La ‘carga pública’ de Trump aún causa confusión y miedo entre inmigrantes

LOS ÁNGELES —  La mayoría de las familias inmigrantes todavía enfrentan confusión y miedo a raíz de la derogada política de “carga pública” del Gobierno del ex presidente Donald Trump, reveló este jueves una encuesta de la coalición Protecting Immigrant Families (PIF).

Bajo esa política los inmigrantes que solicitaran asistencia social para vivienda, alimentación o cuidado de la salud, entre otras necesidades, podían ser excluidos de la obtención de la residencia permanente, más conocida como “tarjeta verde”.

El sondeo, auspiciado por la organización No Kid Hungry, encontró que tres de cada cuatro familias inmigrantes no sabían que los duros cambios a la regla de carga pública por parte de la Administración anterior fueron anulados a principios de este año por el Gobierno del actual presidente, Joe Biden.

El polémico programa también fue vetado por los tribunales federales, que fallaron en favor de varios demandantes. Sin embargo, Texas y otros 13 estados han iniciado litigios judiciales para restaurarlo.

Solo 22 % de las familias encuestadas “han escuchado mucho” sobre los cambios más recientes a la política de “carga pública”.

El temor causado por la política hizo que 46 % de las familias inmigrantes no solicitaran asistencia durante la pandemia de covid-19 debido a las preocupaciones sobre su estatus migratorio.

Los investigadores consideraron que los hallazgos muestran que “la desinformación y el miedo sobre las consecuencias migratorias continúan impidiendo que estos programas lleguen tanto a los niños inmigrantes elegibles como a los ciudadanos estadounidenses, lo que contribuye a un aumento del hambre entre las familias de color”.

En Estados Unidos más de 18 millones de niños, casi 25 % de los menores del país, viven en hogares donde al menos uno de los adultos es inmigrante.

Tras confirmarles a los encuestados que la “carga pública” había sido derogada, 50 % de los encuestados dijeron que ahora son más propensos a utilizar programas de redes de seguridad cuando sea necesario.

Los investigadores advirtieron que revertir la norma de carga pública fue un primer paso importante, pero no es suficiente.

“Debemos redoblar el alcance culturalmente receptivo para las familias inmigrantes elegibles para que tengan información sobre los programas para los que califican”, destaca el informe.

La encuesta fue realizada a 1.000 personas en todo el país, la mayoría latinos o asiático-americanos/isleños del Pacífico, los dos grupos étnicos/raciales de inmigrantes más afectados por la norma de carga pública.