
“México es un infierno”, relató Rubi Hernández Ramos, de 22 años, mientras subía la colina poco antes de la 1 a.m. para entregarse a la Patrulla Fronteriza y pedir asilo. “Los criminales te tratan como a un animal. Solo quieren dinero”.
La cantidad de familias migrantes que cruzan la frontera se incrementó en los últimos meses, pero no a todas se les permite permanecer en EE.UU. Algunas son liberadas con monitores electrónicos de tobillo y se les ordena presentarse a la corte de inmigración. Otras son deportadas diariamente a ciudades fronterizas mexicanas.
Algunos de los migrantes se habían enterado en sus países de origen que podían permanecer en Estados Unidos si cruzaban con sus hijos. Algunos escucharon que solo se les permitiría quedarse si cruzaban con un menor de siete años. Esto es solo parcialmente cierto.
Desde el inicio de la pandemia, Estados Unidos deporta a migrantes sin permitirles solicitar asilo, una política que inició la administración Trump y que el presidente Biden ha continuado. Durante el último mes, el estado mexicano frente al Valle del Río Grande, Tamaulipas, se negó a permitir que los funcionarios de inmigración estadounidenses reenvíen allí a muchas familias con menores de siete años. Pero no es una regla firme, destacaron defensores de migrantes, y algunos aún son deportados.
El domingo, los funcionarios de Seguridad Nacional emitieron un comunicado afirmando que para acelerar el procesamiento, algunas familias migrantes a las que México se negó a readmitir ahora estaban siendo liberadas en el Valle del Río Grande sin los trámites de la corte de inmigración. “Sin embargo, todas son examinadas en la estación de la Patrulla Fronteriza, con un proceso que incluye la recopilación de información biográfica y biométrica, y controles de antecedentes de seguridad nacional y criminal”, detalla el comunicado.
El viernes por la noche, agentes cargaron a los migrantes en camionetas y los llevaron a una estación cercana, donde entregaron brazaletes para los niños, con sus correspondientes edades. Allí pasaron la noche y, por la mañana, Castellanos y su grupo fueron cargados nuevamente en vehículos y dejados en el puente fronterizo hacia Reynosa, México. Habían sido deportados. Nadie les dijo por qué, comentó. Otras familias migrantes ya acampaban al pie del puente y en la glorieta de un parque cercano; habían sido deportadas durante la última semana.
La mayoría de las familias relataron haber pagado alrededor de $6.000 cada una para ser sacadas de contrabando de sus países de origen para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Castellanos no estaba seguro de qué hacer. No conocía ningún refugio en Reynosa, sitio célebre por la violencia de los cárteles, los secuestros, las extorsiones y el asesinato de migrantes. “No quiero volver a mi país”, afirmó.
Para el domingo, había desaparecido y ya no contestaba su teléfono.
Esa tarde, la multitud de migrantes deportados acampados en el lado mexicano del puente de Reynosa había aumentado a varios cientos. Eran fáciles de detectar, muchos todavía llevaban bolsas de plástico con la etiqueta de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU; la mayoría tenía hijos de siete años o más. Algunas mujeres estaban embarazadas. Muchos desconocían la reputación de Reynosa como centro de cárteles. Pero quienes habían sido dejados allí días antes lo habían aprendido rápido: al menos una mujer que había intentado tomar un taxi hasta la casa de un amigo fue secuestrada y violada, relataron.
Delmiy Paz, de 39 años, afirmó que cuando la víctima quiso denunciar lo sucedido a los funcionarios de inmigración mexicanos en el puente, “le dijeron que debía regresar a su país, y se fue”.
Muchos de los migrantes no tenían dinero ni teléfonos; habían perdido muchas de sus pertenencias cerca del río. Algunos no habían comido en días ni se habían duchado en una semana, por miedo a dejar su campamento improvisado. Otros tenían hijos menores de siete años en sus hogares, y dijeron que los habrían traído con ellos de haber sabido que ello aumentaba las probabilidades de permanecer en EE.UU.
“Si traigo a mi pequeño de tres años, ¿me dejarán volver a cruzar?”, se preguntó Juana Nicolás, de 35 años, una madre soltera con seis hijos, que huyó de Guatemala con su hija mayor, Hilda, de 16, luego de que la niña fuera amenazada por las pandillas locales.
Jenny Orejana, de 28 años, fue deportada junto con su hija, Alicia, el domingo, un día después de cruzar el río. Ambas se sentaron, abatidas, cerca del puente. Alicia todavía llevaba el brazalete que la Patrulla Fronteriza le había emitido mostrando su edad: 7.
Orejana no tenía dinero ni un teléfono. En lugar de reunirse con sus amigos en Filadelfia, estaba estancada, resignada a regresar a Honduras, pero no tenía claro cómo lo haría. La mujer relató que su amiga que había migrado a Estados Unidos con su hija de cuatro años también había sido deportada en la misma semana. “Todos venimos con sueños”, expresó.
Otros se preguntaban en voz alta si enviarían solos a sus hijos al otro lado de la frontera. Si cruzaban de esa forma, Estados Unidos tendría que permitirles quedarse; los migrantes lo sabían, habían visto a la Patrulla Fronteriza separar a jóvenes no acompañados en el río.
Hermelindo Ak, de 42 años, quien fue deportado con su hijo de 16, Alexander, la semana pasada, vendió su tierra para pagarle a un contrabandista y ahora debe encontrar la forma de mantener a sus otros nueve hijos en Guatemala. No tiene planes de regresar a casa. “Dígale a su presidente que abra la puerta y nos dé la oportunidad de entrar”, expresó.
Durante el último aumento de los migrantes, en 2019, un grupo similar de migrantes creció hacia el este, en la ciudad fronteriza de Matamoros. El campamento de tiendas con miles de personas duró años, para la inquietud del gobierno mexicano. Biden culpó a Trump por ello durante un debate presidencial, y el mes pasado el campamento cerró, después de que los funcionarios estadounidenses finalmente admitieran a muchos de los migrantes.
Ahora, parece que las familias de migrantes deportados están formando un nuevo campamento en Reynosa.
“Nos vamos a quedar”, aseguró Ak. “Queremos una respuesta de EE.UU”.
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