Corte Suprema rechaza iniciativa republicana que busca impedir que 41.000 personas voten en Arizona

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves un recurso interpuesto por el Partido Republicano que podría haber impedido que más de 41.000 electores de Arizona sufragaran en las elecciones presidenciales en este estado, aunque permitió que entraran en vigor algunas secciones de una ley que exige presentar una prueba de ciudadanía para poder registrarse.

El fallo, con 5 votos en contra y 4 a favor, se emitió tras una apelación de emergencia interpuesta por republicanos a nivel estatal y nacional. Este recurso buscaba dar pleno efecto a las medidas electorales promulgadas luego de que el presidente Joe Biden venciera en Arizona al republicano Donald Trump por menos de 11.000 votos. Dichas medidas han suscitado una intensa oposición por parte de los defensores del derecho al voto.

El caso podría ser una de diversas disputas electorales que lleguen a la Corte Suprema cuando faltan menos de 90 días para las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch habrían permitido que la ley entrara en vigor en su totalidad. Pero la jueza Amy Coney Barrett se habría unido a los tres magistrados liberales de la corte para rechazar totalmente la apelación, señala la orden.

Los jueces no dieron detalles sobre su razonamiento en un breve dictamen, algo que suele suceder cuando se interpone una apelación de emergencia.

Trump elogió la decisión del máximo tribunal, y dijo que había demostrado “gran valentía al hacer lo que están haciendo”.

El dictamen de la Corte Suprema permite la entrada en vigor de las restricciones que impiden que las personas que no presenten una prueba de ciudadanía al empadronarse puedan votar en las elecciones estatales y locales mientras continúa la batalla jurídica en las cortes inferiores.

Los formatos estatales de empadronamiento que se presenten sin una “prueba documental que acredite la ciudadanía” serán rechazados de ahora en adelante por los condados de Arizona, informó el secretario de gobierno, Adrian Fontes. Sin embargo, las personas todavía pueden empadronarse para votar en las elecciones presidenciales y legislativas mediante un formato federal diferente, el cual requiere que juren que son ciudadanos bajo pena de perjurio, pero no exige pruebas documentales.

“Mi preocupación es que los cambios en el proceso no deberían ocurrir tan cerca de unas elecciones; generan confusión para los votantes”, dijo Fontes en un comunicado. “Respetamos la decisión de la corte e implementaremos estos cambios mientras seguimos protegiendo el acceso de los votantes y hacemos que el proceso de votación sea sencillo”.

Rick Hasen, experto en derecho electoral y catedrático de la Universidad de California, campus Los Ángeles, escribió en un blog que las leyes que exigen una prueba de ciudadanía “son muy importantes”, ya que “literalmente pueden privar del derecho al voto a miles de votantes elegibles sin una razón válida”.

Los promotores dicen que esta medida busca eliminar las oportunidades de que se cometa un fraude. Republicanos a nivel nacional y estatal le habían pedido a la Corte Suprema que interviniera en una batalla jurídica sobre las restricciones al empadronamiento que los republicanos promulgaron en Arizona en 2022, tras la victoria de Biden en ese estado por un estrecho margen dos años antes.

El máximo tribunal emitió su dictamen después de que una corte inferior bloqueara un requisito que exigía que los formatos estatales de registro de votantes fueran rechazados si no iban acompañados de documentos que acreditaran la ciudadanía estadounidense. Una segunda medida habría prohibido que los empadronados que no pudieran demostrar que son ciudadanos estadounidenses pudieran votar en las elecciones presidenciales o ejercer el voto por correo.

En un principio, un panel de apelaciones integrado por tres miembros nombrados por Trump bloqueó parcialmente el fallo de la corte inferior y permitió la entrada en vigor de una disposición relativa a los formatos estatales de empadronamiento. Pero otro panel de apelaciones votó 2-1 para bloquear ambas disposiciones. Dos integrantes designados por Bill Clinton permitieron que el empadronamiento siguiera adelante, pese a la disidencia de un integrante designado por Trump.

Las medidas fueron aprobadas siguiendo las tendencias partidistas y las promulgó el entonces gobernador republicano Doug Ducey, en medio de una ola de propuestas que los republicanos presentaron en todo el país —incluida Arizona— tras la victoria de Biden sobre Trump en 2020.

Para las elecciones estatales y locales, los votantes deben proporcionar una prueba de ciudadanía al momento de empadronarse o las autoridades estatales deben tenerla registrada. Dado que ése no es un requisito para votar en elecciones federales legislativas o presidenciales, decenas de miles de electores que no han proporcionado una prueba de ciudadanía únicamente están empadronados para sufragar en comicios federales.

Había 41.352 de esos votantes empadronados en Arizona para el 9 de agosto, dijo el demócrata Fontes.

La iniciativa republicana que pretende impedir que esas personas ejerzan el voto afectaría más a miembros de las fuerzas armadas, estudiantes e indígenas autóctonos, agregó Fontes. Aproximadamente el 27% de esos votantes son demócratas y el 15% son republicanos. Más de la mitad, el 54%, son independientes empadronados, según datos estatales.

Grupos de defensa del derecho al voto y el gobierno de Biden habían interpuesto demandas contra las leyes de Arizona, un estado sin una preferencia electoral clara.

El fiscal general de Kansas, Kris Kobach, encabezó la lista de fiscales generales republicanos de 24 estados que apoyaron las restricciones.

El presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Ben Toma, que junto con el presidente del Senado, Warren Petersen, le había pedido a la corte que se pronunciara al respecto, dijo en un comunicado que el dictamen del jueves era “un paso en la dirección correcta para exigir una prueba de ciudadanía en todas nuestras elecciones”. Toma y Petersen son republicanos.

Las personas que únicamente pueden votar en comicios federales han sido objeto de forcejeos políticos desde que la Corte Suprema dictaminara en 2013 que Arizona no puede exigir una prueba documental de ciudadanía para poder sufragar en elecciones federales. El estado respondió creando dos clases de electores: los que pueden votar en todas las contiendas y los que únicamente pueden votar en elecciones federales.

No hay evidencia de que la existencia de votantes exclusivamente federales haya permitido a no ciudadanos votar ilegalmente, pero de todas formas los republicanos escépticos han trabajado arduamente para acabar con esa restricción que sólo permite el voto federal.

Una de las nuevas leyes pretendía dividir aún más a los votantes, permitiendo el voto en elecciones legislativas sin la presentación de una prueba de ciudadanía, pero negándolo en comicios presidenciales.

Incluso los abogados de la Legislatura habían dicho que gran parte de la medida era inconstitucional, que contradecía el dictamen anterior de la Corte Suprema y que probablemente sería desestimada en la corte.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Arizona se pronunció el jueves sobre varios casos más relacionados con el proceso electoral, despejando el camino para que medidas en las boletas que enfrentaban impugnaciones jurídicas puedan aparecer ahora ante los votantes. Los electores de Arizona tendrán una oportunidad de decidir si desean establecer elecciones primarias abiertas en las que todos los candidatos compitan, sin importar cuál sea su afiliación partidista, lo cual cambiaría las primarias estatales de cerradas a abiertas.

Los jueces rechazaron dos de los diversos argumentos de los oponentes. La medida enfrenta una impugnación pendiente, pero si no se emite un fallo sobre ella para el viernes por la mañana, permanecerá oficialmente en la boleta electoral.

Los votantes de otros estados, entre ellos Idaho, Dakota del Sur y Nevada, también decidirán en noviembre sobre medidas electorales similares relativas a las elecciones primarias abiertas.

La Corte Suprema también dictaminó que el título de una iniciativa que busca reducir los salarios de los trabajadores hasta un 25% por hora si reciben propinas no es engañoso, por lo que permanecerá en la boleta electoral de noviembre.

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Billeaud informó desde Phoenix. Los periodistas de The Associated Press Mark Sherman, en Washington, y Sejal Govindarao y Jonathan J. Cooper, en Phoenix, contribuyeron a este despacho.